José A. Puglisi. Madrid
La Comisión Permanente del Consejo de Estado quiere menos exclusión en los Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada para garantizar el objetivo de mejorar la formación continuada de los profesionales sanitarios. Así lo ha indicado a través de un dictamen en el que analiza el proyecto del Real Decreto que regula estos diplomas, normativa que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de julio, pero que aún está a la espera de ser publicada.
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José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado.
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Específicamente, el Consejo de Estado critica que se excluya a las profesiones tituladas que, no siendo sanitarias o que carezcan de una especialidad sanitaria existente para el desarrollo de su función, desarrollen una labor en el ámbito sanitario. “No parece corresponderse de manera adecuada con la intención del proyecto que se proceda a la exclusión de su ámbito de aplicación de profesionales con título de especialista sanitario”, indica el dictamen.
En este sentido, en el documento se aconseja incluir a los sujetos que establece el artículo 19.1 de la ley 44/2003: “también podrán establecerse especialidades en Ciencias de la Salud para otros titulados universitarios no citados en los preceptos mencionados, cuando su formación de pregrado se adecue al campo profesional de la correspondiente especialidad”.
Otras de las recomendaciones impulsadas por el Consejo de Estado son la incorporación de las líneas generales del procedimiento de renovación de los diplomas, debido a que cuentan con una vigencia temporal limitada que, según el artículo 3.3 del proyecto, se estima que será de cinco años. Además, considera de importancia que las propuestas de creación de un Diploma de Acreditación o de un Diploma de Acreditación Avanzada estén acompañadas de una justificación de su necesidad, así como que establezcan cuáles serán sus requisitos, programas o contenidos, vigencia del diploma y procedimiento de renovación.
Otras ‘pegas’
En el dictamen también se recopilan las recomendaciones o críticas realizadas desde otras instituciones. Por ejemplo, Comisiones Obreras ha objetado que se incluya como criterio para la expedición de estos diplomas la adquisición de competencias junto a la obtención de la correspondiente formación continuada. Sin embargo, el Consejo de Estado ha estimado que “el proyecto no incurre en este punto en un vicio ultra vires”.
El Gobierno Vasco, por su parte, ha indicado que la norma es una invasión de su competencia en materia de uso de la lengua propia, debido que se impone el empleo del castellano en la redacción de los diplomas. En este punto, el Consejo de Estado ha precisado que “el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones en la lengua cooficial de su elección no queda coartado por esta previsión del proyecto. La petición de expedición podrá en efecto efectuarse en cualquiera de las lenguas cooficiales allí donde exista”.
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Aprobada la nueva regulación de Diplomas de Acreditación profesional (10/07/2015)