El presidente del Sindicato de Enfermería, Satse,
Manuel Cascos, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para pedirle que aporte claridad e informe sobre las actuaciones que va a adoptar el departamento que dirige ante la decisión del Gobierno del
PP en Galicia de propiciar que en las
oficinas privadas de farmacia se puedan realizar
test rápidos de detección del coronavirus.
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El presidente de Satse traslada al titular de Sanidad que la decisión adoptada por la Consejería de Sanidad de Galicia ha generado una
enorme preocupación e intranquilidad dentro del colectivo enfermero dadas las consecuencias que tiene para la seguridad y salud de los ciudadanos que pudieran optar, voluntariamente y sin criterio clínico, por realizarse este tipo de pruebas en las oficinas privadas de farmacia y de todos aquellos que acudan a estos establecimientos comerciales para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta, como geles, cremas, champús, dentífricos.
Por ello, Cascos pide información al
ministro de Sanidad sobre si su departamento ha sido consultado sobre esta decisión en materia de salud pública, si ha sido o no autorizada y, en todo caso, si la comparte. En caso de que Sanidad entendiese que no es la adecuada, le solicita también tener información sobre las actuaciones que el Ministerio tiene pensado adoptar al respecto.
Satse incide, una vez más, que
se trata de una prueba diagnóstica que se pretende hacer sin prescripción médica y reitera que debe ser realizada siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras, enfermeros u otros profesionales de la sanidad pública, tiene la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y seguridad clínica.
Salud de la ciudadanía
En este sentido, el sindicato subraya que
el hecho de permitir que los farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia realicen estas pruebas supone poner en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía. Además, añade que las oficinas de farmacia no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos, de ahí que reitere que estas pruebas deben ser realizadas siempre en centros de salud que cumplan las medidas de seguridad que impone la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Según Satse, la realización de estas pruebas en las
oficinas de farmacia privadas puede favorecer la aparición y propagación de
nuevos posibles focos de contagio y transmisión de la Covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que suele ser cerrado y limitado en su estructura y capacidad y, por ello, con dificultades para su ventilación natural.
Otro aspecto que remarca la organización sindical es que
los farmacéuticos no tienen competencia legal ni cuentan con la formación clínica necesaria que les habilite para realizar de forma adecuada y segura las técnicas de recogida de muestras de las pruebas de detección de la Covid-19 dado que su formación está centrada y fundamentada en el medicamento.
Por todo ello, el Sindicato rechaza la realización de estas pruebas por parte de los empresarios de las oficinas de farmacia de nuestro país y concluye que, al igual que ocurre con su interés de poder administrar la vacuna de la gripe, lo que buscan es incrementar su margen de beneficios económicos al ser propietarios de establecimientos comerciales que tienen tal fin.
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