Coronavirus: Enfermería se querella contra Pedro Sánchez y Salvador Illa

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

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Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos: “Somos enfermeros y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, afirma rotundamente Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

50 folios para probar que no se pusieron en marcha las actuaciones

Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte. A esta querella del Consejo General se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería que así lo estimen oportuno.

A esta querella del Consejo General se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.

Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente. 

Los médicos también presentan una querella contra el Ejecutivo

CESM ha interpuesto otra querella contra el Ministerio de Sanidad por las mascarillas defectuosas

De otro lado, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha interpuesto una querella por la "presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución por su especial aforamiento".

A su parecer, existe una "presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades"

"La profunda y creciente preocupación se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando desde ese departamento, y se está transformando en máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables, así como acciones por nuestra parte, como Organización Sindical, que garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses", explican los médicos en un comunicado remitido a los medios.