Redacción. Valencia
La consejera valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha firmado con el presidente del Consejo de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, Jaime Giner, y con la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas Ortoprotésicas, María Luisa Lacomba, los convenios que articulan la gestión de ayudas que compensan los gastos del copago farmacéutico y ortoprotésico a personas con diversidad funcional y pensionistas. El acto ha estado presidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha indicado que con estas medidas el Consell "está reparando lo que se destruyó".
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Carmen Montón, Ximo Puig, María Luisa Lacomba y Jaime Giner.
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Puig ha explicado tras la firma que con estos convenios se busca "reparar una parte de los derechos dañados por la acción de la crisis y su gestión por parte del Gobierno" y ha destacado que la Generalitat "antepone los interereses generales de las personas frente a otros" ya que su prioridad "son las personas y la garantía de la igualdad ante la enfermedad".
El 'president' ha manifestado que "los que menos tenían han tenido menos oportunidades para su vida cotidiana y han llegado a extremos de romper su tratamiento médico" por no poder hacerle frente económicamente, por lo que "es evidente que había que darle una solución". Como ejemplo, ha dicho que recibió la carta de una doctora relatándole el caso de una mujer mayor que le pidió que rompiera la receta cuando le dijo que su tratamiento costaba ocho euros porque "era más importante comprar dos pollos a sus nietos".
"Ojala más pronto que tarde el gobierno de España que rompió estos derechos los devuelva", ha dicho, aunque mientras tanto, la Generalitat ayudará a que los valencianos "tengan el acceso universal que garantice la prestación". Primero la atención se ha centrado en personas con discapacidad y pensionistas con menos de 18.000 euros de pensión con la idea de que "se vuelva a lo que había antes".
Disculpas a los farmacéuticos
Puig, que ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración, también les ha pedido "disculpas" por los "retrasos" en los pagos por las prestaciones "que ha habido en este tiempo y que hay aún pero la voluntad es la de estabilizar la relación y que las farmacias configuren una parte fundamental del sistema de salud".
La Generalitat ha habilitado dos líneas presupuestarias de 35 millones y 6.630.240 euros para subvencionar el copago de medicamentos y material ortoprotésico. Desde el 1 de enero que entró en vigor la supresión del copago, la medida ha beneficiado a 530.462 pensionistas y 71.640 personas con diversidad funcional, según ha precisado Carmen Montón. "Este es el sentido de nuestro trabajo", ha considerado, y ha añadido que la Comunidad está en la "vanguardia" de la recuperación de derechos".
Las personas con derecho a esta supresión del copago no necesitan realizan ninguna gestión sino únicamente ir a la farmacia con el SIP, ya que los establecimientos saben si son beneficiarios tras el trabajo de integrar bases de datos y el sistema informático. En este sentido, tanto Puig como Montón han agradecido el trabajo conjunto y colaboración de los colegios oficiales de farmacéuticos y la Asociación de Empresarios de la Comunidad Valenciana de Ortopedia para poder llevar a cabo esta medida.
La consejera, por su parte ha subrayado que seguirán exigiendo al Gobierno la derogación de los decretos del copago y ha añadido que han solicitado que se convoque un segundo Consejo Interterritorial para tratar de la prescripción farmacéutica aunque también llevarían esta cuestión porque quieren eliminar una norma que "tanta crueldad ha traído".
Por su parte, Giner ha expresado el compromiso de los farmacéuticos con la sociedad y ha agradecido la labor dialogante de la Dirección General de Farmacia, al tiempo que se ha mostrado seguro del compromiso de la administración para hacer frente a los pagos. "Confiamos en que la administración cumpla sus compromisos. Hasta ahora lo ha cumplido", ha dicho, aunque ha indicado que falta por recuperar "un cierto impago", están colaborando con la Generalitat en la reclamación de una financiación justa.
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