David García. Madrid
José Manuel Blanque, abogado del Estado, ya ha remitido su escrito de alegaciones contra el recurso del Consejo General de Enfermería ante el Tribunal Supremo en el que pide la suspensión cautelar de lo que hasta el mismo letrado califica de “polémico párrafo”, es decir, el artículo 3 del Real Decreto de Prescripción Enfermera, y que ya está en poder del propio CGE, del Ministerio de Sanidad y de la Organización Médica Colegial como ‘codemandada’.
Redacción Médica ha tenido acceso al escrito en el que Blanque acusa a los profesionales de Enfermería de “presuntamente, haber cometido, ilícitos penales, incluso continuados, que puedan corresponder al tipo del delito de intrusismo”.
El abogado del Estado justifica esta acusación en base al recurso del propio CGE en el que afirma que “de hecho y, desde hace años, los enfermeros están indicando y usando determinados medicamentos sujetos a prescripción médica siguiendo protocolos o guías de práctica clínica, y por ello sin la supervisión médica directa, constante e inmediata”. Así, dice el abogado que si estos hechos son ciertos, los profesionales de Enfermería habrían incurrido en los delitos descritos anteriormente.
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Marta Silva de Lapuerta, Abogada General del Estado; y Máximo González Jurado, presidente del CGE, entidad recurrente.
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El letrado también se detiene a valorar en su escrito los ejemplos que el recurrente (el CGE) incluye en este sentido, como la administración de vacunas.
“Merece especial consideración, la referencia que se hace a la administración de vacunas. En este sentido, debe conocerse que, cuando se vacuna a la población, en el marco de una campaña de vacunación como es la actual, de la gripe, se actúa fruto de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública, por un riesgo epidemiológico detectado y en aras de preservar la salud pública y de los individuos más expuestos, lo que no requiere un diagnóstico previo, puesto que aún no hay enfermos, ni enfermedad que diagnosticar, pues lo que se identifican son las cohortes poblacionales más expuestas a ese riesgo, con el objetivo de prevenir precisamente, que enfermen, que son las que deben ser inmunizadas, en cumplimiento de esa orden de la autoridad sanitaria que, en este caso, suple a la prescripción facultativa”.
El letrado deja claro en su escrito que “la prescripción solo es competencia del médico” en aras de la seguridad del paciente, y aclara que también es competencia del podólogo y del odontólogo, pero no cierra la puerta a que otros profesionales sanitarios “participen” de la prescripción, pero no prescriban directamente.
Blanque reconoce por otro lado que aún no se ha constituido la Comisión que debe sustentar los protocolos y guías para que en un futuro los enfermeros acreditados (que asegura que solo seis lo han solicitado en toda España) puedan participar en la prescripción.
El letrado reprocha al CGE que las pruebas que presenta para solicitar la suspensión cautelar están incompletas o son por indicios, y asegura que “no se prueba que la ejecución del acto impugnado pueda producir perjuicios de imposible o difícil reparación, sino todo lo contrario”.
Por otro lado, Blanque se pregunta “por qué causa irreparable perjuicio el párrafo cuya suspensión se solicita y no el resto del texto normativo, pues la supuesta paralización del sistema en el proceso asistencial, tal y como interpreta el recurrente cómo es en realidad la organización de los servicios sanitarios, se vería igualmente afectada si se perpetúan las situaciones de hecho en el uso e indicación de medicamentos sujetos a prescripción por parte de los enfermeros”.
Además, dice que lo que generará parálisis en el SNS es acceder a la cautelar que solicita CGE y que también lo hace el sindicato Satse y afirma que “en un mes de vigencia del Real Decreto, no se ha producido el pretendido o hipotético colapso del sistema sanitario asistencial, que tantas veces refiere el recurrente”.
A este respecto, el escrito también recoge que el CGE hace “reiteradas amenazas” de huelga competencial “manifestada en medios de comunicación, en escritos dirigidos a directivos de Instituciones sanitarias, colegios profesionales y a los propios enfermeros colegiados”.
Por último, el abogado se refiere también a los plazos y trámites a través de los cuales se aprobó el Real Decreto. Por un lado, que el tiempo que tardó el BOE en publicarlo (dos meses) ha sido “normal”. Y por otro, que no procede que el CGE pida que el texto volviera a pasar por el Consejo de Estado de nuevo, que los cambios tras su dictamen son “práctica absolutamente habitual”, y añade que “de considerar esto necesario, podría darse el caso de no concluir nunca con el trámite consultivo en la tramitación de un proyecto normativo, si cada vez que, por apreciación de algún aspecto matizable, por distintos órganos, se deba, por cada modificación, someter el texto, nuevamente al dictamen e informe de la Administración consultiva”.
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