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"Liberalizar la apertura de farmacias obedece a intereses económicos"
Titulares comunitarios alertan de que abrir más boticas podría debilitar la farmacia rural ante criterios comerciales
Javier Palacios e Isabel Martín, titulares farmacéuticos.
26 may 2026. 18.00H
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POR ESTEBAN ALARCÓN
La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para flexibilizar la apertura de farmacias en España ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre competencia económica y función asistencial del modelo farmacéutico.
El organismo estima que una liberalización similar a la aplicada en Navarra permitiría crear hasta 20.000 nuevas oficinas de farmacia y alrededor de 45.000 empleos en diez años. Sin embargo, desde el sector farmacéutico comunitario emergen voces críticas que cuestionan tanto la necesidad de la medida como sus posibles consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema actual.
Redacción Médica ha hablado con farmacéuticos comunitarios para conocer la valoración de los titulares de oficina que viven a pie de calle la realidad más latente del sector.
Javier Palacios, a cargo de una farmacia en Jaén, considera que "en España está cubierto todo el territorio nacional con servicio farmacéutico tal y como está planificado". A su juicio, el actual modelo garantiza la atención incluso en "municipios pequeñísimos de cualquier punto de la geografía española", por lo que una apertura más flexible no supondría una mejora de la atención primaria comunitaria, sino un refuerzo de aquellas zonas "donde por su localización sea rentable la apertura".
El farmacéutico andaluz advierte además de un problema estructural que, en su opinión, la liberalización agravaría como es la falta de profesionales. "Llevamos una época en España donde es muy difícil encontrar facultativos para cubrir turnos", señala. Incluso, añade, "hay farmacias en zonas rurales que tienen que cerrar cuando la titular tiene que dar a luz". Por ello, cree que incrementar el número de oficinas "va a dificultar mucho más la llegada de farmacéuticos a las oficinas de farmacia", especialmente en áreas rurales y municipios medianos donde ya resulta complicado cubrir plazas de adjuntos.
Desde una farmacia rural en Las Palmas, Isabel Martín comparte esa visión crítica y sitúa el debate en el conflicto entre "actividad económica y/o sanitaria". Según explica, la liberalización propuesta por la CNMC "obedece claramente a intereses económicos de las grandes multinacionales farmacéuticas". Frente a ello, reivindica el papel de la farmacia comunitaria como "primer eslabón de la cadena sanitaria", sustentado en la cercanía, la confianza y la atención personalizada.
Martín alerta de que una mayor liberalización podría desplazar oficinas de farmacia hacia "entornos más comerciales y rentables económicamente", perjudicando especialmente a personas mayores o con menor acceso digital. "Muchos usuarios se acercan a nuestra farmacia agradeciendo nuestra presencia, servicio personalizado y disponibilidad horaria", afirma.
Ambos profesionales coinciden también en la necesidad de reforzar el carácter asistencial de la farmacia, especialmente en un contexto de presión creciente sobre el sistema sanitario público. Palacios considera prioritario "remunerar los servicios de urgencia y atención farmacéutica" que ya prestan las oficinas de farmacia, como la entrega de medicación hospitalaria o productos absorbentes. Martín, por su parte, defiende el actual sistema de distribución cooperativa, basado en "profesionalidad y trazabilidad" y que, a su juicio, "ha demostrado con creces su eficacia y eficiencia".
Sobre otra de las recomendaciones de la CNMC, la eliminación de la colegiación obligatoria para farmacéuticos de oficina de farmacia, Palacios mantiene una postura matizada. Aunque se declara "algo crítico con la obligatoriedad", reconoce como "imperante la labor que realizan los colegios profesionales" y sostiene que la colegiación “puede garantizar una protección a nuestro ejercicio”.
Las reacciones del sector refleja así un temor compartido en que una mayor apertura del mercado farmacéutico pueda traducirse en más competencia económica, pero no necesariamente en una mejora de la atención sanitaria ni en una mayor equidad territorial.
El organismo estima que una liberalización similar a la aplicada en Navarra permitiría crear hasta 20.000 nuevas oficinas de farmacia y alrededor de 45.000 empleos en diez años. Sin embargo, desde el sector farmacéutico comunitario emergen voces críticas que cuestionan tanto la necesidad de la medida como sus posibles consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema actual.
Redacción Médica ha hablado con farmacéuticos comunitarios para conocer la valoración de los titulares de oficina que viven a pie de calle la realidad más latente del sector.
"El sistema actual ya garantiza cobertura en todo el territorio"
Javier Palacios, a cargo de una farmacia en Jaén, considera que "en España está cubierto todo el territorio nacional con servicio farmacéutico tal y como está planificado". A su juicio, el actual modelo garantiza la atención incluso en "municipios pequeñísimos de cualquier punto de la geografía española", por lo que una apertura más flexible no supondría una mejora de la atención primaria comunitaria, sino un refuerzo de aquellas zonas "donde por su localización sea rentable la apertura".
El farmacéutico andaluz advierte además de un problema estructural que, en su opinión, la liberalización agravaría como es la falta de profesionales. "Llevamos una época en España donde es muy difícil encontrar facultativos para cubrir turnos", señala. Incluso, añade, "hay farmacias en zonas rurales que tienen que cerrar cuando la titular tiene que dar a luz". Por ello, cree que incrementar el número de oficinas "va a dificultar mucho más la llegada de farmacéuticos a las oficinas de farmacia", especialmente en áreas rurales y municipios medianos donde ya resulta complicado cubrir plazas de adjuntos.
Desde una farmacia rural en Las Palmas, Isabel Martín comparte esa visión crítica y sitúa el debate en el conflicto entre "actividad económica y/o sanitaria". Según explica, la liberalización propuesta por la CNMC "obedece claramente a intereses económicos de las grandes multinacionales farmacéuticas". Frente a ello, reivindica el papel de la farmacia comunitaria como "primer eslabón de la cadena sanitaria", sustentado en la cercanía, la confianza y la atención personalizada.
Martín alerta de que una mayor liberalización podría desplazar oficinas de farmacia hacia "entornos más comerciales y rentables económicamente", perjudicando especialmente a personas mayores o con menor acceso digital. "Muchos usuarios se acercan a nuestra farmacia agradeciendo nuestra presencia, servicio personalizado y disponibilidad horaria", afirma.
La importancia de la colegiabilidad para "proteger la profesión"
Ambos profesionales coinciden también en la necesidad de reforzar el carácter asistencial de la farmacia, especialmente en un contexto de presión creciente sobre el sistema sanitario público. Palacios considera prioritario "remunerar los servicios de urgencia y atención farmacéutica" que ya prestan las oficinas de farmacia, como la entrega de medicación hospitalaria o productos absorbentes. Martín, por su parte, defiende el actual sistema de distribución cooperativa, basado en "profesionalidad y trazabilidad" y que, a su juicio, "ha demostrado con creces su eficacia y eficiencia".
Sobre otra de las recomendaciones de la CNMC, la eliminación de la colegiación obligatoria para farmacéuticos de oficina de farmacia, Palacios mantiene una postura matizada. Aunque se declara "algo crítico con la obligatoriedad", reconoce como "imperante la labor que realizan los colegios profesionales" y sostiene que la colegiación “puede garantizar una protección a nuestro ejercicio”.
Las reacciones del sector refleja así un temor compartido en que una mayor apertura del mercado farmacéutico pueda traducirse en más competencia económica, pero no necesariamente en una mejora de la atención sanitaria ni en una mayor equidad territorial.
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