La necesidad de aplicar
nuevos incentivos fiscales para mejorar la situación económica de las
oficinas de farmacia comunitaria ubicadas en las zonas despobladas se ha convertido en un punto de encuentro para
Partido Socialista y Partido Popular. Aunque las dos grandes formaciones del bipartidismo no acostumbran a manejar propuestas impositivas similares, sí que han recogido en esta ocasión el guante que ha lanzado el
Consejo General de Farmacia y se han abierto a modificar el sistema de impuestos para garantizar la presencia de estos profesionales en los municipios de menor población de la
España vaciada.
La portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Senado
, Esther Carmona, ha explicado a
Redacción Médica su sintonía con aplicar cambios en la fiscalidad que favorezcan a los farmacéuticos del entorno rural, aunque ha cedido buena parte de esta decisión a las administraciones autonómicas. “No cabe duda que sería
un elemento clave para afianzar la fidelidad de este colectivo de farmacéuticos en aquellos puntos geográficos en donde están destinados a extinguirse”, ha apostillado.
La senadora del PSOE ha reivindicado que “favorecer fiscalmente” a este colectivo puede ser una salida para que las
oficinas de farmacia que no cuentan con “solvencia” económica debido a su particular situación geográfica “pudieran permanecer en esas comunidades y municipios pequeños” y prestar atención a la ciudadanía. “
Es una realidad que habrá que abordar”, ha insistido.
Paquete fiscal para toda la sanidad rural
En la misma línea se ha posicionado la portavoz de Sanidad del grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados,
Elvira Velasco, quien ha recordado que esta medida fiscal ya lleva tiempo sobre la mesa de su formación tanto para los farmacéuticos, como para garantizar la presencia de médicos y enfermeras en los lugares con mayor pérdida de habitantes. “
Tienes que marcar alguna diferencia para dar facilidades para ir a las zonas despobladas”, ha relatado a este periódico.
Velasco se ha abierto a “barajar” esta nueva estrategia fiscal para encajarla dentro de un
“paquete” que favorezca a todo el conjunto de las profesiones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Hay que conseguir que los servicios que se dan en el medio urbano estén garantizados también en el rural”, ha apostillado la diputada popular que ha advertido que en muchas ocasiones el farmacéutico se queda en los pueblos más por su
“labor social” que por la “rentabilidad” que obtiene con su trabajo.
Este punto de vista compartido se produce después de que el Consejo de Farmacia haya presentado un informe en el que identifica hasta
530 oficinas de farmacia en una situación de vulnerabilidad económica ubicadas en municipios de menos de 800 habitantes, lo que representa el
28,4 por ciento del total de establecimientos de estas características. Una realidad que ha llevado al organismo colegial ha solicitar el despliegue de estos incentivos, así como
nuevas fórmulas de remuneración.
El análisis de los farmacéuticos ha concluido que el sector tiene un impacto económico en las zonas rurales de
1.600 millones de euros, mientras que genera
23.000 puestos de trabajo. Además, la presencia de las oficinas en los pueblos se ha demostrado una medida eficaz para
ralentizar el efecto de la despoblación sobre la población en edad de trabajar.
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