El Sindicato de Enfermería,
Satse, ha denunciado que cinco comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, siguen aún
sin acreditar a sus enfermeras y enfermeros para que puedan realizar actuaciones asistenciales con todas las garantías jurídicas, como vacunar del
Covid-19 o de la gripe, después de que hayan pasado 850 días desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera.
El sindicato considera
“incomprensible” que las consejerías de Sanidad de Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid, así como las de Ceuta y Melilla, sigan sin realizar la tramitación administrativa pertinente para que sus enfermeras y enfermeros cuenten con el respaldo legal necesario para poder indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica, caso, por ejemplo, de las vacunas contra el coronavirus.
Más de dos años de espera
“Llevamos esperando desde hace casi dos años y cuatro meses que se haga realidad el compromiso expresado por sus responsables sanitarios de cumplir lo establecido en el Real Decreto de prescripción enfermera y que las enfermeras y enfermeros de sus respectivos servicios de salud puedan hacer su trabajo con la tranquilidad de que no van a poder ser denunciados por un presunto delito de intrusismo profesional”, apunta.
Por el contrario, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Murcia sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en nuestro país la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras y enfermeros.
El Sindicato de Enfermería subraya que, con una clara voluntad política, la tramitación administrativa para acreditar a las enfermeras y enfermeros
puede realizarse en cuestión de días, por lo que considera que es especialmente criticable que las consejerías de Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid no hayan encontrado el momento de hacerlo a lo largo de los 850 días que ya han transcurrido desde que el Gobierno así lo estipuló.
“Además de una palpable dejación de funciones, el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las cinco comunidades autónomas mencionadas constata una falta de reconocimiento al desarrollo profesional a las enfermeras y enfermeros que redundará, en definitiva, en una mejora en la atención y cuidados que se merecen sus pacientes y el conjunto de la ciudadanía”, afirman desde la organización sindical.
El hecho de que las enfermeras y enfermeros no estén acreditados aún para indicar, utilizar y autorizar la dispensación de fármacos, como las vacunas, supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva más lentitud, burocracia e ineficacia. “Más problemas y esperas para los pacientes y, por supuesto, para las enfermeras y enfermeros que no tienen aún acreditada una actuación asistencial que realizan de forma habitual”, concluye.
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