La
política sanitaria de España de los últimos años está muy lejos de superar el examen del
Tribunal de Cuentas. El órgano ha emitido un informe en el que carga duramente contra el Ministerio de Sanidad y las medidas y fórmulas para la
financiación pública de medicamentos de los últimos años, centrándose en la difícil comprobación de la buena marcha de los techos de gasto, la falta de información sobre los precios de los productos hospitalarios y los efectos nocivos de los
precios de referencia sobre productos de “probada eficacia terapéutica”.
El informe del Tribunal de Cuentas, que analiza los periodos de 2014 y 2015, considera que, para empezar, la evaluación de los fármacos “se realiza de acuerdo a distintos criterios establecidos en el seno de la
Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos (CIPM) u otras instancias del Ministerio de Sanidad, si bien estos han sido comunicados de manera informal al personal evaluador y no están recogidos en ningún manual de procedimiento. (…) Debería considerarse la conveniencia de ampliar los estudios económicos que actualmente se realizan, mediante el examen y en su caso implementación de nuevas metodologías de análisis, así como reforzar el empleo de procedimientos escritos y comunes para todos los evaluadores”.
Asímismo, el informe advierte de que los
techos de gasto de medicamentos puestos en marcha por el Ministerio de Sanidad de generar disfunciones y falta de fiabilidad. Los modelos de contrato con los que se han formulado “hace de difícil comprobación el cumplimiento del límite fijado en las distintas resoluciones y sus retornos al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Concreta que esta fórmula ya concentra un techo de gasto conjunto aproximado de 1.198 millones de euros, oscilando entre los 8,6 millones dedicados a un solo producto (cuyo nombre no se revela) y los 786 millones asignados a los
fármacos para combatir la hepatitis C.
Sin datos fiables entre 2013 y 2015
En general, los ‘zarpazos’ del Tribunal de Cuentas van destinados también a los sistemas de información y comprobación de datos de Sanidad y los proporcionados por las comunidades autónomas. Por eso indica que son,“en términos generales, desconocidos los precios de los insumos farmacéuticos hospitalarios” entre 2013 y 2015.
Algo similar ocurre en el caso del sistema creado por Sanidad para hacer seguimiento del abastecimiento de medicamentos en el mercado nacional. “Recibió información únicamente del 43 por ciento del laboratorios y almacenes mayoristas registrados por la Aemps, por lo que resultad ineficaz para la finalidad perseguida”.
Órganos sin constituir
El órgano de inspección también advierte de que siguen sin desarrollarse algunos de los órganos fundamentales para la financiación pública de medicamentos. Este es el caso del
Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, cuyo creación fue prevista en el RDL 16/2012 y que sigue sin existir.
Por otro lado, en el capítulo de recomendaciones, el informe llama a “
analizar ventajas e inconvenientes del sistema de precios de referencia, con el fin de evitar que los mecanismos puramente matemáticos puedan ejercer efectos perversos y provoquen la salida de la prestación farmacéutica de medicamentos de probada eficacia terapéutica”.
Además, el tribunal considera que “sería conveniente una
mayor integración de todos los sistemas de tratamiento de la información” y que la Dirección General de Farmacia elabore “un manual de procedimientos en el que se definan las funciones y responsabilidad de las distintas áreas y unidades organizativas que la componen, procurando una adecudaad segregación de fundiones”.
Acceda al informe del Tribunal de Cuentas
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