Marcos Domínguez / Eduardo Ortega / Imagen: Miguel Fernández de Vega y Cristina Cebrián. Madrid
Las subastas andaluzas, puestas en marcha en 2012, han estado revestidas de polémica. Mientras que la Junta siempre ha defendido que son una medida viable y legal para ahorrar en el gasto farmacéutico, el Gobierno central ha recurrido las primeras convocatorias y está a la espera de un dictamen del Tribunal Constitucional. Esta cuestión vuelve a adquirir relevancia frente a los comicios que se acercan, por la posibilidad de extender su función a todo el país.

De izquierda a derecha: Jesús Aguirre, Juan José Rodríguez Sendín, Fuensanta Coves, Alicia Aguirre, José Ramón Luis-Yagüe y Rafael Borrás.

Alicia Aguilar, jefa de Servicio de Gestión de Prestación Farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud (SAS): Tengo que aclarar que no hay en realidad una subasta porque nosotros, el SAS, no compramos los medicamentos. Ante la prescripción por principio activo –que en Andalucía alcanza ya el 93 por ciento–, el farmacéutico tiene que dispensar el medicamento de menor coste. Teníamos una asignatura pendiente, reivindicada por nuestros médicos, que no entendían que fuera la farmacia la que decidía qué presentaciones dispensaban, y esto conlleba una importante ganancia porque los laboratorios, lícitamente, les han ofertado bonificaciones por dar su medicamento. Pensamos que esos beneficios debían ser para el sistema sanitario público andaluz. Las convocatorias públicas solo seleccionan el preparado comercial que las farmacias tienen que dispensar cuando se prescribe por principio activo. Los beneficios que antes iban para las oficinas de farmacia van ahora para la Administración Pública y, por tanto, para los andaluces.

Jesús Aguirre, senador del Partido Popular: La subasta no aporta nada nuevo. Además, asume competencias que no son suyas. Las competencias de precio y accesibilidad del medicamento son del Gobierno de la nación. Esto quedó reflejado en la ley del medicamento, cuya última modificación se publicó en mayo del año pasado. Las subastas han generado muchos problemas de acceso al medicamento y no suponen ahorro económico, al revés que las medidas puestas por el Gobierno en el real decreto 16/2012, por el que Andalucía no está apostando: si el resto de las comunidades autónomas están ahorrando en torno al 15-16 por ciento, ésta se queda en un 10, lo que supone una merma de casi 400 millones de euros en los últimos 4 meses. El Gobierno ha buscado la accesibilidad y que el precio de los medicamentos sea el mismo en todas partes. La subasta no ha supuesto beneficio para los pacientes y solo ha sido una traba en el acceso a los fármacos.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC): La profesión médica ya se posicionó a favor del ‘cataloguiño’ gallego, que tiene prácticamente los mismos componentes. Nuestra comisión de deontología ya realizó un informe que ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional para decir que no hay falta de libertad de prescripción, ni atentado a la calidad. Lo que ha hecho Andalucía ha sido reforzar la prescripción por principio activo y lo ha puesto de manera distinta, lo que es propio cuando hay diferencias ideológicas de por medio. Lleva a pensar que hay mecanismos de ahorro que se pueden usar independientemente de quien está gobernando. Las razones por las que estamos de acuerdo son porque no se está haciendo nada raro con la competitividad. Otra cuestión es quién lo tiene que hacer y quién no, ahí nosotros no entramos ni salimos. Creemos que es una clara responsabilidad ética de los profesionales, intentar que la molécula salga al mejor precio posible. Otra cosa más a tener en cuenta es el tema de la bioapariencia. Los laboratorios de genéricos hacen cajas iguales para medicamentos distintos y al revés, cajas distintas para los mismos medicamentos. Esto confunde a diario a los pensionistas, a los que se les cambia de medicamento simplemente porque varía el precio o, en su caso, las bonificaciones. Los mayores se equivocan porque les cambian los colores. Esto lo resuelve el tema del que hoy hablamos porque se limita a unos medicamentos y no hay por qué cambiarlos.

