El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha declarado el
sobreseimiento provisional y archivado la denuncia que
Pilar Fernández, vicepresidenta primera del
Consejo General de Enfermería (CGE); José Luis
Cobos, vicepresidente tercero; y Francisco
Corpas, responsable del equipo jurídico del Consejo, interpusieron contra
Alfredo Escaja, expresidente de la Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León, por haber enviado un documento donde se reflejaban las
presuntas retribuciones de la cúpula Ejecutiva del CGE.
Según relata la resolución judicial, a la que cabe recurso de reforma y es subsidiaria de apelación, y a la que ha tenido acceso
Redacción Médica, “los hechos por tanto presuntamente delictivos y según la documentación adjunta
eran públicos y conocidos, por lo que no consta que el denunciado acudiera a archivos protegidos para la obtención de estos datos”.
Asimismo, la juez tampoco considera "que haya indicios suficientes de que la divulgación a través de correo de estos textos
fuera dirigida a coaccionar o amenazar a los denunciantes, pues
no se observa una presión dirigida a quebrantar su voluntad individual más allá de lo que sería el hecho de la existencia de un procedimiento penal en el que se verían incluidos los hoy denunciantes”.
Escaja por su parte reconoció haber enviado esa información anexa en correos electrónicos a todos los Colegios Oficiales de Enfermería de España
“aportando en su escrito amplia documentación sobre cómo llegó a su poder y tuvo conocimiento de estas retribuciones y el motivo que llevó a su divulgación”.
“En función de dicha documentación no constan indicios suficientes de que el texto presuntamente delictivo sea constitutivo de un
delito de revelación de secretos, coacciones o amenazas”, incide la resolución.
Procedimiento penal en el Juzgado
La cual añade que “
el denunciado tuvo conocimiento a través de carta de los hechos objeto de denuncia y en función de ello
lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid por si los hechos cometidos por el Presidente y miembros del Consejo General Enfermería
fueran constitutivos de delito, dando lugar a Diligencias Informativas y asimismo a un
procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid”.
En la citada documentación, se observa una serie de presuntas retribuciones que la cúpula del Consejo General de Enfermería habría percibido durante el año 2019, y que
ascenderían a casi un millón de euros. En el citado documento además se incluirían las presuntas retribuciones de otras personas vinculadas al Consejo General de Enfermería, entre ellas,
varias relacionadas con el entorno familiar del actual presidente, Florentino Pérez Raya.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Consejo General de Enfermería para conocer la versión de los denunciantes pero fuentes de la institución enfermera
han declinado hacer declaraciones.
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