De los 66
centros penitenciarios que hay en España dependientes de
Instituciones Penitenciarias (Cataluña y País Vasco tienen la competencia de los suyos), solo 16 tienen un
Servicio de Farmacia legalizado. El resto, según
Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (
SEFH), "se encuentran en situación ilegal".
Es decir, hay un
farmacéutico especialista de manera continua que se encarga de la recepción, gestión y dispensación de los medicamentos. En el resto, o no hay uno contratado (se encargan otros profesionales) o lo hace a tiempo parcial, en el mejor de los casos.
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Montserrat Pérez Encinas, secretaria de la SEFH, ha inaugurado la jornada.
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Se trata de una situación que la SEFH lleva denunciando desde hace tiempo. Por ello ha organizado este jueves su
Primera Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria, ‘Hacia la legalización y el reconocimiento profesional’.
Propuesta de la SEFH
Para organizar la situación, la SEFH propone establecer un Servicio de Farmacia legal en los centros de más de mil reclusos, mientras que los de menos cantidad
dispongan de un depósito de medicamentos gestionado por un farmacéutico especialista.
La diferencia entre unos y otros, ha explicado
Gloria Hervás, farmacéutica en el centro penitenciario de Albolote (Granada), se basa principalmente en detalles administrativos, como el
poder de compra y la recepción directa de los medicamentos (en lugar de hacerse a través del Servicio de Farmacia Hospitalario asociado).
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Hay un farmacéutico por cada 1.405 reclusos en las cárceles españolas
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Hervás ha dado puesto cifras a la atención farmacéutica en instituciones penitenciarias. De media existe un farmacéutico por cada 1.405 internos,
mientras que hay un médico por cada 140 y un enfermero por cada 87.
Diferencias autonómicas
La diferencia entre comunidades autónomas es más que notable: mientras
Castilla-La Mancha dispone de uno de estos profesionales por cada 574 reclusos, en Andalucía la proporción se eleva a uno por cada 2.288 internos.
El no cumplimiento de la legislación vigente tiene consecuencias. Hervás cita un estudio donde se señala que “la integración del farmacéutico en los equipos penitenciarios
reduce hasta en un 47 por ciento los efectos adversos de los medicamentos”.
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Los ponentes de la primera mesa de la jornada: Agustín Herreros, subdirector médico del centro Castellón II; Soledad Díaz-Maroto; Gloria Hervás y Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la SEFH.
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Y es que fármacos ampliamente utilizados en la población reclusa, como los antivirales y los neurolépticos, tienen numerosos efectos adversos y son caros. Hervás ha recordado que, por ley, “
la población reclusa debe ser tratada en las mismas condiciones que la población general y, a día de hoy, no lo está”.
Sistema europeo de verificación de medicamentos
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La nueva Dirección General de Sanidad Penitenciaria parece prestar más interés, según Díaz-Maroto
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Por su parte, María Soledad Díaz-Maroto, técnica superior Farmacéutica de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, ha destacado que
a partir del próximo febrero, cuando entre en vigor el sistema europeo de verificación de medicamentos, las gestiones se van a complicar.
Cada envase llevará un código que lo distinga del resto, que debe estar verificado y trazado desde la farmacia. La reciente celebración de
oposiciones para cubrir cinco plazas de Farmacia en centros penitenciarios va a aliviar parte del problema, y parece que ha habido un cambio en la nueva Dirección General de Sanidad Penitenciaria, prestando más interés a esta cuestión, por lo que la situación puede mejorar en el corto plazo.
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Un momento de la jornada.
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