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Jerarquía y machismo en sanidad: las MIR, vulnerables ante el acoso
Los sindicatos analizan la realidad del acoso por razón de sexo durante la formación sanitaria especializada
06 mar 2026. 18.30H
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POR MÍRIAM GONZÁLEZ
El 94 por ciento de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad. Las últimas cifras disponibles, publicadas por el Ministerio del Interior en el Informe sobre delitos contra la libertad sexual (2024), elevan a 22.846 las denuncias por delitos contra la libertad sexual, casi un 5 por ciento más que el año anterior. La Organización de Naciones Unidas (ONU) es clara al respecto: “La violencia contra las mujeres no es el resultado de actos aleatorios e individuales de mala conducta, sino que está profundamente arraigada en las relaciones estructurales del poder que ejercen los hombres contra las mujeres”.
El sector sanitario no es ajeno a estas estructuras. De hecho, se trata de ámbito altamente feminizado, cuya jornada está marcada por el trato cercano con pacientes que, en ocasiones no entienden los límites, y el contacto estrecho con muchos compañeros de profesón. El pasado mes de febrero, una Médica Interno Residente (MIR) denunció, a través de la cuenta de la periodista Cristina Fallarás, haber sido víctima de una agresión sexual durante una guardia de Urgencias en febrero de 2025; el supuesto agresor fue un compañero de residencia. La joven asegura haber denunciado los hechos ante el Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud. Sin embargo, en diciembre recibió un informe del Servicio de Profesionales de su hospital en el que se concluía que, por falta de pruebas, el caso no sería derivado a una comisión de investigación por acoso sexual en el trabajo y quedaba cerrado.
Pero esto no es todo. La víctima también relata haber sido difamada por su presunto agresor y haber sufrido “exclusión” por parte de algunos compañeros tras presentar la denuncia. Surgen así muchas dudas sobre el procedimiento. Por ahora, las consecuencias de este caso están recallendo sobre la víctima. Así, el debate sobre la validez de los protocolos vuelve a abrirse. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cobra especial relevancia revisar y analizar los procedimientos de protección y prevención del abuso sexual en el ámbito sanitario.
“No se permitirán ni tolerarán conductas que puedan constituir cualquiera de las manifestaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo. La Junta sancionará tanto a quien incurra en una conducta ofensiva como a quien la promueva”. Así lo establece el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Junta de Extremadura, el documento que regula la protección de las trabajadoras del Servicio Extremeño de Salud (SES). El texto añade además que “condicionar un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual se considerará también un acto de discriminación por razón de sexo” y subraya que “un único episodio puede ser constitutivo de acoso sexual”.
En España, cada comunidad autónoma cuenta con un plan de acción específico para hacer frente a este tipo de violencias. No obstante, aunque con particularidades propias, todos parten como base del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.
La cuestión de la jerarquía está contemplada en todos ellos, y no es para menos. “Las dinámicas de poder juegan un papel fundamental en la perpetuación de estas situaciones”, explica a este periódico Carmen Guerrero, secretaria de la Comisión de Igualdad del Sindicato de Enfermería (Satse). “Estas dinámicas están muy presentes en el ámbito sanitario: es un sector feminizado, pero las mujeres seguimos siendo minoría en los puestos de dirección. Según nuestra encuesta, en torno al 21 por ciento de las situaciones que nos comunicaron procedían de superiores jerárquicos”.
Redacción Médica ha querido poner el foco en los abusos a sanitarias especialistas en formación, tanto (MIR) como Enfermero Interno Residente (EIR). Tras años de estudio, estas profesionales inician su etapa de residencia, un periodo de aprendizaje marcado por una fuerte relación jerárquica: el tutor o superior directo es quien debe evaluar y aprobar su paso al siguiente año de formación. Las largas jornadas compartidas, a menudo en la misma consulta o servicio, pueden generar un caldo de cultivo propicio para situaciones problemáticas, donde el silencio y el miedo pueden condicionar la acción contra una figura de autoridad en el tugar de trabajo.
Sin embargo, durante la búsqueda apenas se encuentran testimonios públicos. Las asociaciones médicas consultadas explican que las profesionales rara vez acceden a relatar estas experiencias. Aun así, los expertos sospechan de una importante infradenuncia. “Alrededor de un 21 por ciento de las situaciones no se denuncian por temor a represalias de la dirección o de la persona que las provocó”, explica Guerrero, que añade que en su encuesta tampoco se estableció una categoría específica para las EIR. “Recibimos un amplio número de respuestas tanto de enfermeras generalistas como de enfermeras especialistas. Aunque nuestra encuesta no contemplaba una categoría concreta para EIR, entendemos que sus respuestas están incluidas en ambas y, en todos los casos, los datos que arroja son similares y, a la vez, preocupantes”, explica.
