"Le daremos una vuelta al comité que aprueba guías de indicación enfermera"

El Ministerio de Sanidad afronta la recta final del año con una variado ramillete de asuntos pendientes encima de la mesa. Indicación enfermera, ley de listas de espera, farmacéutica público-privada... El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha acudido al XIII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria para abordar de primera mano no sólo estos temas, sino también otros que, si bien no dependen directamente del departamento que dirige Mónica García, sí que atañen a los profesionales sanitarios, como acuerdos salariales y el pacto de pensiones firmado entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos. Redacción Médica ha organizado en Valladolid la cita, con el patrocinio de Abbott, Abex, Air Liquide Healthcare, GE Healthcare, Johnson & Johnson y Pfizer.

Hace un año, en este mismo encuentro, debatimos sobre cómo debería ser la anunciada Ley de Listas de espera, una de las promesas estrella del Gobierno de coalición. En una entrevista que concedió a este medio nos adelantó que, para 2026, esperaban impulsar algún tipo de bolsa con presupuesto finalista para que las comunidades autónomas pudieran ejecutar una serie de medidas contempladas en un libro blanco de buenas prácticas. En su momento eso provocó algunas quejas autonómicas sobre una supuesta intromisión en sus competencias. ¿Cómo se va a coordinar el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para establecer estos tiempos de espera y cuál va a ser el papel de las autonomías?

Lo que hemos comentado desde el inicio es que, en efecto, la fecha que puso la ministra era el año 2026 para que durante el año 2025 se fueran elaborando los documentos que dieran pie a que todo eso tuviera sentido. Por eso, el Consejo Interterritorial, recientemente, acordó la creación de un grupo de trabajo sobre listas de espera, que va a poner en marcha, con brevedad, para trabajar sobre el desarrollo y la modificación normativa en un par de reales decretos, uno, que es el que homogeneiza la información relacionada con las listas de espera, y otro, que está relacionado con los tiempos y garantías. Eso sería la pata normativa, por decirlo de alguna manera, y luego, en paralelo, estamos trabajando también con un pequeño plan para que, en un plazo de unos ocho meses, se pueda elaborar una serie de recomendaciones basadas en la evidencia para la reducción de las listas de espera en diferentes ámbitos que se consideran prioritarios, para que puedan enganchar con los elementos relacionados con sistemas de información sanitaria al respecto. En el grupo del Consejo Interterritorial, las comunidades autónomas no es que participen, es que son el grupo de trabajo.

El secretario de Estado de Sanidad insiste en cambiar el marco jurídico de la indicación enfermera en la Ley de Garantías.

Sobre lo que comentaba de competencias, que el Ministerio de Sanidad reparta fondos a las comunidades autónomas con un cierto nivel de condicionalidad no pervierte en absoluto ninguna competencia. De hecho, eso es algo que ya se hace de forma totalmente rutinaria en el seno del Consejero Interterritorial y con unos criterios de reparto que son acordados con las comunidades.

No sé, aunque todavía tenga que decidirse expresamente, si ya se ha abordado de manera general cuál va a ser el papel concreto de las autonomías o el peso que van a tener en la aplicación de estas medidas que se articulen posteriormente, y cuál será el peso del propio Ministerio.

Si hablamos de lo que es el reparto de fondos, la situación es igual que en el resto de repartos de fondos. Hay unos criterios que se acuerdan en el Consejo Interterritorial que parten de niveles más básicos, a nivel previo, y en los que hay cierta condicionalidad que sí que tiene el Ministerio, cierta capacidad de implantar, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el Plan de Atención Primaria ya nacía con condicionalidad. Para la recepción de fondos, las comunidades tenían que haber presentado un plan regional de implantación de ese plan. Y esa era la puerta del acceso a esos fondos. Así que no estamos inventando la pólvora, afortunadamente, sino que simplemente lo estamos aplicando a un ámbito en el cual no sabíamos que se iba a mantener.

