Moncloa descarta sanciones pese el revés del TJUE por el interino sanitario

El Ministerio de Función Pública no ve ningún tirón de orejas al ordenamiento jurídico español en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público. “Es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo”, indica en un comunicado. El departamento de Óscar López destaca que el fallo no obliga “de forma general” ni a España ni a los Estados miembro a hacer fijos de forma directa a los indefinidos de larga duración o indefinidos no fijos para compensarlos por encadenar un contrato temporal tras otro. “El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra”, reza la nota.

El ministerio cita un párrafo de la sentencia para sustentar esa interpretación: “El Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada”. Lo que no dice es que el fragmento forma parte de las consideraciones preliminares del fallo, no de la conclusión final.

De hecho, omite las dos grandes críticas a la legislación española con las que los magistrados rematan su análisis como respuesta directa a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo: que el Acuerdo Marco “se opone” a una normativa nacional que permita convertir en indefinidos no fijos a los interinos de larga duración para “sancionar” los abusos de temporalidad, y que las indemnizaciones con “un doble límite máximo”, el régimen de responsabilidad de las administraciones “ambiguo, abstracto e imprevisible” y los procesos de estabilización abiertos (es decir, no exclusivos para los perjudicados por el abuso) tampoco son medidas “adecuadas” para prevenir y compensar por esta circunstancia.

El Gobierno defiende su política de empleo público

“El Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo”, se apunta desde Función Pública.

Es el mismo argumento al que se aferró López en octubre, cuando respondió en el Congreso a una interpelación urgente de Podemos para instar al Gobierno a hacer fijos a los indefinidos de larga duración sin someterlos a un proceso selectivo. “Queremos una función pública fuerte, de calidad, pero tampoco lo vamos a hacer a costa de la Constitución Española”, expresó. En su comunicado de este martes, el ministerio subraya que los principios de igualdad, mérito y capacidad “son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional”.

Función Pública valora la “profunda” reforma “contra la temporalidad en el sector público” impulsada por el Gobierno en 2021, con la famosa ley 20/21 “validada por la Comisión Europea” y que, según el ministerio, “está funcionando”. “La tasa de temporalidad se ha reducido seis puntos, del 39 por ciento en 2023 al 32,7 por ciento en la actualidad”, defiende. Cabe recordar que el objetivo de esa ley, por mandato europeo, era bajar esa tasa a menos del 8 por ciento para el 31 de diciembre de 2024.

Según Función Pública, el Gobierno ha convocado, de media, 32.522 plazas de empleo público al año entre 2018 y 2025, por lo que el “problema del exceso de trabajadores temporales” afecta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, “con tasas del 40 por ciento y el 36 por ciento de empleados eventuales, respectivamente”. El ministerio identifica a la sanidad y al empleo como los sectores que concentran las mayores tasas de temporalidad.