El ministro de Política Territorial y Función Pública,
Miquel Iceta, ha trasladado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el borrador del plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, al que ha tenido acceso
Redacción Médica. El borrador incorpora buena parte de las
aportaciones que quince comunidades autónomas y la FEMP hicieron llegar al Ministerio, así como las que se pusieron sobre la mesa en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, el órgano técnico de colaboración de la Conferencia Sectorial reunido esta misma semana.
El objetivo de la reforma del Gobierno es situar la tasa de temporalidad estructural
por debajo del 8% de las Administraciones Públicas españolas, como la de Sanidad. Para ello, según el borrador, se articulará un nuevo proceso de estabilización de empleo temporal.
Resolución de procesos antes de 2025
Este proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente
al menos en los tres años anteriores a 31 de 3 diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018. “El proceso se desarrollará con las condiciones y características previstas en los mismos en cuanto a tiempo de ocupación y sectores, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas. Este proceso supondrá la autorización de una tasa adicional para la estabilización del personal temporal”, reza el escrito.
En este sentido, las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios oficiales antes de 31 de diciembre de 2021, la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2022.
La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024.
Por otro lado, el ministerio de Iceta indica que en todo caso se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, al igual que en los ya iniciados. Sin perjuicio de lo establecido en su caso por la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición y
con una valoración de la fase de concurso de un 40%, “en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente”.
Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente y no habiendo superado éste,
sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente.
Asegurar el cumplimiento del plazo establecido
Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un
desarrollo ágil de los procesos selectivos en todas sus fases, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.
Una cuestión que no contempla el citado documento, pero que sí comentó el ministro Iceta, son las
sanciones a aquellas Administraciones que no convoquen las ofertas de empleo público pactadas. Una solicitud que le hizo algún sindicato como Comisiones Obreras, que planteó
"causalizar la contratación, determinar un régimen sancionador a las AAPP que incumplan e implantar medidas que repercutan de forma inmediata y obligacional para eliminar la precariedad laboral, reducir la temporalidad y rebajarla al 8 por ciento, asumiendo así los compromisos recogidos en los acuerdos con los sindicatos y con Europa".
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