"Que Sanidad reparta fondos para lista de espera no pervierte competencias"

Pasando a otras medidas que se plantearon en su momento, al inicio de la legislatura, que también ha dado mucho que hablar, la eliminación progresiva de las guardias sanitarias de 24 horas hasta llegar a las 17, hay algunas estimaciones médicas que hablan de que ello conllevaría a aumentar el pago de guardias un 165 por ciento para que no se haya afectado o mermado el sueldo de los profesionales sanitarios. ¿Cómo valora ese cálculo? ¿Estaría el Sistema Nacional de Salud (SNS) en disposición de asumir ese sobrecoste?

Yo creo que cuando hay experiencias en marcha no hace falta hacer matemáticas ficción. Y ya hay experiencias en marcha a este respecto. Hay muchos hospitales que ya trabajan con modelos con los cuales muchas especialidades no tienen turnos de 24 horas, y algunos de esos centros tienen que ser el modelo a seguir.

Dicho esto, no todas las modificaciones que hay que hacer en el ámbito de la jornada tienen que ver con las guardias de 24 horas, y son elementos que se incorporan dentro del marco de la negociación con los sindicatos en marcha relacionados con el Estatuto Marco. Así que creo que, en general, cuando las cosas están en proceso de negociación, mejor no levantar demasiado las alfombras, porque no hay mayor respeto a un proceso de negociación que no hacer un streaming.

Padilla y Manu Ibáñez, redactor de Política de Redacción Médica.

Un inciso: ¿hay ya fecha para que se vuelva a reunir el Ámbito de Negociación?

Se ha contactado con los diferentes sindicatos. Es inminente que demos fecha, pero, antes, teníamos que tener la seguridad de que los textos que se ponían encima de la mesa eran textos que estuvieran muy bien trabajados y ya alineados con una redacción que se viera de forma clara en el Estatuto Marco.

En cuanto al tema de los turnos, no ya sobre salarios, sino sobre reorganización de recursos humanos, ¿tendría capacidad el SNS para asumir la reducción de guardias?

Yo creo que pensar que los turnos de 24 horas son la única forma posible que tiene el sistema de organizarse, es de un determinismo no imaginativo que, desde luego, supone una gran lacra para la gestión sanitaria en nuestro país. La realidad de casuística sanitaria es tremendamente variada. Hay, probablemente, ámbitos en los cuales ahora mismo, a día de hoy, ya se podría estar trabajando sin turnos de 24 horas sin ningún lugar a dudas, y habrá otros ámbitos en los cuales no valdrá la misma solución que con los otros.

No hay café para todos, sino que hay que hacer una individualización a ese aspecto y hay que dejar que los servicios tengan una cierta autonomía de gestión. Muy probablemente, la decisión de que todos los servicios trabajen por unos turnos relativamente unímodos, es decir, similares a muchos otros lugares, parte de una especie de ilusión de control, en muchas ocasiones, por ámbitos más centralistas, por decirlo de alguna forma. Creo que hay que reivindicar la organización de gestión a nivel de servicio y, evidentemente, eso tiene que partir de una planificación de recursos previa, pero teniendo muy claro que los turnos de 24 horas no son buenos para los pacientes, no son buenos para los profesionales y no son buenos para el sistema.

Ante eso, no cabe ningún tipo de resignación. Los turnos de 24 horas no son una verdad natural, así que no cabe otra cosa que avanzar hacia un modelo que permita una ganancia de condiciones a ese respecto para todo el mundo. Pero es que, además, los turnos de 24 horas están pensados para una realidad que ya no existe. Están pensados para una demografía sanitaria en la cual el profesional que lo realizaba vivía por y para eso. Tenía esa función, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente, ahora mismo tenemos unos y unas profesionales sanitarios con otro tipo de prioridades en la vida y creemos que el sistema tiene que adaptarse a ellos porque, si no, ellos no siempre van a adaptarse al sistema.

"Las guardias de 24 horas no son la única forma de organizar la sanidad"

En esta adaptación que dice usted que en buena parte tiene que ver con la realidad propia de cada zona, no sé cuánta importancia cobra un concepto, el de la atención sociosanitaria integrada, del que se ha hablado en diversas ocasiones y, en concreto, desde un grupo parlamentario como el de Sumar.

