Las comunidades han dado carpetazo definitivo a
la fórmula del contrato interino para incorporar médicos, enfermeros o auxiliares a las plantillas de sus servicios de salud. El grueso de los gobiernos autonómicos se ha hecho eco del cambio normativo que lograron los sindicatos en la primera
reforma del Estatuto Marco y ha renunciado a esta modalidad de contratación para el próximo año. En su lugar, desplegarán una batería de
Ofertas Públicas de Empleo (OPE) destinadas a estabilizar a los profesionales para 2024 con el objetivo de reducir la temporalidad en el sector. La apuesta ya ha quedado reflejada en sus
proyectos presupuestarios para el curso que viene y supone el fin de una época marcada por
la eventualidad que arrancó en 2008 como resultado de la crisis financiera internacional y que se acentuó con la pandemia de Covid-19.
Regiones como la
Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Baleares, Cantabria o La Rioja son algunas de las que se han comprometido oficialmente a no recurrir a los trabajadores eventuales en la sanidad de manera recurrente. En las cuentas públicas de stas 10 regiones se puede encontrar una cláusula casi idéntica en la que se veta esta vía habitual en la última década:
“No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario interino y sustituto, y de personal funcionario interino”.
En todo caso, las autonomías sí que se han cubierto las espaldas y han recogido en las cuentas públicas la posibilidad de volver a tirar de interinos si se producen situaciones
“excepcionales” que requieran hacer frente a las “necesidades urgentes e inaplazables” de la atención sanitaria. Esta particularidad ya formaba parte también del articulado del propio Estatuto Marco, en el que se dejó la puerta abierta a
recurrir a profesionales eventuales en los casos en los que fuera imprescindible para garantizar el funcionamiento permanente de las instituciones sanitarias.
La decisión de los gobiernos autonómicos responde a los últimos cambios normativos acordados en la mesa de diálogo con los agentes sociales, pero también a los
avisos que la Comisión Europea ha venido repitiendo en los últimos años al Sistema Nacional de Salud (SNS). La institución que preside
Ursula Von der Leyen ya advirtió al conjunto de la sanidad española en
un dictamen sobre
el aumento que se había registrado en la contratación temporal en el seno de los servicios sanitarios tras la
pandemia de Covid-19 e instó a mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales.
Nuevas OPE en sanidad para 2024
La política de reforzar el carácter fijo de los profesionales sanitarios vendrá acompañada de nuevas OPE en sanidad a lo largo del 2024. La
Comunidad de Madrid ya ha registrado en las cuentas públicas su objetivo de incorporar como personal estatutario a un total de
14.000 profesionales de la salud. Para ello, hará hincapié en las vacantes para las que se considera “inaplazable” la incorporación de trabajadores. “
En materia de recursos humanos, se continuará primando la estabilidad”, reza el proyecto aprobado en el Consejo de Gobierno, que todavía tiene que debatirse en la Asamblea de Madrid.
En la misma línea trabaja
Galicia que ya ha fijado a sus cuentas públicas del próximo año la creación de
1.700 nuevas plazas estatutarias en el Sergas, que se suman a las cerca de 1.200 con las que cerrarán el 2023. El objetivo marcado por la Conselleria de Sanidade pasa por consolidar al personal que se incorporó a las plantillas como refuerzo durante la pandemia de Covid-19. El proyecto de ley reconoce el objetivo de ampliar
“la política de inversión” para dotar a la sanidad pública de equipamientos, infraestructura y personal.
También ha preparado un fuerte repunte en el desembolso económico para la contratación de sanitarios la
Comunidad Valenciana. El Presupuesto de 2024 contempla una partida de
4.075,2 millones de euros solo para gastos de personal, lo que representa una subida del 10,4 por ciento. Algo que desde la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez han atribuido, entre otras cuestiones, a la necesidad de equiparar condiciones en todas las áreas de salud, incluidos los consorcios públicos. Además, antes de finalizar el año desplegarán
una OPE dirigida a más de 4.500 trabajadores del sector.
Andalucía también ha marcado en sus cuentas una hoja de ruta para estabilizar empleo sanitario a lo largo del próximo año. La propia consejera de Sanidad,
Catalina García, ha anunciado que se dará continuidad a los
7.000 profesionales que se incorporaron al servicio como refuerzo por la pandemia. Mientras que el objetivo pasa por alcanzar una estabilización del 94 por ciento de la plantilla en el siguiente curso. “Durante el año 2024 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, hasta el
máximo que se establezca por la legislación básica estatal”, reza el proyecto de ley de las cuentas públicas.
El Presupuesto de
Canarias también ha dedicado una sección importante de su partida sanitaria para incrementar el empleo en salud. El documento ha avanzado que se
estabilizará en el próximo año a 12.000 profesionales, mientras que se consolidarán 7.055 nuevas plazas en plantilla orgánica. De ahí, que el gasto en personal vaya a experimentar un aumento de casi el 11 por ciento hasta situarse en los
2.289 millones de euros durante el 2024.
Las contrataciones sanitarias, en auge en los Presupuestos
Las cuentas públicas de Aragón para 2024 han fijado en la dirección general de sanidad la responsabilidad de elaborar y tramitar la
oferta de empleo público correspondiente al ámbito del personal estatutario para el próximo año, lo que previsiblemente se puede traducir en un nuevo aumento. Esta apuesta ha quedado reflejada en la inversión en plantillas públicas que crecerá hasta los
1.388 millones de euros, lo que supone
104 más que en el pasado ejercicio.
En la misma línea se ha situado esta tendencia en el caso de
Baleares. Los presupuestos recogen un aumento del 4,3 por ciento en el capítulo de gasto de personal hasta situarse en los
1.067 millones de euros. Casi la mitad corresponde a las nóminas de los profesionales del Servei de Salut. Algo que la consejera,
Manuela García, ya ha reconocido que es el “mejor y mayor activo” del que dispone su departamento.
En los presupuestos de
Castilla-La Mancha también se observa un aumento importante de los gastos de personal que ascienden a
4.135,2 millones. Aunque el propio presidente autonómico,
Emiliano García Page, ha advertido de la necesidad de abrir un
debate nacional sobre la contratación de médicos para garantizar la inversión. "Esto también está en juego y me da igual un partido que otro”, ha subrayado.
También se ha notado la inversión de dinero público para los puestos de la sanidad en las cuentas públicas de
Cantabria que contará con
2.689 millones el próximo ejercicio para hacer frente a las nóminas de los empleados. Representa un
6,31 por ciento más y permitiría dar cabida también a potenciales aumentos de sueldo. “El pilar de los presupuestos son las personas, los trabajadores. Y por ello se aumenta
este capítulo dedicado a las nóminas del personal sanitario, docente y resto de empleados públicos", ha reconocido desde el Gobierno.
En el caso de
La Rioja, la apuesta por la incorporación de sanitarios en calidad de plaza fija puede observarse también en el capítulo de personal que se disparará un
15,7 por ciento en 2024 para poder satisfacer las necesidades del sistema. La propia consejera,
María Martín, reconoció que esta cifra estaba destinada a “cumplir con el compromiso de reforzar uno de los
pilares fundamentales del sistema: los profesionales”.
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