La publicación del
Real Decreto que propone la creación de la nueva titulación de
‘Técnico Superior en Gestión de servicios en centros gerontológicos’ continúa en el aire. Según confirman fuentes del Ministerio de Educación a
Redacción Médica, en este momento
“no hay ninguna novedad” respecto al redactado de la normativa ni pueden ofrecer “ninguna previsión de fechas”. Por tanto, la profesión sigue a la espera de conocer cómo será finalmente el reglamento que regula la nueva figura que se sumará a las plantillas en las residencias y centros sociosanitarios de España.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la cualificación profesional
‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal’, que toma como referente esta titulación, generó malestar entre la profesión enfermera al considerar que se producía una “clara” invasión de competencias. Sin embargo, el departamento de Pilar Alegría se mostró receptivo ante los planteamientos del colectivo y aceptó la
mayoría de alegaciones presentadas por el Sindicato de Enfermería (Satse) en trámite de audiencia pública.
Tal y como pudo saber este periódico, este cambio de postura se produjo después de la reunión celebrada el pasado 24 de marzo entre el
Ministerio de Educación y los responsables del sindicato, con el objetivo de apaciguar las críticas que había despertado la
nueva FP sociosanitaria entre la profesión.
Competencias sanitarias de la FP sociosanitaria
Entre estas propuestas, figura la de
limitar las actuaciones de carácter sanitario de los nuevos técnicos superiores de los servicios gerontológicos únicamente a acciones de
“primeros auxilios básicos y elementales” ante una situación de emergencia. Aunque posteriormente deberán dejar la valoración del paciente y los cuidados posteriores en los respectivos equipos especializados.
De esta forma, Satse se aseguró de que las labores asistenciales únicamente las puedan prestar las personas reguladas por la
Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias (LOPS), como es el caso del personal de Enfermería. Según explicó Satse, “en la nueva redacción del texto se dejará claro que la supervisión, y, por supuesto, la prestación de cuidados,
no corresponden a estos titulados de Formación Profesional”.
El texto recoge también la obligación de los nuevos perfiles sociosanitarios de respetar las “instrucciones que procedan del equipo interdisciplinar conformado por profesiones sanitarias tituladas y reguladas”. Por lo tanto, la nueva figura profesional
no desarrollará ningún plan sobre cuidados, sino que se ceñirá a los que le vengan dados por parte de los sanitarios.
“Confío plenamente en que el Ministerio de Educación respete lo acordado y es que
no va a tener ninguna competencia sanitaria; serán todas competencias no sanitarias”, apuntaba hace apenas tres semanas
Manuel Cascos preguntado por esta cuestión.
Enfermería denuncia la "ilegalidad" del Plan de DomusVi
Sin embargo, esta titulación no es el único frente abierto para Enfermería en el terreno sociosanitario. Tanto es así que, este jueves, la
Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y Satse, ha exigido a
DomusVi, empresa que gestiona residencias y centros sociosanitarios en España, que no ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables al querer que personal no enfermero realice funciones y labores asistenciales y de cuidados para los que no están cualificados ni habilitados legalmente.
Según informó la profesión, los presidentes de Satse,
Manuel Cascos, y del Consejo General de Enfermería,
Florentino Pérez Raya, se han dirigido por carta a los responsables de la entidad para trasladarles su
rechazo a que implante un Plan de Contingencia por el que se pretende que
personal de Formación Profesional realice funciones que son propias de Enfermería, como la realización de curas, toma de constantes, administración de distinto tipo de medicación y de enemas de limpieza o la administración de pautas de nutrición enteral utilizando bomba de infusión, entre otras.
“Una entidad privada como DomusVi no tiene el reconocimiento oficial ni la potestad para proceder a la capacitación y habilitación legal respecto de profesionales de FP”, añade.
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