Está claro que, a la hora de hacer frente a las necesidades existentes, no tanto por el lado de la oferta, sino especialmente por el lado de la demanda, conseguir que los sanitarios y los sociosanitarios no sean apartados estancos es una prioridad. Nosotros, recientemente, hemos creado un grupo de trabajo con el Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030 y Consumo, para trabajar específicamente en las acciones que están relacionadas con la coordinación sociosanitaria, muy especialmente en torno a algunos elementos. Uno de ellos es la estrategia de desinstitucionalización que el Ministerio de Derechos Sociales presentó, aproximadamente en junio.

Otro de los elementos está relacionado con cuáles son los aspectos vinculados con la atención domiciliaria que van a estar dentro del Plan de Atención Primaria, que esperemos que se apruebe a finales de este año. Y hay un tercer elemento que está más relacionado con el propio marco. Creo que, en muchas ocasiones, desde el ámbito de las políticas sociales o derechos sociales, piensan que los sociosanitarios son una cosa y, desde el ámbito del sanitario, pensamos que los sociosanitarios son otra cosa. Crear una especie de marco común, al menos, para ponernos de acuerdo y sentir que estamos hablando de lo mismo y que estamos actuando sobre lo mismo en la tercera pata que faltaría ahí.

"Hemos creado un grupo de trabajo con el Ministerio de Derechos Sociales para abordar específicamente acciones relacionadas con la coordinación sociosanitaria"

Un tema que también suscita cierta polémica es el de la indicación enfermera de fármacos sometidos a perfección médica, con las famosa guías de indicación que se van ampliando poco a poco. El Ministerio, por su parte, y también lo expresó usted mismo en la entrevista concedida recientemente a esta casa, pretende que la Ley de Garantías cree un marco que, posteriormente, potencie una modificación normativa que regule la prescripción enfermera, más allá de esas guías de indicación. ¿Es posible alcanzar un acuerdo con otros profesionales del SNS para que eso se haga sin que los médicos vean comprometidas sus competencias?

A este respecto hay que recordar varias cosas. Por un lado, las guías de indicación que ahora mismo se lleva a cabo en el seno de una comisión en la cual están representados representantes de organizaciones diversas. Alguna de esas organizaciones ha participado en la generación por consenso de una guía que, posteriormente, como organización, ha recurrido. Yo entiendo que estas cosas funcionan como funcionan y lo asumimos con deportividad, por decirlo de alguna manera, pero es una cosa que tiene que quedar claro: no es que el Ministerio vaya haciendo cosas por su cuenta y después se encuentre la gente con las cosas encima de la mesa, no: todo el mundo que tenía que estar implicado, estaba implicado.

Estas guías vienen de un Real Decreto de hace unos cuantos años. Podemos pensar que es la mejor o la peor forma de llevarlas a cabo. Desde mi punto de vista, no es la forma idónea. Son unas guías de indicación que posteriormente, a través de comunidades autónomas, hay que hacer un desarrollo para llevarlas a cabo, y en muchos casos ese desarrollo es, por decirlo de alguna forma, subóptimo. Nosotros lo que creemos es que tenemos que intentar trabajar por una modificación de la Ley de Garantías que sí quede, por un lado, un paraguas jurídico más sólido para las enfermeras, especialmente en lo relacionado con lo que se llama la prescripción finalista, prescripción finalista que ellas ya tienen en el ámbito de sus competencias muchos elementos. Las enfermeras prescriben, prescriben cuidados, prescriben apósitos, prescriben otras cosas en las cuales son las últimas prescriptoras, por decirlo de alguna manera.

Y, además, que en cierto modo vuelva a redefinir cuál es la manera por la vía del Real Decreto en la cual se tiene que actuar para la ampliación de eso que se viene a llamar la prescripción en el marco de las competencias. Y aquí hay una cosa que yo sí que quiero resaltar. Creo que esto es una cosa que va encaminada a actualizar en el marco de distribución de funciones en nuestro SNS, que, ahora mismo, en el ámbito de la prescripción y la indicación, es muy similar al de los años ochenta, cuando las enfermeras no eran graduadas, muchas de ellas con especialidad, algunas de ellas con doctorado.