Rafael Borrás, director de Relaciones Institucionales de Teva: Hay una ruptura de la equidad. Tenemos un modelo en toda España con una revisión constante del precio del medicamento. Éste sigue estando en el centro del debate cuando hay muchos más temas sanitarios de los que tenemos que hablar. Otro elemento importante es lo que aporta la industria al sistema español. Además, las compañías que no hemos ido a la subasta hemos paliado la ineficiencia del modelo: hay un 46 por ciento de desabastecimientos, según datos de IMS. Y los laboratorios que han ganado las adjudicaciones no están invirtiendo en España. Compañías como nosotros, que formamos empleo, que tenemos dos plantas, una de fabricación y otra de logística, y cumplimos con el modelo económico, no podemos luchar en las mismas condiciones que estas otras, que cotizan en su país. En definitiva, tenemos un marco, el modelo de precios de referencia, que es un modelo equilibrado y todos entramos, pero además hay otros elementos sobre los que hay que debatir.

José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria: La industria innovadora aporta el 20 por ciento de la I+D que se hace en España, y mantiene más de 40.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos. El sector al que represento se siente una parte importante del Sistema Nacional de Salud, un colaborador, no solo un proveedor más. Tenemos un modelo que no deberíamos romper: el Ministerio de Sanidad tiene las competencias para establecer los precios de los medicamentos y decidir cuáles se introducen en la prestación farmacéutica pública, para que las comunidades gestionen esta prestación. Cuando se toman iniciativas de carácter individual llevan a problemas de desabastecimiento, duplicidades, fallos en la cadena de suministro... Por tanto, debemos mantener el modelo con el que nos hemos dotado porque quien sale perjudicado es el paciente. La industria también, y precisamente por ello las hemos recurrido y seguiremos haciéndolo. En regiones como Andalucía, donde se pone en marcha una selección de las marcas que se pueden dispensar al paciente, se están excluyendo otras que el Ministerio de Sanidad ha establecido para todos los españoles, y esto da lugar a diferencias de acceso, al número de medicamentos al que pueden acceder los pacientes de Madrid y Andalucía, por ejemplo. Esto no es bueno para la industria farmacéutica ni para los pacientes.

Fuensanta Coves, senadora del PSOE: La selección de medicamentos se va a imponer con el tiempo. Podemos manifestar nuestro disentir, pero es una cuestión que se ha tratado en países como Alemania, donde se ha reconocido que los ahorros son ingentes. Estoy en desacuerdo con que se rompa el principio de equidad: hasta ahora, tras la prescripción por principio activo, quien seleccionaba la presentación de este medicamento era el farmacéutico. Ahora, quien lo hace es la Administración. En un pueblo con dos farmacias es muy posible que el medicamento que da una sea distinto que el de la otra. ¿Eso no sería romper con el principio de equidad? ¿Las farmacias acaso tienen todas las presentaciones que están en el mercado de ese principio activo? Es curioso escuchar que se ha producido un problema desabastecimiento cuando en la primera subasta el Gobierno llamó a los laboratorios para que no firmen el convenio con el SAS. Además, a los que concurrieron a la primera subasta se les ha sancionado y obligado a no presentarse a las siguientes, y muchos de ellos han tenido que rebajar el precio de los medicamentos un 20 por ciento en toda España. En las subastas se han ahorrado 104 millones de euros que, además, han ido destinados a subsanar el copago que el Gobierno de España ha implantado. La factura farmacéutica nacional ha subido 180 millones de euros entre 2013 y 2014, mientras que en Andalucía se han ahorrado 104 millones desde la implantación de las subastas. Otra razón más por la que no se rompe el principio de equidad: en los hospitales se hacen subastas desde hace muchos años. Que el esparadrapo de uno sea distinto al del otro no ha llevado a nadie a pronunciarse en contra, y menos al Gobierno de España. Se ha ganado la adhesión al tratamiento al paciente a costa de disminuir los beneficios de la industria.

