El programa piloto para desarrollar
nuevos servicios sanitarios en las farmacias rurales, como el control de adherencia al tratamiento, continúa con su hoja de ruta prevista, a pesar del adelanto de las elecciones generales. El acuerdo que el
Consejo General de Farmacia suscribió con el Gobierno en el mes de marzo cuenta con el "compromiso" para seguir adelante. El siguiente paso es encontrar
la fórmula de financiación que permita a los profesionales de estas oficinas contar con una retribución extra que cubra las funciones que ofrecerán a la ciudadanía. Los principales candidatos a hacerse cargo son los gobiernos de las comunidades autónomas.
Una de las opciones que barajaba el Consejo General de Farmacia pasaba porque el Ministerio de Transición Ecológica financiara
los complementos económicos vinculados al seguimiento del tratamiento, la dosificación de medicamentos, la salud pública, la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades o la detección temprana de situaciones de soledad. Desde la profesión habían considerado que la
capacidad de las oficinas de farmacia de los pequeños municipios para fijar población eran un argumento suficiente para sufragar estas retribuciones.
Este planteamiento va en la línea del
informe financiero que la consultora AFI ya presentó en el Congreso de los Diputados en enero de 2023. La investigación concluyó que
la pérdida de habitantes en edad de trabajar se produce un 1,1 por ciento más despacio en los pueblos con farmacia, mientras que demostró que la presencia de estos servicios mitiga el envejecimiento, la masculinización y la pérdida de oportunidades laborales en la España vaciada.
Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha anticipado que
el marco competencial impide que se haga cargo de las nuevas remuneraciones. “La participación de este Departamento en el Protocolo se justifica en la incorporación de la perspectiva de reto demográfico y lucha contra la despoblación, pero
no puede ejercer competencias de impulso de la atención sociosanitaria que corresponden a otros ámbitos”, han explicado a
Redacción Médica fuentes del equipo de trabajo de la vicepresidenta tercera.
La cartera de Ribera sí que se ha comprometido a seguir promoviendo otras iniciativas de dinamización del medio rural como el proyecto
‘Escuelas Rurales de Salud’, que sí que se ha adjudicado al Consejo General de Farmacia para mejorar su
“labor de atención sociosanitaria a la población rural” con el objetivo de garantizar la oferta en las zonas en declive demográfico.
Esta condición competencial ya ha llevado a los farmacéuticos a centrar el foco en los gobiernos regionales, ya que quienes ostentan la gestión de la sanidad.
“No supone ninguna variación ya que la remuneración de la prueba piloto sería competencia de las comunidades autónomas, donde debe desarrollase y se haría con los fondos que se determinen. Creemos que en este momento lo prioritario es pilotar”, ha apuntado a este periódico
Ana López Casero, la tesorera del Consejo de Farmacia.
La prueba piloto de farmacia rural
La
prueba piloto de la farmacia rural es el resultado de un plan de actuación que el Consejo General de Farmacia firmó en marzo a tres bandas con la entonces ministra de Sanidad,
Carolina Darias, y la de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
Teresa Ribera. El acuerdo se escenificó en el municipio riojano de
Briñas, que cuenta con menos de 200 habitantes censados, y representa un ejemplo de las localidades que se beneficiarían de los nuevos servicios. Aunque el documento
no tenía una mención específica al modelo de retribuciones económicas.
A pesar del impacto del adelanto de las elecciones al próximo 23 de julio, desde la profesión han reconocido que cuentan con el
compromiso del nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, para continuar “adelante” con el plan previsto, después de haberse reunido con él con motivo de su llegada al cargo. El futuro del proyecto pasará ahora por la reunión de la Comisión de Seguimiento que tiene que articular todos los detalles. “La farmacia rural está en el punto número uno de nuestra agenda política y profesional”, ha explicado Casero.
Aunque originalmente se diseñó el programa para que se realizara un piloto en
La Rioja que permitiera analizar el despliegue de estas nuevas funciones en la farmacia rural,
otras autonomías marcadas por la despoblación han tocado también a la puerta para solicitar su implantación. Sin embargo, habrá que esperar a
la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos para su materialización. “Estamos en disposición de poderlo hacer con varias comunidades autónomas”, ha apostillado Casero.
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