"La Ley de Garantías se someterá a audiencia pública este trimestre"

Creo que esto básicamente va de normativizar y de alinear lo que son el conocimiento con las competencias y las funciones que realmente pueden ser ejercidas. Aquí hay, en concreto, con esta última guía, hay un ejemplo que a mí me parece muy significativo. La última guía, que ha sido la guía de la polémica, por decirlo de alguna forma, y que es verdad que aprovecharemos para darle una vuelta, mientras sale la Ley de Garantías, al comité del que ya hablaba.

Esta guía iba sobre la indicación de fosfomicina para la infección de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas. Cuando nosotros nos vamos a los números, vemos que la indicación general para esto sería fosfomicina en unidosis. Sin embargo, cuando nos vamos a los números a ver cuál es lo que se prescribe más y lo que se dispensa más en las farmacias, estamos hablando de fosfomicina en dos dosis.

Eso quiere decir que, normalmente, la paciente va a la farmacia, ve la prescripción que le ha hecho el médico, se toma un sobre, se le cura la infección de orina, y tiene otro sobre en casa. Y cuando vuelve a tener la misma sintomatología, ¿qué hace? ¿Va al médico a que le prescriba que tome el sobre que tiene en su casa o decide tomarlo ella misma? Por norma general, decide tomarlo ella misma. Estamos diciendo que la paciente sí que tiene la capacidad para tomar la decisión de tomar ella misma ese sobre. Sin embargo, una enfermera con cuatro años de carrera, en muchas ocasiones con dos años de especialidad, y con una experiencia a su espalda y con el manejo habitual de ese tipo de medicación, no tiene la capacidad, de acuerdo a algunos protocolos consensuados entre todas las categorías profesionales, para indicar fosfomicina, a mí me parece difícilmente defendible.

En cuanto a la Ley de Garantías, ¿hay fecha para que comience su plazo de audiencia pública?

Puedo decir que este trimestre, y que espero que sea más pronto que tarde.

Uno de los proyectos gubernamentales anunciados hace muy poco es el nuevo acuerdo firmado a tres bandas, entre el propio Ejecutivo, las patronales y los sindicatos, para la reforma de las pensiones. Uno de las medidas que conlleva es la derivación de casos de incapacidad temporal de origen traumatológico a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Hay partidos, como ERC, Bildu, BNG y Podemos, que ya se han pronunciado públicamente en contra de ello al considerar que supone una descapitalización de la sanidad pública. ¿Cómo va a ver el Ministerio de Sanidad ese acuerdo?

En general, creo que a mí, más que opinar, me corresponde gobernar. A ese respecto, en el marco de nuestras competencias, el Ministerio de Sanidad no entra dentro de la firma. Ahora bien, si me quito, digamos, el sombrero del secretario de Estado y le contesto con el sombrero del médico de Familia, lo que sí que le puedo decir es que esto viene a normativizar una cosa que ya ocurría. Yo he trabajado en dos comunidades autónomas en las que venían pacientes a pedir la autorización para ser derivados a que se les realizaran pruebas complementarias o terapias, generalmente de tipo traumatológico, por parte de las mutuas por la existencia de listas de espera en el ámbito de lo público.

Lo que ocurre es que eso se llevaba a cabo sin un elemento que creo que sí que incorpora este acuerdo y a ese respecto del cual hay que darle ese beneplácito, y es la existencia de una comisión de seguimiento para que eso se siga produciendo sin el menoscabo de ninguno de los derechos de los trabajadores. En términos generales, la salud de los trabajadores debe ser un bien superior, por decirlo de alguna manera, que hay que poner en el centro, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como es la situación de incapacidad temporal.

Padilla responde a una de las preguntas de Ibáñez.

Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería el refuerzo de los proveedores públicos para poder gestionar eso en plenitud de facultades, y que no tuviéramos que estar utilizando a un proveedor privado, aunque reciba fondos públicos, para la realización de este tipo de prestaciones. Dicho lo cual, es un acuerdo entre sindicatos y patronal que yo he comentado largo y tendido con los sindicatos, y que recae dentro de las competencias de Seguridad Social. A ese respecto, lo que sí hay que decir es que Seguridad Social nos ha ido informando en todas las negociaciones con los sindicatos, y nosotros pusimos una línea roja, por la cual sí que levantaríamos la ceja y seguramente la voz, que era la implicación de procesos que estuvieran más allá de lo traumatológico.

Nosotros sabemos que en muchas ocasiones las mutuas de trabajo están detrás de poder hacer seguimiento de, por ejemplo, procesos de incapacidad temporal relacionados con el sufrimiento psíquico o con la salud mental, y ahí creemos que es evidentemente un caso en el que no actuar. El otro elemento que nos pareció una línea roja era lo relacionado con la gestión de la baja. La incapacidad temporal es una herramienta clínica, la incapacidad temporal es una competencia del médico que realiza la prescripción de esa baja para la mejora y la recuperación de la salud.

A ese respecto, este acuerdo no conlleva ningún tipo de modificación ni las mutuas pasan a gestionar absolutamente nada que no gestionaran con anterioridad. Sin hacer más valoración, sí que al menos no se ha transgredido lo que nosotros habíamos señalado como líneas rojas.

Me dice que no opina como alto cargo del Ministerio de Sanidad, pero yo le voy a seguir pidiendo opinión en relación a otro aspecto de este mismo acuerdo, que también contempla la flexibilización de la jubilación anticipada para las profesiones penosas. Todavía no se han decidido qué nuevos grupos se incluyen en ese sentido, pero sí que está sobre la mesa el debate sobre si deberían incluirse las profesiones sanitarias por cuestiones de peligrosidad, de morbilidad y de exposición a riesgo. ¿Qué opina respecto a esa posibilidad?

Todo lo relacionado con la jubilación de la mano del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones se incorpora dentro del ámbito de negociación del Estatuto Marco. Forma parte de esas diferentes patas que habrá que contrapesar y que tienen relación con la clasificación profesional, con la profesionalización de la gestión, con la carrera profesional, con los turnos de 24 horas o con la jubilación.

Por tanto, es un elemento que dejamos para el marco de negociación con los sindicatos, sabiendo que nosotros ya hemos ido haciendo cosas relacionadas con jubilación, medidas que no tenían necesidad de tener un rango de este tipo, como eran, por ejemplo, las medidas relacionadas con la jubilación activa mejorada. Así que ahora habrá que ver cuál de estos acuerdos podría beneficiarse también dentro del marco de negociación con los sindicatos para su incorporación en el Estatuto Marco, donde esperemos que también pueda quedar reflejado algún elemento de mejora.

El alto cargo de Sanidad revela que el departamento marcó como línea roja en el pacto de pensiones que los casos de incapacidad temporal derivados a mutuas dependiera de los médicos.

Y como médico, ¿qué piensa?

Como médico pienso que creo que me queda muy lejos la jubilación.

Otro ámbito de negociación que está todavía pendiente por abordarse es la firma de un nuevo Acuerdo para recuperar la Administración del Siglo XXI, ya que este año caduca el vigente desde 2022. Recientemente se nombró un nuevo ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en sustitución de José Luis Escrivá, algo que los sindicatos interpretaron como un retraso en el principio de las negociaciones para abordar ese nuevo acuerdo que, entre otras cosas, ha supuesto la subida salarial ligada a cuestiones como la inflación de los profesionales de la Administración pública, incluidos los sanitarios. ¿Cuál es la relación del Ministerio de Sanidad con el de Función Pública? ¿Es fluida?

Fluida y buena, diría. A diferentes niveles, además. De hecho, cuando se produjo el cambio de ministro, yo no oculto que una de las cosas que pensé fue que ojalá no cambiaran a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, que se mantiene. Creo que esa es la principal garantía de que un cambio de ministro no va a suponer empezar nada de cero, sino simplemente lo que ya se estaba haciendo con un cambio de interlocutor en uno de los niveles.