Fuensanta Coves, Jesús Aguirre y José Ramón Luis-Yagüe, durante el debate.

Alicia Aguilar: No hay discriminación en el paciente: el médico prescribe por principio activo, la administración elige el preparado comercial. Además, de los 19 laboratorios que han participado en las seis convocatorias, nueve son españoles. Y los otros también invierten. Lo que queremos es que se presenten todos los laboratorios. La previsión de ahorro para el año que viene ronda los 140 millones, y tenemos el objetivo de llegar a 200. Este beneficio que está teniendo la Administración se les quita a los farmacéuticos, pero he de decir que nos están apoyando. Gracias a la oficina de farmacia podemos llevar esto a cabo sin problemas, porque cuando hay desabastecimientos dan otro medicamento de las mismas características. Pero desabastecimientos hay en todos los medicamentos, no solo los de la subasta, y eso pasa con todos los laboratorios.

Jesús Aguirre: El modelo que tenemos aquí es el de los precios de referencia, con el precio más bajo, que es una subasta continúa de medicamentos cada tres meses. Esto da capacidad a cualquier laboratorio para adaptarse a ellos. Si queremos asumir competencias que no son nuestras, debemos cambiar las leyes, y hay unos trámites para hacerlo. Mientras no se cambien, las reglas del juego son las que tenemos. Desde el punto de vista económico, con la distribución social del copago y el uso adecuado del medicamento, todos sabemos que el ahorro ha sido de más de 4.000 millones de euros. De 2011 a 2014, ha habido una bajada de un 16 por ciento, mientras que en Andalucía ha sido del 10 por ciento.

Juan José Rodríguez Sendín: El beneficio que genera esta medida, al igual que la del Gobierno de Galicia (hermana carnal de la medida andaluza), es el ahorro, lo único que pasa es que el dinero solo cambia de sitio. Hace unos días, el Tribunal Constitucional ha sentenciado la supuesta inequidad de la decisión gallega, y sigue diciendo que es absolutamente constitucional. Cualquier medida que ahorre para invertir en aquello que sea necesario, como los medicamentos innovadores, es absolutamente obligatoria. Con la pretensión del Gobierno de llegar al 5,13 por ciento bruto del gasto sanitario para 2017 que hemos comunicado a la autoridad europea, es improbable que, si no desinvertimos por un lado, no podamos mantener la calidad de los servicios. Es una llamada de atención a la concordia de los grupos políticos para que lo que valga en Galicia lo haga para el PSOE y el PP en Madrid. Es una llamada a la ética pública.

Rafael Borrás: En 2014 se ahorra un 54 por ciento en la factura farmacéutica, pero hay un 46 por ciento de esa subasta que no ha funcionado. Si se preveía ahorrar 100 millones, se consiguen 54. Son datos públicos de IMS. En el 46 por ciento, ha habido desabastecimiento de medicamentos, y hay un informe actual de un grupo de pacientes andaluces que lo está señalando.

Alicia Aguilar, del SAS. José Ramón Luis-Yagüe, de Farmaindustria.

Alicia Aguilar: Hemos dicho los millones que hemos ahorrado. De esos alrededor de 900 medicamentos solo se han cubierto 499; en el resto, los laboratorios no se presentan. Nuestra previsión es que, cuando estén todas las agrupaciones homogéneas –solo sacamos a convocatoria aquellos medicamentos que se han establecido como agrupación y están en precio menor–, el ahorro será de 200 millones. El beneficio sobre el precio de venta al público es de un 26 por ciento, sobre el precio de venta libre es un 47 por ciento, una mejora muy importante. Estamos teniendo los resultados que preveíamos, y tendremos más cuando los tengamos todos los laboratorios se presentaran, porque habría más concurrencia y más competencia.

