La posibilidad de establecer un modelo que prevea incentivos fiscales y remuneraciones para
servicios de urgencias, así como la de pagar las
guardias obligatorias a las boticas rurales, son algunas de las aportaciones de las sociedades farmacéuticas que finalmente han quedado apeadas del
real decreto de deducciones y descuentos sobre la dispensación de medicamentos.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad en el
real decreto de descuentos a la distribución y dispensación de medicamentos, que este viernes ha salido a audiencia pública, la aportación de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (
FEFE) ha sido tumbada debido a que "no es objeto" de la modifcación del RD.
La organización que dirige
Luis de Palacio apelaba a que “pagar las guardias obligatorias a las farmacias rurales
debería ser un derecho, como lo es en todas las profesiones sanitarias que colaboran con el Sistema Nacional de Salud, algo muy diferente a la subvención que supone el Real Decreto 823/2008".
Por la misma razón ha sido rechazada una propuesta del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) para “avanzar hacia un modelo que prevea incentivos fiscales” tanto en servicios farmacéuticos de urgencia y los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) no puede incluirse en el proyecto “porque
no es objeto de esta modificación”.
Aportaciones al RD de deducciones a la farmacia rural
Por el contrario, Sanidad sí ha aceptado la propuesta del Cgcof para aplicar
índices correctores reforzados a las
farmacias en especial situación de vulnerabilidad, generalmente ubicadas en zonas rurales.
“Se debe asegurar la prestación de un servicio de la máxima calidad en las boticas de determinados entonos dada su vital importancia no solo desde el punto de vista sanitario, sino también, como
vertebrador del territorio”, defendía el Consejo, al que Sanidad ha dado el visto bueno dado que, recoge, el objetivo es “modificar los criterios actuales para introducir uno dirigido a aquellas oficinas de farmacia que presten servicio a núcleos de población que dispongan, como máximo, de 1.500 habitantes censados en el padrón municipal o en zonas consideradas como aisladas o económicamente deprimidas por la autoridad competente”.
El departamento que dirige Carolina Darias acepta también, aunque parcialmente, la iniciativa de la
Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) sobre los requisitos exigibles para la aplicación del índice corrector, de forma que se eleve la facturación anual de 200.000 a 300.000. “Se procede a considerar la elevación de la aplicación de la evolución del índice de precios de consumo, es decir, se elevaría un 17,5 por ciento y el resultante sería de 235.000 euros”, explica Sanidad.
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