Los profesionales sanitarios de las administraciones públicas han comenzado a percibir la
paga adicional que les corresponde por el reajuste salarial del
1,5 por ciento acordado entre agentes sociales y Gobierno. Según cálculos de
UGT, el incremento de las retribuciones para el personal de la Administración General y las autonómicas “ha sido finalmente efectivo en la
nómina de noviembre”, pero además se abonarán los retrasos correspondientes a los meses anteriores.
Dicha cuantía oscilará entre los
231 y los 651 euros y “ya está dispuesta en la Administración General del Estado, la gran mayoría de comunidades y las administraciones locales”, ha detallado UGT.
Gobierno y sindicatos acordaron este ajuste salarial para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en un escenario de creciente inflación. Tal y como informó este periódico, está previsto que esta suma ‘extra’ se abone entre los empleados sanitarios antes de que finalice este año, aunque por ley, las comunidades autónomas tendrán como
plazo máximo hasta el 31 de marzo de 2023.
No obstante, la mayoría de las regiones ejecutarán los cobros
antes de enero.
Para poder hacer frente a estos gastos, y de manera excepcional durante este año 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a “formalizar
nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación” con el objetivo de que puedan hacer frente a estas subidas en las nóminas.
Subida salarial del 3,5% en 2022
El incremento salarial del 1,5 por ciento acordado entre Gobierno y sindicatos se suma al aumento paralelo del 2 por ciento de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este ejercicio. De esta forma, el salario total de los profesionales sanitarios públicos se habrá incrementado un
3,5 por ciento en 2022. Este pacto fija además para 2023 un alza retributiva del 2,5 por ciento, aunque el montante final estará vinculado a la
evolución del IPC y del PIB nominal.
En concreto, el personal recibirá un 0,5 por ciento más si la suma del IPC armonizado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6 por ciento. La otra variable, también del 0,5 por ciento, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
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