El
Colegio de Enfermería de Castellón ha hecho llegar este jueves al
Consejo General de Enfermería (CGE), un escrito en el que, "ante las noticias publicadas en diversos medios de comunicación nacional relacionadas con determinados hechos supuestamente delictivos que están siendo objeto de investigación judicial y que afectan gravemente a la J
unta Directiva del Consejo General de Enfermería de España", le recuerda que le remitió un
burofax el pasado 26 de febrero en el que "solicitaba información detallada sobre los hechos referidos, la c
onvocatoria urgente de una Asamblea Extraordinaria y la designación de un
auditor independiente por el Registro Mercantil que auditara las cuentas de los último diez años".
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Según relata esta carta al que ha tenido acceso
Redacción Médica, "
el Consejo General no ha atendido la solicitud de información ni de las medidas propuestas tendentes a garantizar la transparencia del mismo. Por el contrario, ha procedido a convocar una Asamblea Ordinaria para el próximo día 24 de marzo de 2021 en cuyo orden del día no se incluyen los puntos solicitados por este Colegio".
Ante esta situación, el Colegio de Enfermería de Castellón requiere al Consejo General a fin de que amplíe los puntos del orden del día de la convocatoria incluyendo los siguientes:
- "Creación de una
comisión paritaria de Presidentes de Colegios no relacionados contractualmente con la Junta Directiva del Consejo General de Enfermería cuya finalidad y facultades sean la investigación de los hechos supuestamente imputados a miembros de la Junta Directiva del Consejo General en los distintos medios de comunicación y que han sido circulados a todos los presidentes de los Colegios. La Asamblea deberá decidir el número, composición, facultades y plazos de actuación de esta comisión paritaria de investigación. En ella deberán abstenerse aquellos presidentes que figuren directa o indirectamente relacionados con los hechos notificados".
- "Solicitud al registro mercantil del
nombramiento de un auditor independiente que elabore auditoría de cuentas de los últimos diez años".
- "
Dimisión de la Junta Directiva del Consejo General de Enfermería, convocatoria de elecciones y nombramiento de una gestora hasta la celebración de elecciones".
- "Personación del Consejo General de Enfermería como perjudicado en los procedimientos judiciales incoados en los Juzgados o Fiscalía como consecuencia de las denuncias formuladas en relación a los hechos noticiados. Esta personación deberá realizarla los servicios jurídicos del Consejo General en defensa de la profesión enfermera y su organización judicial.
Estos servicios deberán abstenerse de personarse o realizar actuaciones en nombre y defensa de los directivos o personas que estén siendo investigadas o relacionados de forma directa o indirecta con los hechos denunciados".
La misiva la firma el presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, Francisco Javier Pareja Llorens, en nombre de la junta directiva que preside.
Hechos investigados por un juzgado de Madrid
Hay que recordar que un juzgado de Madrid investiga si el actual presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, habría comprado dos coches y obtenido la concesión de un préstamo personal a través de presuntos incrementos en la facturación por la coordinación de cursos de formación que se impartieron en los ocho colegios enfermeros andaluces. Coches, préstamo personal y trabajos de coordinación habrían supuesto más de un millón de euros de beneficio para Pérez Raya, según relata el texto legal.
En base a la citada denuncia, existiría una facturación “presuntamente falsa” de Florentino Pérez Raya a través de una sociedad familiar cuyo objeto social era la fabricación y venta de figuras de escayola. Con ella, habría facturado por servicios de coordinación de cursos a Cofunsalud y Ficssalud, las dos empresas encargadas de impartirlos y a su vez pertenecientes al CGE. A través de esta sociedad familiar habría cobrado unos 45.000 euros anuales por la coordinación de la citada formación en los ocho colegios andaluces de Enfermería durante 17 años (2001-2018).
La carta enviada por el Colegio de Castellón plantea así que no cueste dinero a las arcas del Consejo General de Enfermería la defensa de Florentino Pérez Raya y de otros miembros de la actual Junta Directiva que él preside si la investigación del juzgado pasa a fase judicial.
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