Ya la ministra de Sanidad ya ha hablado con el ministro de Transformación Digital y Función Pública para alguna cosa que llevábamos trabajando con anterioridad, y el mensaje que se le ha transmitido ha sido de continuidad con respecto a los trabajos anteriores. Así que a ese respecto estamos bastante tranquilos, la verdad.

Es cierto que lo que se había firmado en ese Acuerdo Marco sobre subidas salariales se va a quedar corto con respecto a los niveles de inflación. ¿Considera que en el nuevo acuerdo deberían revisarse esos criterios?

Eso quedará dentro del marco de negociación con los sindicatos y la capacidad de los sindicatos de azuzar más o menos con esa equiparación salarial. Desde nuestro punto de vista, todo lo que sea la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos en general, no voy a entrar solamente en los trabajadores sanitarios, debería ser la condición base a partir de la cual negociar, especialmente los trabajadores públicos que han perdido un poder adquisitivo importante en la última década y media. En un momento, digamos, en los años 2010-2015 por bajada salarial, y en los últimos años por un crecimiento de la inflación por encima de la tasa de crecimiento de los salarios.

Ibáñez formula una pregunta a Padilla.

Hablando también del salario, en este caso de pagas extras, los sindicatos médicos y enfermeros no descartan ir a la huelga si no reciben el cien por cien de la paga extra que, según dicen, se les desde hace 14 años. ¿Qué supondría, si se cumpliera esa amenaza, para el sistema sanitario?

Nosotros esperamos que no se lleve a cabo. Y por eso ya tenemos concertadas, o en vías de concertar, dos reuniones por parte del equipo del Ministerio con los dos sindicatos implicados en esta reclamación. Nosotros siempre hemos dicho que en las cosas que son de nuestra competencia, asumimos esa competencia con total celeridad y presteza, y en las cosas que no son de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia, hacemos de dinamizadores y puentes para aquellos lugares en los cuales esa competencia sea válida, en este caso Hacienda y Función Pública. Y teniendo en cuenta que los trabajadores sanitarios son también empleados públicos y que los empleados públicos, en términos generales, tuvieron esa repercusión y tienen esa repercusión desde hace 14 años, en los que, también he de decir, ha habido tiempo para reclamarlo con diferentes niveles de intensidad. Nos alegra que piensen que somos un interlocutor que se va a tomar esto en serio.

Hablamos rápidamente del ámbito farmacéutico. Respecto a la mercantil Terafront-Farmatech, ¿cuál va a ser el papel del Ministerio de Sanidad y del conjunto de la administración?

Esta es una de esas iniciativas que creo que viene a materializar la idea de cuál es el papel de las instituciones públicas en el ámbito de la innovación biomédica y en los diferentes ámbitos de la cadena de valor del medicamento. El Ministerio de Sanidad aquí tiene una posición un poco controvertida, por decirlo de alguna forma, porque, al fin y al cabo, es luego el que está en el eslabón final de la determinación de precio y financiación, por lo cual no puede ser juez y parte.

Nos incorpora de aquella manera el Consejo de Administración, pero sí que, con diferentes medidas que se van a llevar a cabo, se va a avanzar en lo que decimos nosotros de cambiar de un modelo basado en la oferta a un modelo basado en la demanda. Es decir, que, desde atrás, desde el final, se van a ir mandando señales sobre qué es lo que verdaderamente necesitamos y qué estamos más deseoso de incorporar dentro de ese procedimiento final de precio y financiación. Entendemos que, al ser una mercantil público-privada, 49 por ciento pública, 51 por ciento privada, pero siendo lo público el socio mayoritario, habrá una especial sensibilidad para intentar alinear los desarrollos que se lleven a cabo en terapias avanzadas u otros tipos de terapias, que es lo que tiene dentro de su catálogo de servicios, a las necesidades que se le planteen desde la parte final de la cadena.

Entrevista a Javier Padilla en el XIII Encuentro Global de Altos Cargos Sanitarios.