Redacción. Barcelona
El Govern catalán quiere impulsar una regulación propia del sistema de contratación pública de servicios a las personas, que engloban las materias de salud, bienestar social y enseñanza, actualmente legislado por la ley estatal de contratación pública.
Según ha explicado el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, en el pleno monográfico sobre salud en el Parlamento, una actualización de la normativa europea en materia de contratación pública “abre la puerta” a que el Govern pueda tener autonomía propia en relación a los servicios a las personas.
Debido a que las competencias en materia de salud, bienestar social y enseñanza están traspasadas, el Gobierno español ha optado por dejar en manos de las comunidades autónomas la regulación de los contratos públicos en este ámbito, algo que el Govern quiere “aprovechar”.
Está previsto que CiU formalice este deseo en una proposición de resolución en el marco del pleno monográfico, según ha detallado el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, en una atención posterior a los medios de comunicación.
La propuesta se centra en prorrogar todos los contratos públicos que se extingan hasta que no se elabore una nueva ley, un periodo que puede durar hasta un año y medio, con el objetivo de evitar nuevos casos como el del concurso del Área Básica de Salud (ABS) de l'Escala (Girona), que se adjudicó a una empresa privada porque presentó la oferta más competitiva y generó un fuerte rechazo social.
Padrosa ha dicho que el Parlamento se encargará de elaborar la nueva regulación, pero ha propuesto que un grupo de expertos empiece a trabajar “desde ya” en su articulado, con el objetivo de no demorar excesivamente las prórrogas de los contratos que agoten su concesión.
El Govern propondrá a la cámara catalana que la nueva ley defienda un “modelo mixto” que permita a empresas públicas y privadas presentarse a los concursos públicos, pero que mejore los actuales preceptos y premie a las que sean catalanas y tengan experiencia en el sector.
Durante su intervención, el consejero ha destacado la “urgencia” de impulsar una nueva normativa porque hay multitud de contratos de servicios a las personas que vencerán en los próximos meses, y ha criticado que la actual ley estatal permita que las empresas privadas tengan mejor puntuación porque presentan ofertas más económicas.
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