La
Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el
Consejo General de Enfermería y el
Sindicato de Enfermería, Sates, ha remitido sendas cartas a los
ministros del Interior, José Ignacio Zoido, y S
anidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en las que pide que se proceda al traspaso de los
servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los
gobiernos autonómicos de cara a su plena integración en sus respectivos servicios de salud.
En ambos escritos, los presidentes de Satse,
Manuel Cascos, y del Consejo General de Enfermería,
Florentino Pérez Raya, reclaman que la transferencia y su financiación correspondiente sea acordada en el seno de un próximo
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, recordando que el mencionado traspaso fue un mandato contenido en la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
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La Mesa Enfermera se ha dirigido personalmente a Zoido y Montserrat
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Calidad del Sistema Nacional de Salud, que debería haberse llevado a cabo en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004. Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad fija que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud
integrarán el Sistema Nacional de Salud.
Los responsables de la Mesa de la Profesión Enfermera
aluden también a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, en la que se señala que “la política de salud en el medio penitenciario debería integrarse en la política nacional de salud y ser compatible con ella”.
De otro lado, desde
la Mesa se recalca que han sido múltiples mociones, proposiciones no de ley y otro tipo de iniciativas parlamentarias presentadas en los últimos años por diversos grupos políticos, en las que se insta al Gobierno a transferir la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
La última de ellas, recuerda, ha sido
la Proposición no de ley aprobada por la Comisión de Interior, en su sesión del día 20 de febrero de 2018, por la que se instaba al Gobierno a abrir de manera inmediata una negociación por parte del Ministerio del Interior con las Comunidades Autónomas, con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la Administración Penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de salud a la población reclusa. En la misma, también
se señalaba que se debe garantizar la transferencia con la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios.
Solo País Vasco y Cataluña
La Mesa de la Profesión Enfermera lamenta que el traspaso aún no se haya materializado a pesar de la infinidad de iniciativas parlamentarias llevadas a lo largo de los últimos años por parte de todos los partidos políticos a través de su grupos parlamentarios, y espera que se haga realidad el compromiso realizado desde el Grupo Parlamentario Popular recientemente de que el Gobierno tenía como objetivo impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria.
Por último, desde la Mesa se insiste en la necesidad de que se realice dicha transferencia para conseguir la equidad y normalización de la prestación sanitaria a los internos y que, de manera paralela, se mejoren las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios.
En la actualidad, sólo en Euskadi y Cataluña se ha procedido a hacer efectivo el traspaso de la sanidad penitenciaria.
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