Rafael Borrás: A nivel nacional, tenemos un modelo que se revisa cada tres meses y en el que todas las compañías entran. Pero no podemos hablar solo de precio sino también de la aportación de las empresas. Es un tema de equilibrios, no podemos mirar solo nuestra parcela habitual. Por otro lado, hay otros elementos de debate: la relación con entidades privadas, las farmacias, que no podemos verla desde el mismo prisma que el de un hospital público. Podemos entrar asimismo en el aspecto de la bioapariencia. Confío en los profesionales médicos y en los farmacéuticos, y sé que no hacen una intercambiabilidad constante de los medicamentos como si hicieran una subasta en su propia oficina de farmacia. El incumplimiento terapéutico, algo que debemos abordar todos, recuerdo que es multifactorial y no depende solo de si hay más o menos bioapariencia.

Eduardo Ortega: Este combate a la subasta andaluza, ¿viene por el miedo a las posibles sanciones del Gobierno central?

José Ramón Luis-Yagüe: El ‘cataloguiño’ no tiene nada que ver con las subastas. Galicia no puso en marcha un sistema para seleccionar, en caso de prescripción por principio activo, una determinada marca eliminando otras de la prestación farmacéutica pública. La sentencia del Tribunal Constitucional tiene dos votos particulares muy potentes que recomiendo leer. Dicen que la sentencia no ha entrado en el fondo de la cuestión, y lo que se estaba debatiendo es la capacidad de las comunidades para romper las reglas del sistema. Dicho esto, el Tribunal Constitucional cuando juzga lo hace a la luz de la ley del momento, no la que había cuando se tomó la medida. Y dice que el ‘cataloguiño’, con la normativa anterior, no tenía encaje jurídico. Quiero insistir en que tenemos un sistema modélico, el de precios de referencia, que permite que estas marcas se acomoden al precio menor. Lleva a que se vayan generando ahorros en el sistema, casi 4.000 millones entre 2010 y 2012. Si lo rompemos, a lo mejor gana una comunidad en detrimento del resto. Por buscar ahorros en el entorno regional se está perjudicando a otros, y eso no es solidaridad. No tememos a las sanciones, pero si un medicamento puede ofrecer un precio determinado a las comunidades, por qué no va a ofrecerlo para todo el SNS.

Rafael Borrás: No ha sido por amenazas sino por convicción como compañía. El sistema actual va generando ahorros con un equilibrio, y la mayoría de laboratorios pueden entrar al juego. Innovador y genérico se retroalimentan, las compañías de genéricos hemos de poder lanzar nuevas moléculas, porque al final el ahorro se puede quedar en nada: si no salen genéricos, no hay bajada de precios.

Fuensanta Coves: No hay incompatibilidad entre la subasta y el sistema de precios de referencia. Es más, lo que ha traído la subasta es que los laboratorios, a nivel de toda España, han tenido que bajar precios, lo que ha beneficiado a otras comunidades. Volviendo a los desabastecimientos: no conozco que se hayan producido alertas en el ministerio por este tema, no hay que alarmar a la población. En cualquier caso, el farmacéutico está habilitado para dispensar otro medicamento aunque no haya ganado la subasta. ¿No hay empresas nacionales? En Almería, gracias a la subasta de medicamentos hay un laboratorio, Durbán, que ha implementado una segunda línea por la tarde, ganando en competitividad, invirtiendo y empleando a más personas. Contextualicemos un poco: los grandes laboratorios invierten un 5 por ciento en investigación, un 10 por ciento en desarrollo y un 45 por ciento en márketing. ¿Qué problema hay en que ese dinero que se dedica a publicitar a las grandes marcas se ahorre en la factura farmacéutica nacional o autonómica? La traslación nacional de la subasta correspondería al Gobierno de España.

Fuensanta Coves, del PSOE. Juan José Rodríguez Sendín, de la OMC.

