Satse lo tiene claro:
los políticos están “mareando la perdiz” a la profesión a la hora de impulsar una nueva regulación de la
prescripción enfermera y así lo ha puesto de manifiesto en su último comunicado.
“Todos los partidos aseguraron que, por cualificación, competencias y ejercicio profesional, las enfermeras necesitamos otra regulación normativa sobre el uso e indicación de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica”. Sin embargo, “una vez más, volvieron a marear la perdiz sin apostar conjuntamente por una vía de solución que beneficie a profesionales y pacientes”, lamentan.
Para Satse es
un “gran fracaso” que los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados
rechazaran derogar este real decreto, después de que
la semana pasada no saliera adelante una proposición no de ley sobre este tema.
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Satse: "Sus intereses partidistas prevalecieron sobre el bien común"
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En concreto, la iniciativa,
impulsada por el PSOE en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, solicitaba la derogación de la normativa que regula estas actividades. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con
los votos en contra de Ciudadanos y Unidos Podemos, que consideraban que es necesario modificar la Ley del Medicamento, y del PP, que veía mejor adecuar la legislación actual a las competencias y funciones que estos profesionales deben desarrollar en los próximos años.
En este sentido, el sindicato enfermero lamenta que, pese a que todos coincidían en el “diagnóstico” de la situación que se ha producido tras la entrada en vigor de esta norma, “finalmente
sus intereses partidistas prevalecieron sobre el bien común”. Ante esto, la organización recuerda que, tras la aprobación en 2006 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, así como su posterior modificación en 2009, la profesión enfermera continúa esperando que se atienda su justa reivindicación.
Por ello, entienden que deberán continuar presionando,
junto al Consejo General de Enfermería (CGE) para que los enfermeros cuenten con una normativa que ampare legalmente su desarrollo profesional y “se corresponda con la realidad asistencial existente en los centros sanitarios”.
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