La subida salarial para los funcionarios, incluidos los médicos y enfermeros que forman parte del Sistema Nacional de Salud,
se tramitará finalmente como como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, como así exigieron los grupos parlamentarios, que
presentarán enmiendas. Según apuntan fuentes sindicales a
Redacción Médica, se trasladarán a los grupos tres exigencias sanitarias prioritarias para que se incorporen a dichas enmiendas: la
subida salarial, concretando el 0,25 por ciento asociado al PIB; eliminar la
tasa de reposición en sectores prioritarios (entre ellos el de la sanidad) y volver a las
jornadas semanales de 35 horas.
Preguntado por este medio, Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) y parte activa de las negociaciones de los sindicatos con
Función Pública los últimos meses; ha indicado que se reunirán con todos los grupos políticos entre los que se encuentran el PSOE, el Partido Popular, Unidos Podemos y Ciudadanos, los más representativos. Así, les pedirán que incluyan en sus enmiendas el cumplimiento del II
Acuerdo para la mejora del empleo público y que se garantice la subida salarial del 0,25 por ciento extra, independientemente de las nuevas estimaciones de crecimiento del PIB.
El sindicato entiende que el cambio en las previsiones de crecimiento debe modificarse en el acuerdo para garantizar la misma intencionalidad de subida variable a partir del 1 de julio de 2019. Esta petición es respaldada por los otras organizaciones sindicales presentes en las negociaciones (CSIF y UGT), que han reiterado en numerosas ocasiones que se
valoren los objetivos del PIB con los nuevos parámetros para que
no se vea mermada la subida de los trabajadores.
Vuelta a las 35 horas
Además, según ha indicado el representante de los trabajadores sanitarios, se insistirá en la
eliminación de la tasa de reposición para las Ofertas de Empleo Público del 2019 y la
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"Vamos a trasladarles la recuperación de las jornadas de 35 horas porque está generando desigualdades entre comunidades"
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"compensación del cien por cien de las retribuciones en caso de situación de incapacidad temporal (IT) porque no cumplen con el acuerdo". Cabrera ha ejemplificado el perjuicio económico que ocasiona: "Para un médico que hace guardias la merma económica es importante. Nosotros estamos hablando de la base reguladora, que es lo que estaba antes de la reforma del Partido Popular. Queremos volver al inicio, no a las retribuciones falsas que son los complementos de destino, porque en ningún momento es lo que se acordó", insiste.
"También vamos a llevar lo de
las 35 horas porque al final es una locura y está generando muchas
desigualdades entre las comunidades autónomas. En la Mesa General hubo varias comunidades que lo pidieron expresamente", añade el secretario general. La propuesta de CCOO siembre ha sido la desvinculación de la jornada de las 35 horas al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, techo de gasto y deuda pública.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet , se comprometió con los sindicatos a estudiar
eliminar el objetivo de déficit público que permite a las comunidades autónomas volver a la jornada de las 35 horas semanales el pasado verano. Todas las exigencias en las que trabaja el sindicado se plasmarán en un
documento que está elaborando y que se trasladará a los grupos parlamentarios.
Oposición en el Congreso
Durante el debate del Real Decreto sobre medidas tributarias que ha dado lugar a este proyecto de ley, los partidos de la oposición reiteraron su posición crítica frente al proyecto, pese a votar a su favor. Ciudadanos, en relación con la parte de subida salarial dependiente del crecimiento del PIB, destacó que "no ha dejado de caer la
expectativa de crecimiento del PIB desde que llegó el señor Sánchez y estamos ya en el 2,2. No se olviden, la mejor política social es aquélla que se puede pagar", espetó al Gobierno.
Podemos también incidió en el 0,25 de incremento salarial ligado al PIB y ha tildó la propuesta legislativa de "insuficiente" para devolver lo perdido al sector público. "Recuperar la economía es una tarea del Gobierno que no debe repercutir en recuperar entre el 15 y el 20 por ciento perdido de poder adqusitivo", exigió Cristina Honorato.
El grupo PNV, por su parte, recalcó su malestar con el RD, siendo críticos con el documento y pidiendo "su tramitación como proyecto de ley para flexibilizar que las adminitraciones públicas con superávit, para que los
incrementos adicionales vinculados al crecimiento del PIB puedan materializarse por las administraciones competentes a su eleccción".
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