Los
profesionales de la sanidad pública ya tienen asegurado el
incremento salarial del 0,5 por ciento ligado al PIB de 2023 que se había pactado en el Gobierno y los agentes sociales. El
Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI recogía ese aumento de medio punto en las nóminas de los funcionarios si si el PIB nominal igualaba o superaba el 2,1 por ciento que se previó en el cuadro macroeconómico de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), y, finalmente, la
economía española creció el año pasado un 2,5 por ciento, una décima más de las últimas estimaciones, después de un repunte del 0,6 por ciento en el cuarto trimestre, de acuerdo a los datos publicados este martes por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta subida conlleva que el
salario de los médicos se eleve hasta los 54.743 euros brutos anuales, de media, teniendo en cuenta que, según una estimación del Sindicato Médico Andaluz, los emolumentos de los facultativos de la pública ya ascendieron a 54.471 euros al año tras aplicar, el pasado octubre, el incremento del 0,5 por ciento para paliar la inflación. En el caso de los enfermeros, su sueldo medio alcanzaba los 28.600 euros en 2023, antes de las subidas porcentuales sujetas a los datos económicos, por lo que, con ambos pluses, ascendería hasta los 28.880 euros brutos anuales.
Las cifras del PIB conllevan, en última instancia, que la
subida del sueldo de los sanitarios al servicio del Estado y de las CCAA alcance el
máximo posible para 2023 del 3,5 por ciento total, a saber, el 2,5 por ciento fijo, aplicado desde el 1 de enero del año pasado, al que en octubre se añadió ese otro 0,5 por ciento más ligado al incremento del IPC que se vio reflejado en la nómina de ese mes y con carácter retroactivo desde el primer día del año.
Aún hay previsto un posible aumento salarial del 0,5 por ciento en 2024, aparte de uno fijo del 2 por ciento, que habrá de hacerse realidad si la suma de la
variación del IPC armonizado de los años 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo fijo acumulado de estos tres año. En el caso de que ese último requisito se cumpliera, las nóminas de los funcionarios habrán crecido un 9,5 por ciento en tres años.
Retraso en el aumento salarial sanitario
Cuándo se hará efectivo este último incremento del 0,5 por ciento ligado al PIB más el 2 por ciento fijo pactado para 2024 en el Acuerdo Marco es ya harina de otro costal. Ambos aumentos han de quedar reflejados en los PGE de este ejercicio para que puedan aplicarse, pero la paralización de la actividad parlamentaria por las
elecciones generales del 23J ha conllevado un retraso en la aprobación de las cuentas.
CCOO amenazó con convocar manifestaciones si el Ejecutivo no aprobaba un Real Decreto-ley ad hoc para que ese
aumento salarial sanitario del 2,5 por ciento se viera reflejado en las nóminas de los funcionarios desde el pasado 1 de enero, aunque las aguas se calmaron tras los
cambios en el departamento de Función Pública, ahora dependiente del
Ministerio para la Transformación Digital.
Lo que sí está claro es que el Ejecutivo pudo adelantarse a los acontecimientos e incluir el incremento salarial en el
RD-ley que prorroga las medidas antiinflación y que ya convalidó in extremis el
Congreso de los Diputados. Tan sólo tendría que haber declarado el
incremento en los sueldos de los sanitarios "de urgente necesidad" a la espera de contar con PGE, como así hizo, de hecho, con la revalorización de las pensiones previamente acordada. En cuanto ese 2,5 por ciento de incremento salarial se haga realidad, los facultativos del sector público acabarán cobrando, de media, 55.838 euros brutos al año, y los enfermeros, 29.456.
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