Con mayo a la vuelta de la esquina, la pregunta que se formulan muchos
residentes es si encontrarán trabajo una vez finalizada esta etapa formativa. Los datos del año pasado, según CESM, demuestran lo contrario. De los 1.190 nuevos especialistas que completaron su residencia, solo entre 500 y 600 fueron contratados.
La reivindicación a los gobiernos autónomicos es, por tanto, la misma un año después: crear puestos atractivos y suficientes para los
MIR y EIR que se incorporan al mundo laboral, explica Gabriel del Pozo, como secretario de este organismo sindical.
Mayo dejará decenas de
"profesionales bien formados" que pueden ser la respuesta al déficit de personal sanitario que aqueja a las comunidades debido a la pandemia. "Creemos que es el
momento ideal porque tienen mano de obra que sale para cubrir los huecos", explica, en contra de posibles "excusas" y siempre y cuando, no sean utilizados "como parche temporal".
Estos nuevos profesionales no solo servirán para
reforzar las plantillas Covid-19 sino que también pueden "ser aprovechados" para
reducir las listas de espera provocadas por el virus en el resto de procesos. "Nadie puede justificar que no se puede contratar al 100 por cien de lo que sale en una comunidad ya que lo que le sobra a una le va a faltar a otra".
Condiciones laborales atractivas
Aunque en este momento se necesiten profesionales en "prácticamente todas las especialidades" debido al numero de sanitarios y las jubilaciones futuras, las
plazas MIR ofertadas continúan siendo "menos de las necesarias", explica Del Pozo, al hablar del "tapón" que se está formando en España con respecto a la FSE. "El número de alumnos que salen es más alto que el número de plazas de especialidad que se ofrecen y el número de médicos que se necesitan es más alto que el número de MIR que estamos formando".
Es necesario, eso sí, que se ofrezcan unas
condiciones laborales "medianamente atrayentes" que eviten una 'fuga de cerebros' o el trasvase a la sanidad privada. Las diferencias se dan incluso dentro del propio SNS, puesto que en Madrid se contrata a suplentes de área en Atención Primaria "sin garantizarles nada", mientras que hay comunicades en las que se les ofrece un "contrato a largo plazo". En este sentido, desde CESM ven conveniente que "se muevan por todo el Estado" y se ofrezcan una
contración y unas características de retribución similares en todos los territorios.
El sindicato recuerda que
las plazas deberán cubrirse según el orden que "corresponda" en las bolsas de empleo y no por orden de finalización. "Puede ser que el candidato que salga ahora sea el que le corresponda porque no hay gente", detalla Del Pozo.
Fin de la temporalidad
El
Sindicato de Enfermería (Satse) también está a favor de la contratación de profesionales sanitarios cuando acaben su etapa formativo. De hecho, la organización sindical ha denunciado de manera reiterada que los distintos servicios de salud
no han reforzado sus plantillas de enfermeras y enfermeros para dar una mejor respuesta a las necesidades de atención y cuidados, no solo de los pacientes con Covid-19 sino del conjunto de las personas que requieren de su labor ya sea en los hospitales, centros de salud u otros centros sanitarios y sociosanitarios.
Por ello, el Sindicato reclama que ahora, y también en
verano, se contrate, a través de las bolsas públicas de empleo, "a todas las enfermeras y enfermeros necesarios para seguir luchando contra una enfermedad que sigue demostrando una gran virulencia y afectación en el conjunto de la ciudadanía".
Satse añade que, siguiendo los lógicos y
necesarios requisitos de transparencia y publicidad, son partidarios de que se contrate a las enfermeras y enfermeros y a las enfermeras especialistas que se determine en cada CCAA, "porque la salud y seguridad de miles de personas es lo que nos debe mover a todos a destinar los recursos humanos y medios necesarios".
Unos
contratos que deben ser
dignos y estables para no seguir perpetuando las altas tasas de temporalidad que sufren las enfermeras y enfermeros en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y que, en alguna comunidad autónoma, ronda el 40 por ciento.
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