Alicia Aguilar: Nosotros somos respetuosos con la normativa estatal. No modificamos los precios de referencia, esto es una medida complementaria. Dicho esto, el ministerio podría hacer lo mismo que Andalucía para cada medicamento, acordando un precio máximo, un techo, y después las comunidades podrían bajar ese precio. Se beneficiaría toda España. Pero no se va a dejar un solo proveedor para todo el SNS, ni siquiera Andalucía lo hace, y lo tenemos en cuenta: por ejemplo, para la metformina, que se prescribe mucho, damos la adjudicación a varios laboratorios. A nivel nacional se haría de la misma forma y con un precio seleccionado máximo.

Jesús Aguirre: Cada vez que la Abogacía del Estado ha emitido un informe negativo en política de medicamentos en las comunidades autónomas, independientemente de su color político (euro por receta en Madrid y Cataluña, el algoritmo en la Comunidad Valenciana, etc.), ha hablado de la inconstitucionalidad de estas medidas. El Gobierno, si entra en la legislación vigente, puede hacer una subasta. Y es que, por ejemplo, estamos llevando a cabo centrales de precios a través del Ingesa, en las que Andalucía no participa. Lo que pido es coherencia y que sigamos todos las reglas del juego. Pero, ¿merece la pena hacer una subasta teniendo el sistema de precios de referencia? No aportaría nada nuevo.

Juan José Rodríguez Sendín: El ‘cataloguiño’ no es lo mismo pero, en lo sustancial, que es lo que ven los médicos, lo es. Lo que parece ridículo es que haya moléculas representadas por 140 medicamentos, y vuelvo a insistir en los riesgos de la duplicidad, que es muy difícil evitar. Las muertes ocasionadas por el mal uso de los medicamentos en Europa superan las 180.000 personas al año. La bioapariencia es un tema importante y no se ha querido resolver. Otra cuestión es quién se ha quedado con los ahorros, qué se hace con ese margen económico. Además, si Andalucía ha podido hacer la subasta, cómo no va a ser posible hacerla en todo el Estado: lo que falta es la voluntad.

José Ramón Luis-Yagüe: La competencia que generan los precios de referencia es sana, permite liberar recursos para financiar nuevos medicamentos. Estoy de acuerdo con el sistema con el que nos hemos dotado. Si en un momento determinado un grupo terapéutico se pone en unos niveles de precios que son insostenibles, quizá haya que darle un tratamiento especial, algo que está previsto en la ley, por cierto. Que en un momento determinado el ministerio establece que el precio es ‘X’ y que los laboratorios se deben adecuar a ese precio, no me parece mal. Lo que no me parece bien es que las comunidades puedan dar una nueva vuelta de tuerca, porque estamos rompiendo el sistema. Si el medicamento va a tener un tratamiento distinto en Andalucía que en Extremadura, a lo peor se traduce en diferencias de acceso. En este sentido, la mejor forma de no equivocarnos es prescribir por marca, tengo que hacer una defensa de ello. Uno de los argumentos que pone Andalucía para justificar la subasta es evitar la variabilidad: nosotros pensamos que esa variabilidad se evita prescribiendo por marca. Frente a planteamientos intelectualmente interesantes como la bioapariencia, pero que son irrealizables por su coste, la adherencia al tratamiento se asegura identificando claramente al paciente el tratamiento que va a tomar. Además, los medicamentos de marca tienen el mismo precio que los genéricos, por lo que el paciente sigue ganando.

Juan José Rodríguez Sendín, Alicia Aguilar y Rafael Borrás, en un momento del debate.

Rafael Borrás: Me preocupa que a la industria no se le trata como merece: la gran compañía que tiene muchos beneficios, los hombres de negro conspirando... Detrás de las compañías hay personas: gente en la calle, familias que dependen de nosotros... No ataquemos sutilmente a un sector que aporta mucho. Por otro lado, hay dos modelos de precios: disruptivo, como las subastas, que no ayuda a la competencia y hay muchas compañías que quedan fuera, y otro con precios que los marca la Administración, con una revisión y bajada constante, y donde la gente puede competir. Tenemos 17 comunidades pero si al final cada una va a presentar su historia, hay rivalidades políticas y estamos en 17 mercados diferentes... Por otro lado, el gran debate es lo que se destina a la propia sanidad: el gasto sube porque sube el número de crónicos, los tratamientos… Las listas de espera, por ejemplo, desde el punto de vista económico las soportan los medicamentos. ¿Destinamos realmente a sanidad lo que necesita? El ahorro debe ser finalista. Hay que ver cómo beneficia al resto de su propia estructura.

