Redacción. Zaragoza
El presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, ha pronunciado un discurso en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la que es miembro numerario desde 2006, y en él ha asegurado que el directivo de la salud “siente que ni gestiona ni manda”, el político ve “desmotivados” a los agentes sanitarios y los profesionales perpetúan en lo posible su régimen laboral estatutario sin dar cabida a innovaciones como la gestión clínica.

El presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, flanqueado por el presidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Manuel Bueno, y por el secretario general de la institución, Luis Miguel Tobajas.

La ponencia ha llevado por título La sostenibilidad del Sistema Sanitario Español: del racionalismo planificador a la tan manida gestión clínica.

En su contexto, Milazzo ha señalado a muchos de los males que, a su juicio, no permiten avanzar al sistema, y ha ofrecido una serie de propuestas para reconducir el modelo hacia una mayor eficiencia, entre las que se encuentran reforzar el primer nivel asistencial, reorientar el modelo hacia la cronicidad, hacer que los hospitales trabajen en red, racionalizar el uso de las nuevas tecnologías debido a su alto coste, aumentar el esfuerzo pedagógico que se ejerce sobre la población así como dotar de mayores competencias a determinados profesionales sanitarios como los enfermeros en el campo de los pacientes complejos y crónicos.

Sin embargo, Milazzo se ha mostrado poco esperanzado: “Mucho me temo que continuaremos con la actual gestión administrativa pública burocratizada, donde el buen profesional se siente alienado, como una pieza más del engranaje, con el que no se cuenta para nada”, ha señalado.

“El gestor siente que ni gestiona ni manda. El político siente que no controla y que todos están desmotivados y enfadados, por lo que se necesita decir que se va a hacer algo. Ese algo es la gestión clínica, que seguirá manteniendo el, deseado por muchos, régimen estatutario del personal y el régimen de compras y contratos bajo el paraguas de extrema seguridad garantista de la función pública”. Ha reflexionado. En este sentido, ha reclamado la creación de una agencia evaluadora independiente de políticos, gestores y profesionales, que compare resultados reales con objetivos.