El Consejo de Ministros ha reactivado este martes algunos de los aspectos de la
Ley de Función Pública que no terminaron de cristalizar la pasada legislatura. Entre ellos, el relativo a la
evaluación del desempeño de los
funcionarios públicos, a quienes “se les medirá en función del cumplimiento de objetivos”, según ha informado el ministro de Presidencia,
Félix Bolaños. Fuentes del departamento de Hacienda limitan en cualquier caso el alcance de esta medida a los trabajadores de la
Administración General del Estado (AGE). De esta forma, los
sanitarios estatutarios vinculados a las comunidades autónomas quedarán exentos de dichas pruebas.
Así será al menos en el corto plazo, dado que el Gobierno no cierra la puerta a que las administraciones autonómicas retoquen sus respectivas
leyes de Función Pública para incorporar esta evaluación de funcionarios. “El personal estatutario de las CCAA
es competencia de las CCAA. Son ellas las que pueden realizar adaptaciones en base a esta legislación”, sentencian.
La medida aprobada por el Consejo de Ministros sí alcanza a los trabajadores de la
Administración General del Estado (AGE), a quienes, según Bolaños, “se les medirá en función del cumplimiento de objetivos”.
El Gobierno satisface de esta forma una de las medidas contempladas en la
Ley de Función Pública que vio la luz el pasado marzo. La norma “sienta las bases y criterios rectores para la implementación generalizada de la
evaluación del desempeño en la Administración del Estado, fundamentado en objetivos de cumplimiento de carácter colectivo e individual y sobre la base de la planificación estratégica y los resultados de cada unidad o centro directivo como marco de valoración objetiva y objetivable”.
Esta evaluación, expone la ley, “se incardinará en la
planificación estratégica y tendrá en cuenta los resultados de cada unidad o centro directivo para analizar el cumplimiento de objetivos de carácter colectivo e individual”.
Carrera profesional horizontal en la AGE
La evaluación de funcionarios forma parte de un decreto más amplio mediante el que se establece también la carrera profesional horizontal, de forma que se podrá
"progresar por tramos" desde el mismo puesto en la
Administración o empresa pública.
Asimismo, Bolaños ha explicado que la norma regula las figuras de los directivos profesionales públicos en el ámbito de la Administración General del Estado, lo que equivale a subdirectores generales, pero también en el ámbito de empresas públicas.
El ministro ha señalado que estas medidas derivan en algunos casos del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en 2007. "Había medidas que todavía estaban pendientes de implementarse y que con este decreto ley lo hacemos", ha subrayado.
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