Los farmacéuticos, ante el Plan de Hacienda para 2026: "Añade más carga"

El Plan de Hacienda 2026 empieza a generar inquietud en la farmacia comunitaria. Ahora que acaba de empezar la campaña de la Renta correspondiente a los ingresos del pasado año, recordemos que el objetivo de esta medida es reforzar el control del gasto y la transparencia fiscal.

No obstante, titulares de oficina de farmacia advierten de que su impacto real podría traducirse, sobre todo, en un incremento de la carga burocrática para un sector que ya consideran altamente regulado. Así lo resumen los farmacéuticos consultados por Redacción Médica, quienes aseguran que "la farmacia comunitaria no solo está preparada, sino que lleva décadas siendo uno de los sectores más controlados de España, y no precisamente por Hacienda".

Un sector bajo control permanente

Gerino García, titular farmacéutico en Madrid, recuerda que "el Estado sabe con exactitud qué medicamento compra cada farmacia, a qué distribuidor autorizado, con qué número de lote, y qué medicamento dispensa a cada paciente".

A su juicio, esta realidad limita enormemente cualquier margen de opacidad en la actividad farmacéutica. "No existe la posibilidad de comprar en negro, de borrar ventas de medicamentos, ni de no registrar una dispensación: el sistema sanitario lo impide por diseño, antes incluso de que intervenga ningún inspector fiscal", subraya.

Pese a ello, García advierte de que las nuevas obligaciones incluidas en el plan (como la remisión mensualizada de datos de ingresos a través de sistemas de pago electrónico) tendrán consecuencias directas en el día a día de las farmacias. "Lo que el Plan 2026 va a implicar es, fundamentalmente, más carga administrativa sobre quien ya cumple", afirma.

"Cualquier variación estacional natural (una semana de gripe intensa, una campaña de verano, un pico puntual de ventas) puede generar automáticamente un perfil de riesgo", alerta. Esto obligará, según explica, a un seguimiento constante de la situación fiscal del negocio ya que, "el titular deberá vigilar activamente su propio perfil fiscal mes a mes, con el coste de asesoramiento permanente que eso conlleva".

Más burocracia, pocas mejoras reales

Desde una perspectiva más estratégica, García considera que el impacto del plan dependerá de cómo se aplique. "Puede ser una oportunidad o un problema", señala. En su opinión, el refuerzo del control fiscal podría ser positivo si se dirige a combatir prácticas irregulares fuera del canal farmacéutico.

Sin embargo, advierte de un posible efecto contrario "si se concentra en vigilar mensualmente los ingresos por TPV de quien ya tiene cada unidad comprada y vendida registrada por imperativo sanitario, lo que solo añade presión sobre el eslabón más fácil de alcanzar".

En esta misma línea se expresa Carlos Sanz, titular farmacéutico en Portillo (Valladolid), quien también incide en el elevado nivel de exigencia normativa que ya soporta el sector. "La farmacia comunitaria siempre ha estado sometida a una regulación y una legislación exhaustivas y unos requerimientos por parte de la Administración muy exigentes", explica.

Sanz destaca además el alto grado de digitalización de las farmacias españolas, que facilita la adaptación a nuevos requisitos técnicos. "Nuestros proveedores de soluciones informáticas están acostumbrados a ir un paso por delante para estar actualizados en todo momento", remarca.

“Para el farmacéutico comunitario, esto va a suponer un cambio en la forma de trabajar respecto a Verifactu y factura electrónica", apunta, no obstante. Y concluye: "No creo que vaya a derivar en una mejoría real para nuestros negocios y mucho menos para nuestros pacientes". A su juicio, el nivel de control administrativo ya existente hace difícil que nuevas capas regulatorias aporten valor añadido.