La guerra de las prácticas clínicas en Murcia no termina. La Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria y en Defensa de lo Público, que está conformada por diversas asociaciones y colectivos, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la exconsejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, y contra el exgerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Manuel Ángel Moreno. ¿El motivo?, haber aprobado el convenio de prácticas clínicas con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) sin tener en cuenta las consideraciones de los servicios jurídicos del SMS.
Según argumenta la Alianza, el concierto firmado durante 2014 dio carta blanca para que las facultades privadas pudieran acceder a todos los hospitales públicos y centros de salud sin que se detallasen los servicios específicos en que se iban a desarrollar las prácticas. Una decisión ha vuelto a salir al debate público tras los impasses ocasionados en la implementación del Real Decreto 420/2015.
Otras de las ‘pegas’ encontradas al convenio es que tampoco se concretan aspectos como las “fórmulas de coordinación entre las actividades docentes, investigadores y asistenciales”, así como que generaba posibles disfunciones por la coincidencia de estudiantes de la Universidad de Murcia y la UCAM. Un escenario que, según indican, ha generado efectos negativos en la actual organización de las prácticas clínicas dentro de la autonomía.
Domingo Sánchez, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (institución anexa a la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria y en Defensa de lo Público) ha asegurado a Redacción Médica que “esto demuestra lo que, desde hace tiempo, se ha venido denunciando por parte de los estudiantes. Se trata de una situación grave que debe ser analizada para que los responsables asuman sus responsabilidades”. Además, ha precisado que se debe rescatar “la lealtad entre las instituciones y seguir luchando en la defensa de la formación sanitaria”.
Las acusaciones han sido minimizadas por la Consejería de Sanidad, argumentado que siguió con los procedimientos establecidos por la ley, a la vez que ha recordado que el informe jurídico, al que ha tenido acceso este medio, no era vinculante. A esto ha sumado que, en ningún momento, hubo un pronunciamiento del departamento legal expresamente contrario al convenio, sino que se limitó a indicar cuáles son los aspectos que deberían ser modificados para un mejor funcionamiento.
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