El Supremo anula las elecciones al Colegio de Enfermería de Murcia de 2016

El Tribunal Supremo ha cerrado el proceso judicial ratificando de forma firme y definitiva que las elecciones de 2016 al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia fueron ilegales, estuvieron plagadas de irregularidades y vulneraron los derechos de los colegiados.

El Tribunal Supremo pone fin al proceso judicial y ratifica plenamente que Amelia Corominas no ostenta ningún cargo

Tras un largo proceso judicial, iniciado por Amelia Corominas y su equipo para intentar no rendir cuentas a los colegiados por estas graves irregularidades cometidas, los Tribunales, finalmente, han echado por tierra sus argumentaciones y han confirmado las resoluciones dictadas en su momento por el Consejo General de Enfermería con el único objetivo de restablecer los derechos de las enfermeras murcianas.

En una providencia dictada el pasado 28 de junio y notificada a las partes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Amelia Corominas y el resto de las personas de su equipo, los mismos que desde 2016 vienen ocupando ilegalmente la junta de gobierno y las instalaciones del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia.

Falta de fundamentos jurídicos y condena en costas

El Supremo rechaza los argumentos jurídicos de Corominas asegurando que “no se ha fundamentado” que concurran ni uno sólo de “los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo” y, por tanto, ni siquiera merecen “la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo”. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo condena a Amelia Corominas y a su equipo a pagar las costas de este proceso.

Este recurso de casación fue interpuesto por el Colegio de Murcia para tratar de evitar el cumplimento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado el 25 de enero de 2018, que declaró nulas las elecciones celebradas por dicha institución en 2016. La sentencia también avaló el nombramiento por parte del Consejo General de Enfermería de una Junta de Edad para convocar elecciones con plenas garantías de legalidad y transparencia. Según la sentencia la actual Junta de Edad es legal; Amelia Corominas no es presidenta y debe abandonar la sede colegial

Como consecuencia de dicha inadmisión, el Tribunal Supremo otorga total firmeza a la sentencia del TSJ de Madrid y, en consecuencia, a la resolución adoptada por el Consejo General de Enfermería que en su día anuló las elecciones murcianas tras comprobar las graves irregularidades cometidas y la vulneración del derecho de participación de los colegiados.

De esta manera, el Supremo pone fin al proceso judicial y ratifica plenamente, sin que quepa ningún recurso jurisdiccional más,  que ni Amelia Corominas ni el resto de las personas de su equipo ostentan ningún cargo colegial y carecen, por tanto, de toda legitimidad para seguir ocupando ilegalmente la sede colegial. Cabe recordar que todos ellos se han negado a cumplir las decisiones judiciales y han estado parapetados en las instalaciones del Colegio de Enfermería con guardias jurados, impidiendo la entrada de los miembros de la Junta de Edad ni siquiera para hacer gestiones como colegiados de a pie.

La sentencia señala que Amelia Corominas "ocupa" la dirección del Colegio de Enfermería de Murcia y deberá pagar las costas del proceso judicial

La providencia del Supremo supone, asimismo, que la Junta de Edad designada por el Consejo General de Enfermería es la única que puede y debe ocupar los cargos colegiales y ostentar con ello la representación del Colegio de Murcia. Este órgano ha sido conformado con el fin último de convocar una elecciones con plenas garantías de publicidad y de participación en dicha institución.

Unas elecciones nulas y plagadas de irregularidades

Cabe recordar el contenido de las dos sentencias del TSJ de Madrid que confirmaron que el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia vulneró los derechos de información y participación de los colegiados al obstaculizar la presentación de candidaturas alternativas a las elecciones de marzo de 2016 ya que convocó los comicios en plena Semana Santa y Fiestas de la Primavera Murciana. Con una actuación que redujo de ocho a tan sólo tres los días el periodo en el que los colegiados murcianos podrían presentar su candidatura al Colegio. Además, en dos de esos tres días hábiles, el Colegio abrió tan sólo en horario de mañana.

En ambas sentencias, el TSJ de Madrid se sorprende de cómo las elecciones fueron convocadas de forma casi clandestina (se anunciaron en una junta de colegiados en la que tan sólo había 21 asistentes en la sala, la mayoría de ellos miembros de la Junta de Corominas y simpatizantes) y adoleciendo de “una falta de anuncio concreto”. Asimismo, la Sala llama la atención acerca de la premura con la que se pasó del teórico anuncio (alegando que serían convocadas “próximamente” pero sin determinar una fecha concreta) a la convocatoria formal de elecciones: “la Junta se celebró en jueves y el lunes siguiente se adoptó el acuerdo de convocar las elecciones que se hizo público el miércoles”.

Una estrategia de amenazas y difamaciones

Desde el Consejo General de Enfermería se espera que Amelia Corominas y su equipo acaten los pronunciamientos judiciales y abandonen de forma voluntaria las instalaciones del Colegio para evitar el espectáculo bochornoso que supondría una ejecución judicial. El Consejo General de Enfermería va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su inmediato cumplimiento y ejecución en defensa y garantía de los elementales derechos democráticos de los colegiados.

Hasta el momento, Corominas y su equipo se encuentran parapetados en las instalaciones del Colegio de Enfermería. Asimismo, desde la anulación legal de las elecciones de 2016, lejos de adoptar una postura razonable acatando las sentencias y pronunciamientos judiciales y cesando en sus irregularidades, se ha dedicado a emprender una desesperada estrategia de ataques infundados y difamatorios hacia el Consejo General de Enfermería y hacia los miembros de la actual Junta de Edad del Colegio de Murcia. Asimismo, ha puesto en marcha costosas campañas de publicidad, marketing y comunicación para tratar de mejorar su reputación personal, completamente mermada como consecuencia de los numerosos y continuos pronunciamientos judiciales en su contra.