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"Obstáculos regulatorios" complican el fin de la temporalidad en sanidad

Las áreas vinculadas al sector público han mostrado cambios mínimos en este tipo de contratación tras la reforma laboral

José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y uno de los autores de este informe.

18 dic 2023. 16.20H
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La reforma laboral de 2021 ha resultado “un éxito” para combatir "la naturaleza dual del mercado laboral en España" según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Pero este éxito no se ha distribuido de manera uniforme entre todos los sectores. Por ello, aquellos con fuertes afiliaciones al sector público, como el sector sanitario, han mostrado cambios mínimos en sus tasas de empleo temporal. ¿El motivo? Los "obstáculos regulatorios" que presentan principalmente los modelos de contratación.

Este documento, titulado "Reforming Dual Labor Markets: 'Empirical' or 'Contractual' Temporary Rates?", refleja que la reducción de la temporalidad en el ámbito sanitario se ha vuelto un tema cada vez más complejo de resolver. Esto se atribuye principalmente a los "obstáculos regulatorios inherentes al proceso de transición de trabajadores temporales a roles permanentes dentro del marco de los protocolos de contratación del sector público".

En otras palabras, la reforma parece tener un impacto limitado en la estabilidad laboral del sector de la salud debido a las regulaciones y a los desafíos asociados con la transición de trabajadores temporales a roles permanentes en el ámbito de la contratación pública que presenta el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por este motivo, el informe muestra que los efectos de la aplicación de esta reforma no se han percibido con el mismo éxito en todos los campos y las áreas más estrechamente vinculadas al sector público, como es el caso del sector sanitario, no han mostrado una clara disminución respecto al número de contratos temporales realizados en los últimos meses a causa de la complejidad de los procesos de contratación en este sector.


Aumento de contratos temporales en 2023


El pasado mes de mayo se conocía que los contratos temporales en actividades sociosanitarias habían aumentado respecto a los datos de 2022. En el primer trimestre, este tipo de contratos aumentaron un 16 por ciento, según los datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de una tendencia que se mantiene durante los últimos años.

Desde 2011, los contratos temporales han ido aumentando, con un pico máximo en 2019 con 17.496 contratos. La evolución ha sido la siguiente: 2011 (7.222 contratos), 2012 (5.652), 2013 (6.414), 2014 (8.854), 2015 (9.190), 2016 (8.977), 2017 (12.283), 2018 (14.255), 2019 (17.496), 2020 (11.706). En los últimos años, la cifra se fija en un total de 11.969 en 2021 y 11.698 contratos en 2022. Esto supone un aumento de un 65 por ciento en 2021 y de un 62 por ciento en 2022, respecto a los datos de 2011.

Estas cifras se comprenden si se tiene en cuenta que la reforma laboral recoge entre sus apartados nuevas vías para que las empresas puedan dotarse de trabajadores temporales en momentos de alta demanda.

En el sector sanitario, estas situaciones se producen en vacaciones o en épocas de alta presión asistencial. Para estos casos, el Gobierno, los sindicatos y la patronal han dejado abierta la posibilidad de realizar contratos eventuales que no podrán exceder los 90 días de duración y deberán estar debidamente justificados.


1 de cada 10 nuevos contratos son indefinidos


Durante el pasado año, solamente un 13 por ciento de los contratos que se realizaron fueron indefinidos, colocando a la sanidad como una de las áreas más golpeadas por la eventualidad, a pesar de la entrada en vigor de la reforma laboral. Según un informe publicado por Adecco Group y Cuatrecasas, esto se debe a que la mayoría de las contrataciones que se realizan para los puestos sanitarios es dirigida a cubrir sustituciones.

Se trata de una situación que golpea directamente a la creación de empleo fijo en el sector de la salud y que sitúa a la sanidad en el penúltimo puesto respecto a los datos de contratación indefinida, solo por detrás de los empleados de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social.

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