La decisión del
Ministerio de Sanidad de aplicar un proceso de
recertificación de las competencias profesionales sobre todos los sectores sanitarios ha abierto un debate sobre la fórmula y el encaje que debería tener este proceso en cada disciplina. Desde el
Consejo General de Farmacia apuestan por recurrir en su caso a un modelo propio que ya han diseñado y que establecería un plazo máximo de
6 años para revisar las condiciones de los empleados.
Su propuesta se asienta fundamentalmente en la estimación de la formación adicional que han cursado los farmacéuticos, que deberá ser analizada por los
comités de evaluación de los colegios oficiales sobre los que recaerá el peso de validar si cumple con los estándares mínimos. Lo que sí que han descartado es que en este proceso se vaya a activar ningún procedimiento de
examen convencional para verificar conocimientos.
“Es un proceso que nos va a ayudar a poner en valor todo lo estudiado”, ha explicado a
Redacción Médica Cristina Tiemblo, miembro del Comité Directivo del Consejo y coordinadora del proyecto de recertificación a nivel nacional.
El modelo de evaluación tendrá en cuenta tres pilares fundamentales. El primero es el relativo a la
deontología, que llevará a los aspirantes a aceptar el
Código de la Profesión Farmacéutica. Mientras que el colegio respectivo deberá comprobar que no disponen de ninguna
sanción en firme por haber sobrepasado alguna de estas normas. Se trata de un requisito de obligado cumplimiento.
Los otros dos pilares lo componen la
actividad profesional que se evaluará con un
60 por ciento de la calificación y las vertiente
formativa que representará un
40 por ciento. En el primero de los casos, se tendrá en cuenta la duración y características de las funciones realizadas en su puesto de trabajo, mientras que en el segundo se analizarán aportaciones de formación adicional, investigación o docencia.
Entre las particularidades de esta propuesta, figura que el proceso será completamente
gratuito para los participantes. Aunque por el momento solo se circunscribirá a los titulados del
Grado de Farmacia ya que no se contempla la certificación de las
especialidades resultantes del FIR como la hospitalaria o los análisis clínicos. De esta forma, el proceso afectará fundamentalmente a los profesionales que ejercen en el ámbito de las
oficinas de farmacia.
Tiemblo ha explicado que la recertificación estará
abierta a todos los campos del conocimiento que encajen en la profesión farmacéutica y cumplan con los criterios de los comités, pero que no se dará prioridad a los focos de investigación que se encuentren en la
“vanguardia” durante el periodo de los últimos 6 años. “Los evaluadores valorarán la documentación en función de las tareas o contenido”, ha relatado.
La recertificación farmacéutica, en la mesa de Sanidad
El Consejo de Farmacia ya remitió en 2019 el documento con su propuesta de recertificación a la
Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Un margen de adelanto que ahora confían en que juegue a su favor para que finalmente se implante cuando el Gobierno tome una posición definitiva con su
plan para extenderlo a todas las profesiones. “
Nuestro modelo está muy consolidado”, ha celebrado Tiemblo.
A diferencia de otras disciplinas como la Medicina que ha delegado buena parte de la
evaluación en las sociedades profesionales de cada especialidad, la Farmacia ha decidido que esta responsabilidad recaiga sobre las diferentes
vocalías que conforman su estructura. Hasta la fecha
48 de los 52 colegios profesionales ya han dado el visto bueno para adherirse al plan.
El texto además cuenta con el beneplácito de la
Asamblea del Consejo General, por lo que la única duda pasa por si finalmente el Gobierno aceptará su propuesta cuando regule formalmente la recertificación en todas las profesiones sanitarias.
“Estamos en disposición de arrancar”, ha apuntado Tiemblo.
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