José Ramón Luis-Yagüe: El medicamento parece que está siempre en el centro del debate. No deja de sorprender que la noticia sanitaria del mes sea el gasto farmacéutico. Que hablemos siempre de otras partidas de gasto sin carácter peyorativo, pero de la farmacia sí. Por cierto, en 2014, supuso el 15 por ciento del gasto sanitario total, cuando en 2012 era del 17. Tenemos un problema de financiación del sistema, necesitamos más recursos para sanidad si queremos seguir teniendo una de primera línea. El milagro de la eficiencia que estamos obrando es a costa de unos salarios profesionales francamente mejorables y unos medicamentos con precios muy bajos, entre el 15 y 23 por ciento menos que en Europa, lo que produce problema de desabastecimientos por exportaciones paralelas. No hay que criminalizar a la industria, me gustaría que nos vieran como los que aportan soluciones, porque lo hacemos. Gracias a los medicamentos tenemos enfermedades que han desaparecido o, aquellas que tenían altísima mortalidad, se han convertido en enfermedades crónicas. Nos gustaría que se reconociera nuestra aportación al SNS.

Jesús Aguirre, del PP. Rafael Borrás, de Teva.

Jesús Aguirre: Los precios de referencia son una subasta continua dentro del Ministerio de Sanidad. Vamos a cambiar el chip: dejemos que el prescriptor, a igualdad de precio, prescriba lo que considere adecuado, sea genérico, marca de fantasía, principio activo, etc. Si los precios de referencia son una subasta continua y son los más bajos para todo el territorio nacional, es eficiente prescribir siempre lo mismo para evitar errores en el tratamiento. La subasta no es más que una confrontación del gobierno andaluz con el central, no tiene razón de ser, no aporta nada nuevo, no progresa adecuadamente desde el punto de vista económico, y tenemos que apostar por cumplir la ley.

Eduardo Ortega: Como sistema, ¿es trasladable al resto del Estado?

Jesús Aguirre: Tendría potestad el Gobierno, pero no hay necesidad con el sistema de precios de referencia. Estamos diciendo lo mismo con diferente nombre.

Fuensanta Coves: Lamento que las empresas farmacéuticas se sientan atacadas, porque no es la intención, pero si así lo sienten por algo será. Hasta hace poco, el gasto farmacéutico en España era del 22 por ciento del gasto sanitario total, cuando la media de la OCDE era del 14,7. Ha empezado a bajar con la prescripción por principio activo. No hay inconveniente en compatibilizar la subasta con las medidas del Gobierno central. Es solo una cuestión política, vamos a decirlo claro: el Gobierno de España ha decidido ahorrar factura sanitaria de una determinada manera –los copagos, eliminando a un grupo numeroso de personas del sistema sanitario público, o eliminando un buen número de principios activos que estaba sujetos a cobertura sanitaria– y en Andalucía hemos intentado ahorrar a costa de reducir el margen de beneficios de algunos laboratorios que se presentan allí y que ganan en una selección de principios activos. Esa es la gran diferencia. Se reclamaba una mayor inversión en el sistema sanitario, estamos de acuerdo, pero seguimos sujetos a las indicaciones del Gobierno, todas las comunidades estamos obligadas a cumplir con los déficits fijados. La rebaja que se ha producido en el gasto farmacéutico per capita en el Estado es en torno al 13 por ciento, y en las comunidades en torno al 11. Todos estamos haciendo un esfuerzo, en gran medida obligados por el Gobierno de España.

