Enfermería eleva a Montón el "afán privatizador" de la farmacia comunitaria

Los presidentes del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, y del Sindicato de Enfermería, Satse, Manuel Cascos, se han dirigido por escrito a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para pedirle que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, frene el intento de la autodenominada ‘farmacia comunitaria’ de "privatizar la atención sanitaria y usurpar funciones asistenciales que legalmente no le corresponden por un mero interés de lucro empresarial".

"Desde el Consejo General de Farmacéuticos se pretende disponer de una zona de atención personalizada en las oficinas de farmacia"

En su carta, los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera recuerdan a la ministra de Sanidad que, tanto el Consejo General de Farmacéuticos como otras instituciones del ámbito farmacéutico, están promoviendo desde hace tiempo acciones que buscan sin reparo la privatización encubierta de servicios asistenciales que ya se realizan en Atención Primaria y que conllevan la usurpación de funciones propias de las enfermeras y enfermeros y de otras profesiones sanitarias. 

En concreto, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se alude a actividades asistenciales en materia de seguimiento de pacientes crónicos, cribado de pacientes en diferentes patologías o visitas domiciliarias y revisión de botiquines. Asimismo,  desde el Consejo General de Farmacéuticos se pretende disponer de una zona de atención personalizada en las oficinas de farmacia, tener acceso a la historia clínica de los pacientes, o, incluso, llegar a vacunar.

“Y todo ello, con un claro interés de lucro por parte de los farmacéuticos puesto que por los referidos servicios pretenden cobrar, ya sea directamente al paciente o a las diferentes comunidades autónomas a través de conciertos con la sanidad pública”, añaden.

Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermera recalca que las actuaciones asistenciales previstas por los farmacéuticos supondrían, al amparo de la normativa vigente, una invasión de competencias y, al mismo tiempo, un claro ejemplo de intrusismo profesional, ya que las labores asistenciales de educación sanitaria y promoción de la salud en los temas de adherencia terapéutica, seguimiento, cuidados del paciente y cribado sanitario, son competencia de las enfermeras, enfermeros y médicos, y ya las vienen realizando dentro de su actividad laboral en la sanidad.

No es el profesional competente

A juicio de la Mesa, el farmacéutico no es el profesional competente en materia de cuidados integrales del paciente y la oficina de farmacia, como establecimiento privado comercial que es, no representa, en modo alguno, un lugar adecuado para realizar las actividades asistenciales que pretenden llevar a cabo los farmacéuticos cobrando por ello.

“Es evidente que los farmacéuticos están proponiendo un cambio en el modelo farmacéutico español, pero de ser así, quizás habría que plantearse otras cuestiones relativas a los privilegios con los que cuentan en el actual modelo. En concreto, nos cuestionamos si no sería oportuno que cualquier profesional sanitario o empresario pudiese ser titular de una oficina de farmacia, eliminándose así el actual binomio de ‘titularidad/propiedad’, es decir, que el titular y el dueño de una farmacia tenga que ser un farmacéutico”, apuntan.

Rechazo de los pacientes.

De otro lado, la Mesa de la Profesión Enfermera alude al estudio realizado recientemente con pacientes, en el que se pone de manifiesto que el 90 por ciento de éstos cree que su control deben llevarlo a cabo sólo los profesionales de Enfermería y los médicos. Asimismo, los pacientes no se muestran partidarios de que la sanidad pública pague los servicios propuestos por los farmacéuticos, afirmando que sería mucho mejor contar con más enfermeras y enfermeros.