El
Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado un paso más a la hora de ‘vigilar’ que los
profesionales sanitarios no sean víctimas de abusos horarios. En la rueda de prensa posterior a la
Mesa de Diálogo Social celebrada este viernes, el secretario de Estado de Trabajo,
Joaquín Pérez Rey, ha avanzado que el departamento ha constituido un grupo de expertos del que saldrá el reglamento que, más allá de las modificaciones que se introduzcan en el
Estatuto de los Trabajadores, tenga en cuenta las “singularidades de algunas relaciones laborales especiales” para controlar que las empresas cumplen con la reducción de
jornada laboral a 37,5 horas que el Gobierno quiere implantar desde 2025. En esas relaciones "especiales", según avanzaron en septiembre fuentes de Trabajo a
Redacción Médica, entrarían no sólo los
MIR,
EIR y demás residentes por su condición de personal laboral y no estatutario, sino también los
trabajadores de la sanidad privada.
Pérez Rey ha mencionado “el establecimiento de un
registro horario” entre los aspectos en los que ha incidido el Gobierno en su propuesta de mejora de las condiciones laborales presentada por escrito este viernes a los agentes sociales. A ello se suma la
reducción de jornada laboral a 37,5 horas en 2025, el
derecho a la desconexión digital “para que la jornada sea eficaz” y el plan de acompañamiento a la pequeña empresa
Pyme 375. “El perímetro negociador ya ha quedado cerrado”, ha dicho.
El
registro horario de los trabajadores es obligatorio desde 2019 -aunque ese
control de las horas trabajadas por los MIR lleva sin cumplirse desde entonces-, pero Trabajo pretende introducir determinadas mejoras para que su aplicación sea real y efectiva. “El Gobierno ha insistido en la necesidad de que ese registro sea electrónico, que no sea fácilmente manipulable y que sea interoperable por la Inspección de Trabajo para que nos permita verificar si se cumple o no con la normativa en tiempo de trabajo”, según el secretario de Estado.
Al respecto, la intención del ministerio que dirige Yolanda Díaz es que ese control horario “tenga en cuenta las singularidades de algunas
relaciones laborales especiales o algunos sectores productivos que, por características obvias, tienen que tener una regulación de registro específica”. Es en el primero de estos dos grupos en el que quedaría englobado el sector sanitario, tal y como deslizaron fuentes de Trabajo a este periódico en su momento.
Registro horario para las "singularidades" sanitarias
Pero, para regular esas “singularidades”, no bastará con modificar el Estatuto de los Trabajadores -de hecho, el marco laboral de los residentes sanitarios está tejido entre dicho Estatuto y el Real Decreto que define su “relacional laboral especial de residencia”-. “Al margen de eso se necesita un
desarrollo reglamentario mucho más extenso que tenga en cuenta estas singularidades sectoriales”, ha observado Pérez Rey. De ahí que el departamento ministerial haya conformado el grupo de expertos ad hoc, con el que Trabajo ya dialoga “desde hace algunas semanas”.
El equipo de Díaz “asume en primera persona” la “obligación” de dar forma a ese desarrollo reglamentario, que se culminará una vez ya esté vigente la jornada de 37,5 horas, “una medida de época y esencial para avanzar hacia el bienestar de las personas trabajadoras de nuestro país”, según el secretario de Estado. En el futuro acuerdo se contemplan mecanismos de
adaptación progresiva y "flexible" a la nueva jornada laboral del que podrían beneficiarse las
empresas que gestionan servicios de la sanidad pública a través de conciertos.
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