La traslación de la dispensación de
medicamentos de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto (conocidos como de diagnóstico hospitalario de dispensación hospitalaria) del ámbito hospitalario a la oficina de farmacia supondría un gasto adicional al
Sistema Nacional de Salud de 500 millones de euros.
Es el cálculo que ha realizado la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) en su documento
El valor de la Farmacia Hospitalaria, donde realizan un posicionamiento sobre diversos temas de interés para el colectivo profesional.
La cifra se basa en la extrapolación del gasto farmacéutico hospitalario de la
Comunidad de Madrid. La región había calculado, explica la SEFH en su documento, que la vuelta de estos medicamentos a la oficina de farmacia supondría un incremento del gasto de
89 millones.
“Cabe inferir que a nivel estatal el incremento del gasto se situaría en unos 612 millones de euros anuales”. A esta cifra “se le deben restar los porcentajes de descuento regulados para la oficina de farmacia, aunque en todo caso se estiman cifras de incremento de gasto farmacéutico que superen los 500 millones de euros anuales”.
La adherencia en oficina de farmacia, en entredicho
Para argumentar su posición, la SEFH compara el
nivel de adherencia conseguido en el hospital y en la oficina de farmacia, basándose en los valores mostrados en el Plan de Adherencia de Farmaindustria: “Este valor cae hasta un 55 por ciento en los mejores casos, lo que supone una disminución de más de 25 puntos porcentuales”. El acceso a la historia clínica, la cercanía al paciente y la confidencialidad son otros argumentos utilizados por la sociedad científica para cerrar el debate sobre la vuelta a la botica de los fármacos de diagnóstico hospitalario.
La SEFH considera que, “aun siendo legítima la defensa de los
intereses mercantiles de la farmacia comunitaria”, la lucha por la vuelta de fármacos de diagnóstico hospitalario a la oficina de farmacia “responde más a intereses comerciales que a intereses basados en la mejora de la calidad clínica y asistencial”.
El documento también atiende otros dos temas de actualidad para los farmacéuticos de hospital: la situación en
centros sociosanitarios y en los penitenciarios. Sobre los primeros, recuerdan que el
Real Decreto Ley 16/2012 establecía la obligatoriedad de establecer un Servicio de Farmacia Hospitalaria propio en centros de asistencia social y centros psiquiátricos de más de 100 camas.
La sociedad científica ha calculado que cumplir esta medida
ahorraría 64,7 millones y generaría entre 620 y 1.200 nuevos puestos de trabajo. Con la implantación de la Farmacia Hospitalaria sobre el total de centros sociosanitarios (y no solo sobre los de más de 100 camas), estiman un ahorro anual de 143 millones de euros.
La gestión basada en guías farmacoterapéuticas, selección de medicamentos y atención farmacéutica especializada conseguiría “según diversas fuentes bibliográficas”
entre 565,75 y 733 euros de ahorro en medicamentos por residente. Los cálculos de ahorro total están basados en esas cifras.
Respecto a los
centros penitenciarios, la SEFH solicita que se haga cumplir lo legalmente establecido: Servicio de Farmacia o depósito de medicamentos gestionado por un farmacéutico. A este respecto, piden la “
integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud de las comunidades autónomas para lograr un sistema sanitario homogéneo y equitativo”, que unifique recursos humanos y materiales y equipare además las condiciones laborales de los farmacéuticos de instituciones penitenciarias con los de Farmacia Hospitalaria del resto del SNS.
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