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Especialidades a favor de la troncalidad: es un paso atrás, reflexionemos

José Luis Poveda exige la dimisión del responsable de que la norma no estuviera correctamente planteada

De izquierda a derecha: Llisterri, Fernández-Pro, Zapatero, Sierra, De Lucas y Málaga.

20 dic 2016. 18.10H
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POR S. MELGAREJO / J. BARBADO / M. DOMÍNGUEZ
La anulación del Real Decreto de Troncalidad no ha sido bien recibida por un buen puñado de especialidades que veían en ella una buena oportunidad para “alinearse con los países más avanzados de Europa”, en palabras de Antonio Zapatero, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

“Es una pena que por un matiz [la memoria de impacto económico] se caiga un trabajo de diez años”, ha declarado a Redacción Médica, para lamentarse de que “hay que judicializar todo en este país” y la falta de cultura del consenso. No obstante, a pesar de tener que empezar otra vez, al menos “hay mucho trabajo hecho”.

Los neumólogos esperan que se pueda “reconducir” la situación porque el Real Decreto “suponía una mejora” y se han ajustado a los calendarios. Según Pilar de Lucas, presidenta de la Comisión Nacional de Neumología, la especialidad “acepta la decisión” del Tribunal Supremo porque entiende que “está fundamentada en la ley vigente”. De Lucas afirma que, aunque Neumología está de acuerdo con la troncalidad porque considera que la formación integral del médico especialista es una mejora en la calidad asistencial, “si no se acompaña de una memoria económica suficiente no podemos sino respetar la sentencia”.

Un trabajo de años

Aunque los hematólogos no estaban conformes con los dos años en que se tenía que desarrollar la especialidad, consideran que la anulación es un “gran trastorno”, en palabras de Jorge Sierra, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. “Nuestra valoración es negativa, es una sensación frustrante que después de trabajar tanto tiempo en definir la especialidad, ahora quede paralizada”.

En cuanto a la Asociación Española de Pediatría (AEP), su presidente, Serafín Málaga, ha calificado el fallo del Supremo de noticia "desgraciada" para las especialidades médicas "aunque solo sea por los años perdidos" en su diseño y consenso.  "En nuestro caso, nos costó mucho salir de la troncalidad pero lo conseguimos, así que el decreto en realidad no nos afecta", ha reseñado.

Más tajante se ha mostrado José Luis Poveda, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria, que ha pedido responsabilidades políticas y la dimisión del responsable de que la norma no haya llegado a buen puerto. "Ha costado mucho esfuerzo, trabajo y consenso, y es lamentable que un defecto asociado a quienes tenían que haber garantizado la viabilidad del Real Decreto lo haya echado para atrás".

Poveda se ha mostrado confiado en que se pueda recurrir la sentencia y poder sacar adelante la reforma de la formación sanitaria "con mucha ilusión", pero cree que es el momento de "plantearse quién es el responsable".

Un viraje del rumbo

Entre aquellos que apoyaron en su momento la troncalidad también se encuentra la Medicina de Familia. Sin embargo, dado que sus expectativas de que el MIR hiciera la residencia en Primaria durante buena parte del tiempo no se han visto colmadas, su opinión ha ido girando hacia el sentido contrario y observan esta anulación como una posibilidad para replantear el concepto.

“Me parece que esto hay que rehacerlo y retomarlo. Lo veo como una oportunidad para cambiar el rumbo actual de las cosas”, considera José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), su presidente, Antonio Fernández-Pro, opina que la actual situación es “buena para reflexionar” porque estaban defendiendo la troncalidad “pero no la que iba a salir”. El parón previsto en el desarrollo de la norma puede servir para pensar la dirección que los profesionales sanitarios quieren darle.

"Muy mala noticia"

En cuanto a los psiquiatras, el presidente de la Sociedad Española de la especialidad (SEP), Julio Bobes, ha tildado el fallo del Alto Tribunal de “muy mala noticia para el desarrollo de los MIR”; ha recordado las ventajas, a su parecer, de la troncalidad que ahora quedan en entredicho y espera, en todo caso, que el Ministerio de Sanidad subsane el defecto formal de la memoria económica para que la vía judicial admita en última instancia el decreto.

“No sabemos si ha sido por simple olvido, pero lo cierto es que el Ministerio ha cometido un error en la presentación del decreto y entendemos que el juez ha visto que falta un elemento para poder aprobarlo”, ha reflexionado.

En su opinión, no se trata por tanto de una crítica judicial al contenido de fondo de la normativa, sino de la falta de un requisito que, una vez subsanado, espera que resuelva el problema y el decreto siga adelante.

Psiquiatría infantil, en especial agraviada

En cualquier caso, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría ha lamentado el jarro de agua fría que supone el fallo para estos médicos, a los que se ha asignado un tronco dentro del proyecto conformado por dos especialidades: Psiquiatría del Adulto y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.

Lo sucedido –incide– echa por tierra, a priori, dos años de trabajo para fijar las competencias transversales y específicas de ambas especialidades; “En la de Psiquiatría de la Infancia, el daño es todavía mayor porque está recién creada y empleó dos años para conformarse más otros dos para delimitar las competencias que debían adaptarse al decreto”, ha lamentado.

Un argumento en el que ha insistido Celso Arango, el presidente de la Comisión Delegada del Tronco: “El fallo trae como daños colaterales la derogación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente lo que, sin duda, retrasará aún más la formación adecuada de los psiquiatras que vean población pediátrica, y eso nos vuelve a situar al nivel de los dos o tres países de Europa que no tienen esta especialidad como Albania o Bulgaria”.

“Al final se impondrá el sentido común, pero perderemos un tiempo precioso y, lo que es más importante, los ciudadanos de este país pagarán este retraso con una menor calidad en su atención sanitaria de la que podrían haber tenido, lo que es especialmente preocupante para los niños y adolescentes con trastornos mentales”, ha incidido.

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