En el ámbito médico ocurre algo parecido: no existe una consideración específica del acoso a los MIR. Elena Hernando, secretaria técnica de Igualdad de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), explica que en los protocolos no se establece una diferenciación entre MIR y médicos adjuntos. “Son personal laboral”, matiza. No obstante, señala que sí se tiene en cuenta la cuestión jerárquica y que, en ocasiones, también se dan casos de abuso desde rangos inferiores hacia superiores. “Existe un protocolo médico”, reitera.
Elena Hernando, al referirse al protocolo, se centra en el caso de Extremadura. “Los casos de acoso los gestiona la Junta”, afirma en referencia a la Junta de Extremadura. El documento establece tres fases de actuación. Primero, una fase preliminar opcional, confidencial e informal, destinada a frenar la conducta en un máximo de cinco días. Si los hechos son graves o persisten, se abre un expediente informativo con denuncia escrita, investigación por parte de una comisión y posibles medidas cautelares. Finalmente, se emite un informe de conclusiones que puede derivar en el archivo del caso, sanciones disciplinarias o su traslado a la Fiscalía.
“Más que una cuestión de espacios, es una cuestión de saber nombrar correctamente estas experiencias, comunicarlas y actuar en consecuencia”, añade la secretaria de Igualdad de Satse, quien también denuncia “la escasa información y difusión de los protocolos”. “Es necesario un cumplimiento más estricto de la normativa”, subraya.
Desde Satse señalan además que los protocolos actuales “no se centran específicamente en categorías o colectivos concretos”, algo que también ratifican desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. En cuanto a la necesidad de reformas, el sindicato enfermero advierte de que es necesaria una “negociación, actualización y seguimiento de los protocolos para garantizar su aplicación y efectividad”, de modo que puedan acogerse a ellos todas las personas trabajadoras de los servicios de salud públicos y privados. También reclaman que contemplen una protección integral a las víctimas, con garantías frente a represalias y acceso a apoyo psicológico y asesoría jurídica. “Es fundamental, además, incluir el acoso sexual y por razón de sexo como riesgo psicosocial, identificando colectivos especialmente vulnerables”, añaden.
Por su parte, desde CESM señalan que la posible mayor incidencia de estos casos entre residentes es una cuestión que debería analizar el Observatorio de Violencia de Género, encargado de realizar este tipo de diferenciaciones. Según indican, corresponde a este organismo determinar si existe una mayor vulnerabilidad y, en su caso, proponer medidas específicas. En cualquier caso, insisten en la necesidad de seguir invirtiendo en prevención. Sindicatos y expertos coinciden en que el principal reto sigue siendo romper el silencio. La prevención, la difusión de los protocolos y la protección real frente a represalias se perfilan como claves para que las profesionales denuncien sin miedo. Mientras tanto, este medio ha consultado al Observatorio sobre su posición, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.
El sector sanitario no es ajeno a estas estructuras. De hecho, se trata de ámbito altamente feminizado, cuya jornada está marcada por el trato cercano con pacientes que, en ocasiones no entienden los límites, y el contacto estrecho con muchos compañeros de profesón. El pasado mes de febrero, una Médica Interno Residente (MIR) denunció, a través de la cuenta de la periodista Cristina Fallarás, haber sido víctima de una agresión sexual durante una guardia de Urgencias en febrero de 2025; el supuesto agresor fue un compañero de residencia. La joven asegura haber denunciado los hechos ante el Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud. Sin embargo, en diciembre recibió un informe del Servicio de Profesionales de su hospital en el que se concluía que, por falta de pruebas, el caso no sería derivado a una comisión de investigación por acoso sexual en el trabajo y quedaba cerrado.
Pero esto no es todo. La víctima también relata haber sido difamada por su presunto agresor y haber sufrido “exclusión” por parte de algunos compañeros tras presentar la denuncia. Surgen así muchas dudas sobre el procedimiento. Por ahora, las consecuencias de este caso están recallendo sobre la víctima. Así, el debate sobre la validez de los protocolos vuelve a abrirse. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cobra especial relevancia revisar y analizar los procedimientos de protección y prevención del abuso sexual en el ámbito sanitario.
¿Qué mecanismos se activan ante una sospecha de abuso sexual en un espacio sanitario?
“No se permitirán ni tolerarán conductas que puedan constituir cualquiera de las manifestaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo. La Junta sancionará tanto a quien incurra en una conducta ofensiva como a quien la promueva”. Así lo establece el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Junta de Extremadura, el documento que regula la protección de las trabajadoras del Servicio Extremeño de Salud (SES). El texto añade además que “condicionar un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual se considerará también un acto de discriminación por razón de sexo” y subraya que “un único episodio puede ser constitutivo de acoso sexual”.
En España, cada comunidad autónoma cuenta con un plan de acción específico para hacer frente a este tipo de violencias. No obstante, aunque con particularidades propias, todos parten como base del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.
