La ley para estabilizar profesores en Medicina echa a andar en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado en su sesión de este jueves las enmiendas de devolución presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular, VOX y Plural al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que persigue reducir la eventualidad entre el profesorado de Medicina, con 193 votos en contra, 148 votos a favor y 1 abstención.

La iniciativa gubernamental tiene entre sus objetivos la consecución de una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada. En el contexto de este marco regulatorio, modifica las "condiciones laborales del profesorado asociado que convierten las plazas temporales en indefinidas, con el objetivo de reducir la temporalidad del sistema universitario".

Además mejora "las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando, entre otros, derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales". Asimismo, se incorporan otra serie de medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica.

Asimismo, esta iniciativa plantea "el compromiso de gasto mínimo del 1 por ciento del PIB", además se establecen títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. La iniciativa recoge entre otras medidas que las administraciones públicas establezcan "programas de becas y ayudas a la formación en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional".

Otras modificaciones de la reforma universitaria

La presente Ley Orgánica, que deroga la actual Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, plantea "un modelo democrático en el que la elección de los y las representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio".

Además, establece que "el Claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria" y se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad. Otra modificación en relación a la gobernanza es que el mandato de los titulares de los órganos unipersonales será de "seis años improrrogables y no renovables".

En materia de género, esta iniciativa establece que para crear una universidad privada o pública se deberán contar con "planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso". Además, en los concursos se podrán aplicar "acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado".

En relación a cuestiones de discapacidad, esta propuesta establece que las unidades de diversidad deberán contar con "un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición social o personal". Asimismo, se fomentará "la lengua de signos y estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual" y se establecerá "un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público".

Enmiendas a la totalidad

En concreto, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular argumentaba para devolver el texto al Gobierno que "la ley no dibuja un modelo de Universidad", además de ser "un proyecto de ley falto de objetivos" y que presenta "un régimen del personal docente e investigador incompresible".

Por otro lado, la enmienda a la devolución presentada por el Grupo VOX establece que la iniciativa gubernamental "profundiza en otro concepto divisivo y discriminatorio, cual es la mal llamada "igualdad de género"". Además, señala que "el Proyecto de Ley desprecia la tradición memorística, imprescindible para la adquisición del conocimiento, el esfuerzo de los alumnos y la necesidad de que existan unos "maestros" para la formación de la persona" ya que "se basa exclusivamente en la autonomía y en la necesidad de "innovar" a cualquier precio".

Entre otras razones, el Grupo VOX también considera que este proyecto de ley establece que "las becas se conceptúan como un derecho subjetivo y no como una recompensa por el esfuerzo".

El Grupo Plural, por su parte, señala en su enmienda de devolución que esta iniciativa presenta "un modelo universitario español alejado del de la mayoría de países avanzados, sin cambios sustantivos que contribuyan a los requerimientos de las universidades europeas del siglo XXI".

También establece que "es necesario reforzar las competencias del Consejo Social que debería tener una mayor interacción y participación con el equipo rectoral". Por último, señala que la iniciativa "desconoce la autonomía de las comunidades autónomas en aspectos esenciales y no reconoce suficientemente la autonomía académica e institucional de las universidades públicas tanto a nivel académico como organizativo".