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¿Fin del copago farmacéutico para los pacientes y las farmacias españolas?

La polémica medida va más allá de limitar la sanidad universal, con profundas modificaciones en el ámbito farmacéutico

Ana Mato y Carmen Montón, exministra y ministra de Sanidad.

15 jun 2018. 14.40H
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POR EDUARDO ORTEGA SOCORRO
La propia Carmen Montón había avisado de que recuperar la sanidad universal estaba en su programa para el Ministerio de Sanidad, pero nadie se esperaba que el Gobierno comenzara a ejecutarlo tan pronto. El Consejo de Ministros ha aprobado poner en marcha las acciones para derogar el 16/2012 con este fin, acción que incluiría, a su vez, suprimir el copago farmacéutico y otras medidas incluida en el real decreto ley.
 
Sin embargo, la ministra portavoz Isabel Celaá solo ha hecho mención a la recuperación de la sanidad universal, que será también el único asunto del día en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional  de Salud (SNS) que ya ha convocado Montón para el próximo 28 de junio.
 
Por tanto, queda que el Gobierno aclare si todo el contenido del siempre polémico RDL 16/2012 será derogado. La norma se dio a conocer no solo por erradicar la cobertura sanitaria universal, sino también porque con ella se introdujeron los copagos farmacéuticos, con el fin de reducir la demanda de medicamentos de la población y bajar la factura farmacéutica. Una medida que, a día de hoy, ha perdido todo su efecto e incluso sentido, puesto que el gasto en recetas del SNS no ha dejado de crecer en los últimos dos años y solo le queda una razón para existir: la recaudación de fondos.
 
Política farmacéutica
 
La legislación incluía también la aplicación de un copago hospitalario que las regiones se negaron a poner en marcha y que quedó en agua de borrajas. Además, en el 16/2012 se integraron los nuevos criterios a tener en cuenta en la financiación de los medicamentos, como los precios más bajos, que en su orígenes condujeron a una continua subasta de precios entre los laboratorios.
 
De hecho, todavía se está desarrollando gran parte de esta regulación y su aplicación práctica. La respuesta a estos interrogantes, que está en el aire, queda en manos del Gobierno.


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