Seis meses. Ese es el tiempo que
FSE Unida ha tenido que esperar para recibir una contestación del
Defensor del Pueblo, al que recurrió en busca de apoyo en su lucha por alcanzar un proceso de elección y adjudicación de plazas para Formación Sanitaria Especializada (FSE) con garantías. Una misiva que fue enviada al anterior representante del órgano,
Francisco Fernández Marugán, y que ha sido respondida por
Ángel Gabilondo, el exministro socialista que asumió el nuevo cargo hace apenas unas semanas y que sostiene que
no se observa una actuación administrativa “irregular” en la plataforma habilitada por el
Ministerio de Sanidad para este proceso.
Asimismo, en
dicho documento, al que ha tenido acceso
Redacción Médica,
Gabilondo se refiere a las
multitudinarias protestas del colectivo médico frente al Ministerio de Sanidad y defiende que la implantación de la
elección exclusivamente por medios telemáticos “
no debería suponer una pérdida de las características inherentes a un sistema de elección flexible, sin merma de los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
“Las quejas recibidas resaltaban que en convocatorias de años anteriores, hasta el año pasado, la visibilidad de las plazas en la elección y su flexibilidad para alcanzar la especialidad deseada constituían una
seña de identidad del sistema de formación sanitaria especializada español, pues venía aunando tradicionalmente la facultad de seleccionar especialidad y destino en función de la nota alcanzada, con la mayor visibilidad pública en la adjudicación de las plazas en actos sucesivos, y la inmediatez en la selección en tiempo real, con todas las garantías procedimentales”, ensalza el Defensor del Pueblo, que no muestra abiertamente una opinión sobre la plataforma habilitada por el Ministerio de Sanidad para la adjudicación, limitándose a trasladar el mensaje de la Administración.
Por otro lado, el representante del órgano puntualiza que Dirección de Ordenación Profesional ha trasmitido que la aplicación ha sido mejorada al efecto de
incorporar el “pasar turno” y la posibilidad de
modificar la solicitud de plaza, además de haber fraccionado el sistema de adjudicación en varias sesiones. “De todo ello deduce la Administración sanitaria el cumplimiento de las bases de la convocatoria, y de las
garantías del procedimiento para la libre elección de plaza”, sostiene.
Proceso de adjudicación de plazas MIR telemático
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto ante la Administración la importancia de la fase de adjudicación de las plazas del sistema de residencia en el acceso a la FSE, que constituye un
“elemento esencial” del Sistema Nacional de Salud (SNS), “como subraya el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de mayo de 2021 al revisar la convocatoria precedente”.
Según el órgano, esta conclusión se alcanza con fundamento en la previsión legal contenida en el artículo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que dispone que las personas que participen en las pruebas selectivas deberán
relacionarse obligatoriamente con la Administración a través de medios electrónicos. Esta norma dicta que esta relación exclusivamente telemática se llevará a cabo no solo en el proceso de trámites de cumplimentación y presentación de solicitudes, aportación de documentación y abono de tasas de examen, sino también en la fase de adjudicación de plazas.
Los MIR acuden al Defensor del Pueblo en busca de garantías
El escrito,
enviado al Defensor del Pueblo el pasado mes de mayo a nombre de Alejandro Cuéllar, portavoz de FSE Unida, recogía las “súplicas y quejas” acerca del sistema de elección de plaza que se propuso a los candidatos. En el mismo, la plataforma sostenía que, según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el sistema de elección estaría basado en
“un listado adjudicatario telemático sin posibilidad de cambios de última hora”.
Por otro lado, además de destacar la peculiaridad de
Medicina Familiar y Comunitaria, “la especialidad médica más relevante por su número de plazas”, FSE Unida ponía el foco sobre otros aspectos que preocupaban a los aspirantes, como la falta de transparencia que puede derivar de llevar a cabo un proceso en diferido o la posibilidad de un
aumento de las plazas vacantes. “Tradicionalmente la elección era de carácter público y el aspirante tenía la capacidad de ver en directo que plazas son escogidas con anterioridad a su turno, pudiendo recalibrar su propia lista y las prioridades de la misma según la marcha, derecho que consideramos indispensable a día de hoy", señalaba Cuéllar.
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