Las
farmacia de los entornos rurales van a iniciar una
prueba piloto que permitirá a sus profesionales asumir nuevas tareas de carácter sanitario para mejorar la asistencia de la población ubicada en los pequeños entornos de la España vaciada, como el
seguimiento del tratamiento a los pacientes crónicos. Esta nueva competencia es el resultado de un
protocolo de colaboración que ha suscrito el Gobierno con el Consejo General de Farmacia para aprovechar el potencial de la red de oficinas.
El nuevo plan de actuación también contempla otras funciones para los profesionales farmacéuticos desplegados en los pequeños municipios como el desarrollo de sistemas personalizados de
dosificación de medicamentos o labores asociadas a la salud pública como programas de promoción de hábitos saludables,
prevención de enfermedades o higiene. Aunque deberán llevarse a cabo en “coordinación” con el resto de estructuras sanitarias.
Además, el farmacéutico rural también adquirirá nuevas funciones para garantizar la calidad de vida de las personas vulnerables en las zonas más despobladas como la
detección temprana de situaciones de soledad entre la población más mayor o con patologías como la demencia o el alzhéimer. Mientras que se potenciarán sus activos tecnológicos para garantizar una atención más cercana y personalizada.
El Gobierno ha escogido el municipio riojano de
Briñas, que cuenta con menos de 200 habitantes censados, para llevar a cabo la firma del protocolo que permitirá desplegar estas nuevas competencias a modo piloto. Al acto han acudido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,
Teresa Ribera; la titular de Sanidad,
Carolina Darias; la presidenta de La Rioja,
Concha Andreu; y el presidente del Consejo General de Farmacia,
Jesús Aguilar.
El papel de la farmacia rural en el SNS
Ribera ha mostrado su
“satisfacción” por haber podido alumbrar un proyecto que se inició ya en febrero del año 2020 pero que se vio ralentizado por el impacto de la pandemia de Covid-19. La vicepresidenta ha apuntado a que servirá para corregir la “brecha injustificada” en el acceso a los servicios públicos en unas zonas en las que ya hay “dificultades” para cubrir las plazas de Atención Primaria. “
Una oficina de farmacia es mucho más que un despacho de venta de medicamentos, es una referencia para una población envejecida”, ha enfatizado.
En la misma línea se ha manifestado Darias, que ha mostrado su compromiso con “asegurar la atención sanitaria de calidad” en la España despoblada y que ha situado a la farmacia comunitaria como un “sector estratégico” para conseguirlo.
“En el medio rural, la sanidad es pública o no hay sanidad. De ahí la intención del Gobierno de referenciar a aquellos profesionales del ámbito rural”, ha puntualizado.
También ha mostrado su entusiasmo el presidente del Consejo General de Farmacia que ha colocado a sus profesionales como un “actor fundamental” para hacer frente al reto demográfico que atraviesa España, gracias a su red de más de
22.000 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. “Este protocolo supone un paso muy importante para avanzar en el
futuro modelo de atención sociosanitaria en el entorno rural y la red de farmacias”, ha apostillado.
Lo que el Gobierno no ha aclarado es si la firma del protocolo llevará aparejado algún tipo de compromiso presupuestario adicional. Las ministras han eludido si es factible desplegar un modelo de
incentivos económicos o fiscales para los profesionales de la farmacia rural, tal y como la profesión ya reivindicó en el Senado con un informe sobre el impacto de las oficinas para reducir el éxodo poblacional y crear empleo entre la población joven y femenina.
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