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La burocracia farmacéutica respira aliviada tras retrasar Verifactu a 2027

FEFE subraya que con la ampliación del margen de aplicación se asegura que las farmacias se adapten "con garantías"

Exteriores de una farmacia.


02 dic 2025. 18.40H
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El sistema Verifactu, que sienta las bases de los procesos de facturación en las empresas, se retrasa hasta enero de 2027. Así lo ha decidido el Gobierno, que ha aprobado este martes un real decreto que amplía su entrada en vigor un año, algo que la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) valora positivamente, alegando que así las farmacias cuentan con más margen para adaptarse “con garantías” a este cambio en los sistemas de facturación. “Las farmacias ya asumimos una carga burocrática y regulatoria muy elevada. Cada nueva obligación administrativa, si no se planifica y acompaña adecuadamente, se traduce en menos tiempo para lo esencial: atender a nuestros pacientes”, señala Ana Oliver, presidenta de FEFE.

FEFE subraya que la digitalización y la lucha contra el fraude son objetivos legítimos, pero alegan que una transformación de este alcance debe aplicarse con seguridad jurídica, un calendario realista y soporte técnico, especialmente en un sector esencial y altamente regulado como el farmacéutico. De esta forma, desde la Federación piden que esta prórroga se aproveche para que se haga una implantación ordenada con un calendario estable y comunicado con antelación criterios técnicos claros coordinación con los proveedores de software, apoyo y formación especialmente para las pequeñas farmacias y una simplificación real que evite añadir nuevas cargas sin eliminar trámites redundantes.

La utilidad de Verifactu


En un primer momento, el sistema sería obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y en el caso de los autónomos, desde el 1 de julio de ese mismo año. De este modo, ahora, esas fechas siguen siendo las mismas pero para el año 2027. A partir de ese momento, la legislación exigirá a millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos que utilicen exclusivamente programas informáticos certificados para la emisión de sus facturas. El propósito de esta medida es aumentar la transparencia fiscal y prevenir el fraude, ya que el software generará un registro digital único, inmutable y rastreable de todas las transacciones.

En este nuevo sistema, cualquier modificación o ajuste a una factura emitida deberá efectuarse obligatoriamente mediante una factura rectificativa que quede enlazada a la original, poniendo fin a la costumbre de simplemente "borrar y rehacer" facturas, una práctica que obstaculiza la inspección tributaria.
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