Jesús Aguirre: Estoy de acuerdo con que la subasta es un tema político, y por eso no se sacó en la época de Zapatero: un informe del ministerio decía que invadía competencias del Gobierno central. Hablando del copago, se ha hecho una distribución social. Se ha dejado de almacenar miles de medicamentos, y ya no se queman las 3.700 toneladas de medicamentos en los puntos Sigre. No se está beneficiando Andalucía de todo lo que debería si estuviera haciendo las cosas bien, como el resto de comunidades.

De izquierda a derecha: Alicia Aguirre, Fuensanta Coves, Jesús Aguirre, Eduardo Ortega, Rafael Borrás, José Ramón Luis-Yagüe y Juan José Rodríguez Sendín.

Alicia Aguilar: Una matización. En los datos que se manejan y que publica el SNS no están incluidos los ingresos de la subasta. Sin incluir esos ingresos, nuestro gasto por habitante es el quinto más bajo del SNS, por debajo de la media nacional. Llevamos 20 años poniendo medidas de uso racional del medicamento que han imitado otras comunidades, por eso me duele personalmente que se diga que no ahorramos ni llevamos políticas de uso racional de fármacos. Somos muy respetuosos con la ley estatal, y seguimos ahorrando año tras año.

Juan José Rodríguez Sendín: Los precios de referencia no se han aplicado nunca bien, no son suficientes. El sistema de financiación que tenemos, y la manera de ponernos de acuerdos en qué precios se ponen, es inadecuado y falta transparencia. Se acaba de aprobar una ley de transparencia y no se puede aplicar a las negociaciones sobre el precio de los medicamentos. El sistema de financiación está agotado y hay que buscar una alternativa. Por otro lado, el gasto farmacéutico de prescripción ha bajado, pero el de hospital ha seguido creciendo. Si está justificado el gasto, por qué vamos a negarlo. Pero si no tenemos dinero para pagar a médicos, a mí me inquieta, se duplican las consultas en Primaria para hacer lo mismo en la mitad de tiempo, y no se puede dedicar el suficiente tiempo a los mayores para explicarles la medicación que toman. Es posible racionalizar, que no solo ahorrar, hacer las cosas con transparencia, pero no se está haciendo lo suficiente. No sé qué se gana en la confrontación política en esta cuestión: cuando venga otro gobierno, tendrá el mismo problema. Hay que poner un poco de sensatez para ver lo razonable: que la industria defienda sus intereses, por ejemplo. No es razonable que nosotros no defendamos lo nuestro. No hay ningún país de Europa en que los incrementos del gasto sanitario sean tan grandes. Estamos en torno al 42-43 por ciento, y la farmacia, entre hospitalario y receta, está sobre el 25 por ciento. El horizonte de porcentaje de gasto sanitario con respecto al PIB para 2017 nos equipara al de Polonia, Estonia y Lituania, lo que me preocupa muchísimo.

José Ramón Luis-Yagüe: La información que hay disponible en el ministerio sobre gasto consolidado es de 2012. Esta dice que, a nivel de receta, está en torno a los 9.000 millones, un 15 por ciento, y el de hospital, en torno los 4.000 millones: la suma da un poco menos del 25 por ciento. No me preocupa tanto que el gasto en recetas haya subido (en 2014) un 1,5 por ciento como si ese dinero está empleado adecuadamente. Esos 180 millones de ahorro, ¿han ido a cubrir las necesidades de salud? Tengo confianza en los profesionales sanitarios, creo que lo están haciendo bien. Y, si sube el gasto, es por muchas variables: envejecimiento, cronificación, mejor diagnóstico...

Rafael Borrás: La frase ‘soy quien menos gasta por habitante’ puede cambiarse a ‘soy quien menos invierte por habitante’. Todo depende de la eficiencia. La sostenibilidad del sistema nacional es importante para nosotros también, no solo para la Administración. Una fórmula de bajada constante de precios desde la Administración es eficiente. Llegará un momento en que los precios no darán más de sí.