La cuestión de la jerarquía está contemplada en todos ellos, y no es para menos. “Las dinámicas de poder juegan un papel fundamental en la perpetuación de estas situaciones”, explica a este periódico Carmen Guerrero, secretaria de la Comisión de Igualdad del Sindicato de Enfermería (Satse). “Estas dinámicas están muy presentes en el ámbito sanitario: es un sector feminizado, pero las mujeres seguimos siendo minoría en los puestos de dirección. Según nuestra encuesta, en torno al 21 por ciento de las situaciones que nos comunicaron procedían de superiores jerárquicos”.
El abuso sexual o por razón de sexo durante la especialidad
Redacción Médica ha querido poner el foco en los abusos a sanitarias especialistas en formación, tanto (MIR) como Enfermero Interno Residente (EIR). Tras años de estudio, estas profesionales inician su etapa de residencia, un periodo de aprendizaje marcado por una fuerte relación jerárquica: el tutor o superior directo es quien debe evaluar y aprobar su paso al siguiente año de formación. Las largas jornadas compartidas, a menudo en la misma consulta o servicio, pueden generar un caldo de cultivo propicio para situaciones problemáticas, donde el silencio y el miedo pueden condicionar la acción contra una figura de autoridad en el tugar de trabajo.
Sin embargo, durante la búsqueda apenas se encuentran testimonios públicos. Las asociaciones médicas consultadas explican que las profesionales rara vez acceden a relatar estas experiencias. Aun así, los expertos sospechan de una importante infradenuncia. “Alrededor de un 21 por ciento de las situaciones no se denuncian por temor a represalias de la dirección o de la persona que las provocó”, explica Guerrero, que añade que en su encuesta tampoco se estableció una categoría específica para las EIR. “Recibimos un amplio número de respuestas tanto de enfermeras generalistas como de enfermeras especialistas. Aunque nuestra encuesta no contemplaba una categoría concreta para EIR, entendemos que sus respuestas están incluidas en ambas y, en todos los casos, los datos que arroja son similares y, a la vez, preocupantes”, explica.
En el ámbito médico ocurre algo parecido: no existe una consideración específica del acoso a los MIR. Elena Hernando, secretaria técnica de Igualdad de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), explica que en los protocolos no se establece una diferenciación entre MIR y médicos adjuntos. “Son personal laboral”, matiza. No obstante, señala que sí se tiene en cuenta la cuestión jerárquica y que, en ocasiones, también se dan casos de abuso desde rangos inferiores hacia superiores. “Existe un protocolo médico”, reitera.
Los protocolos contra el acoso en Sanidad
Elena Hernando, al referirse al protocolo, se centra en el caso de Extremadura. “Los casos de acoso los gestiona la Junta”, afirma en referencia a la Junta de Extremadura. El documento establece tres fases de actuación. Primero, una fase preliminar opcional, confidencial e informal, destinada a frenar la conducta en un máximo de cinco días. Si los hechos son graves o persisten, se abre un expediente informativo con denuncia escrita, investigación por parte de una comisión y posibles medidas cautelares. Finalmente, se emite un informe de conclusiones que puede derivar en el archivo del caso, sanciones disciplinarias o su traslado a la Fiscalía.
“Más que una cuestión de espacios, es una cuestión de saber nombrar correctamente estas experiencias, comunicarlas y actuar en consecuencia”, añade la secretaria de Igualdad de Satse, quien también denuncia “la escasa información y difusión de los protocolos”. “Es necesario un cumplimiento más estricto de la normativa”, subraya.
Desde Satse señalan además que los protocolos actuales “no se centran específicamente en categorías o colectivos concretos”, algo que también ratifican desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. En cuanto a la necesidad de reformas, el sindicato enfermero advierte de que es necesaria una “negociación, actualización y seguimiento de los protocolos para garantizar su aplicación y efectividad”, de modo que puedan acogerse a ellos todas las personas trabajadoras de los servicios de salud públicos y privados. También reclaman que contemplen una protección integral a las víctimas, con garantías frente a represalias y acceso a apoyo psicológico y asesoría jurídica. “Es fundamental, además, incluir el acoso sexual y por razón de sexo como riesgo psicosocial, identificando colectivos especialmente vulnerables”, añaden.
Por su parte, desde CESM señalan que la posible mayor incidencia de estos casos entre residentes es una cuestión que debería analizar el Observatorio de Violencia de Género, encargado de realizar este tipo de diferenciaciones. Según indican, corresponde a este organismo determinar si existe una mayor vulnerabilidad y, en su caso, proponer medidas específicas. En cualquier caso, insisten en la necesidad de seguir invirtiendo en prevención. Sindicatos y expertos coinciden en que el principal reto sigue siendo romper el silencio. La prevención, la difusión de los protocolos y la protección real frente a represalias se perfilan como claves para que las profesionales denuncien sin miedo. Mientras tanto, este medio ha consultado al Observatorio sobre su posición, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.
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