Una gestión apolítica. Ese es el objetivo principal de la propuesta de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) de crear el Estatuto del Directivo Público, una iniciativa que está expandiéndose dentro del sector sanitario. En concreto, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) ha afirmado a Redacción Médica su respaldo a la iniciativa para establecer “una frontera entre la alta política y la gestión administrativa”.
Para Sedisa, un Estatuto del Directivo Público ayudará a la “crear carreras profesionales para los funcionarios”, así como a poner punto final a “los nombramientos basados únicamente en la confianza, con el objetivo de evitar la politización dentro de la Administración”. Sin embargo, desde esta la sociedad española se dan algunos pasos más y se reclama la profesionalización del sistema de selección de profesionales para cargos directivos, según niveles de formación y experiencia. A lo que suman un sistema de evaluación por objetivos y funciones preestablecidas, orientándose a resultados en salud y eficiencia.
En la misma línea, la sociedad reclama la desaparición de los ceses injustificados que están relacionados con los cambios en los gobiernos, “de forma que los despidos deben realizarse en el marco de dicha evaluación por objetivos y resultados”. Asimismo, se ha especificado que, en la necesidad de regular la actividad profesional de los directivos de la salud, impera el compromiso ético del sistema con el hecho de “gestionar un servicio público de enorme valor social, como es la sanidad y con el paciente y el usuario del sistema”.
“Para el sistema sanitario es prioritaria la profesionalización de los directivos de la salud y de la gestión sanitaria, con el fin de hacer posible la evolución que el modelo necesita hacia la cronicidad, la integración sociosanitaria, las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, de forma eficiente y aportando la mayor calidad posible”, ha sentenciado Sedisa.
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