Jesús Aguirre: La farmacia extrahospitalaria está bastante bien controlada desde el punto de vista del uso adecuado de los medicamentos. Lo que si hay que ver es la farmacia hospitalaria, ese el debate próximo y donde tenemos que coordinarnos autonomías y Administración central. El futuro son los biológicos y biosimilares, las moléculas de las que estamos hablando tienen poco recorrido, se trata de un tema más político que una realidad económica. Lo que nos tiene que preocupar en el sistema sanitario es la farmacia hospitalaria.

Conclusiones del debate de Juan José Rodríguez Sendín,  José Ramón Luis-Yagüe y Rafael Borrás. Conclusiones del debate de Jesús Aguirre, Fuensanta Coves y Alicia Aguilar.

CONCLUSIONES

Juan José Rodríguez Sendín: No hay servicio que esté completo el año entero en ninguna comunidad en cuanto a dotación de personal. Dejando esto claro, el proceso de intermediación, de donde salen las subastas, había que haberlo revisado hace mucho tiempo. Segundo: los esfuerzos por la viabilidad del SNS hay que repartirlos homogéneamente en función a la relación proporcional a la carga que tenemos cada uno en el mismo. Tenemos dos grandes sectores: personal y farmacia. No vale que se incremente el gasto farmacéutico, aunque esté justificado, si no se incrementa el de personal.

José Ramón Luis-Yagüe: La subasta no es una medida que favorezca la equidad y la cohesión del SNS, se ha tomado en detrimento de los ciudadanos, las oficinas de farmacia, los distribuidores y la propia industria. Abogamos por seguir manteniendo el sistema con el que nos hemos dotado, el de precios de referencia. Es posible que haya que actualizar determinadas cuestiones para que se beneficien todos los pacientes de todo el SNS, no solo de una comunidad en detrimento de otra. Es la posición que tenemos desde la lealtad a las administraciones públicas.

Rafael Borrás: La subasta rompe la equidad que tenemos con un modelo de precios que es lo suficientemente eficiente. La subasta es excluyente porque hay compañías que quedan fuera pero que ayudan al equilibrio global con el lanzamiento de nuevas moléculas. Además, hay un alto porcentaje de desabastecimientos, lo que significa que lo que se ha propuesto no es lo suficientemente eficiente y que eso lo suplimos las compañías que no entramos en la subasta. Al final se ha reconocido que es un debate político, y se puede llegar a conclusiones para reformar las cosas. Si vemos que no es bueno para los ciudadanos, para los profesionales y para las entidades privadas se puede rectificar, encontrar otro modelo, y no pasa nada. No es una derrota política, es una victoria para la población en general.

Jesús Aguirre: Confiemos en una pronta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo único que está provocando la subasta es inequidad y falta de acceso en Andalucía a determinados medicamentos. Tenemos muy claro que una de las primeras medidas que tomaría el PP en Andalucía es anular las subastas, porque no aportan nada, y apostar por lo que propone el Gobierno central y la legislación vigente, como la ley de precios de referencia, por interés de los pacientes.

Fuensanta Coves: Me llama la atención por qué esta actitud furibunda del Gobierno de España contra la subasta si no aporta nada, alineándose con uno de los colectivos. Leo una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de Sevilla, como contestación definitiva a la coincidencia que han tenido los laboratorios con el miembro del PP sobre el tema de la equidad: "No puede considerarse que haya una discriminación de la población andaluza en el derecho a acceder a la financiación de algunas marcas de medicamentos porque ese derecho no existe en el ordenamiento jurídico español". No se puede decir más claro: es un tema político. No hay inequidad ni invasión de competencias. Andalucía ha apostado por una sanidad pública, universal y gratuita, de calidad. Frente a eso, hay otro partido político y otro gobierno que tiene unas posiciones distintas. Todos los tribunales hasta ahora son favorables a la Junta de Andalucía.

Alicia Aguilar: En nuestra comunidad estamos cumpliendo los dos objetivos que teníamos: que al paciente no se le cambie el medicamento en la oficina de farmacia, y estamos obteniendo importantes ahorros que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica.

Primera parte del debate. Segunda parte del debate.