La carrera profesional para médicos forenses resucita con el nuevo Gobierno

En la mesa del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reposa desde hace un mes una antigua reivindicación del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses al servicio del ministerio que dirige Félix Bolaños: la creación de una carrera profesional específica que tenga en cuenta las características especiales de estos funcionarios -con tareas más cercanas a las de los profesionales sanitarios- respecto al resto de empleados que dependen del departamento.

“Llevamos años pidiéndolo”, indica a Redacción Médica Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Forenses (ANMF), el colectivo que, en enero, se reunió con Olmedo para trasladar las principales reivindicaciones de estos facultativos especialistas. “Queremos que, con la carrera profesional, se reconozcan nuestros méritos específicos, los cursos que hacemos y nuestra labor de investigación. Es decir, todo aquello que hace singular nuestra especialidad dentro de la Administración de Justicia”, detalla.

La propuesta de la asociación se basa en la que ya elaboró el Consejo Médico Forense (CMF) en diciembre de 2018, cuando acordó la constitución de un grupo de trabajo ad hoc compuesto por sendos representantes de la propia ANMF, la Organización Médica Colegial (OMC), el Sindicato Profesional de Médicos Forenses y el Ministerio de Justicia, bajo la coordinación del CMF.

En el modelo se establecía un nivel cero, que es el que daría acceso a la propia carrera profesional -basada un pilar curricular y otro asistencial-, y cuatro niveles superiores según la actividad asistencial y pericial, el nivel de formación, la actividad científica y de investigación, la actividad docente y otras competencias personales.

“Habría que actualizar la propuesta, sobre todo en materia económica, pero, en principio, en el Ministerio están de acuerdo en abordar el asunto”, asegura Ortega. Eso es, en efecto, lo que trasladan desde la cartera, en cuyo seno están trabajando en “un gran impulso reformista a la Justicia en nuestro país”, para la cual “es voluntad del ministro Félix Bolaños hacer partícipe al colectivo de médicos forenses, con diálogo, escucha y cooperación”.

Inequidades entre médicos forenses según CCAA

Esa voluntad de diálogo y escucha, no obstante, se ve lastrada en muchas ocasiones por el hecho de que las competencias de Justicia están transferidas a doce comunidades autónomas. “Los institutos de Medicina Legal dependen, por tanto, de estos gobiernos regionales, lo cual genera dificultades a la hora de negociar”, lamenta Ortega.

La presidenta de la ANMF señala, además, que esa situación acaba provocando inequidades entre estos órganos. “Hay unos que tienen mejores medios que otros, que están más retrasados, y también hay diferencias de sueldos, a pesar de que los trabajadores formamos parte de un Cuerpo Nacional”. En este sentido, el colectivo también reclama un incremento del complemento general del puesto.

Carencia de médicos forenses y alto nivel de interinidad

Por último, Ortega advierte sobre la carencia de especialistas de Medicina Forense, un aspecto que se agravará con las futuras jubilaciones. “Habrá bastantes en los próximos años. Hemos pedido al CMF que haga un estudio demográfico para saber cuál es la necesidad concreta de nuevos especialistas”, afirma.

A la espera de ello, aunque valora el hecho de que se creara, en 2022, la especialidad de Medicina Forense y de que en la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se aumentaran las plazas con respecto a la anterior -de ocho a doce-, asevera que la oferta sigue siendo insuficiente.

“Hacen falta más plazas MIR porque, por un lado, tenemos un índice de interinidad de en torno al 30 por ciento, y, por otro, aunque están aumentando los órganos judiciales, nuestras plantillas no están creciendo al mismo ritmo, lo cual hace que aumente la carga de trabajo”, explica la presidenta de la ANMF.

“En general, cuando hablas de forenses, la gente sólo se imagina las autopsias, pero, en nuestro trabajo, eso supone un 20 por ciento. La mayor parte de nuestra labor es clínica: hacer valoraciones e informes, ir a juicios… y eso ha aumentado mucho en los últimos años”, sentencia.