El Gobierno lo ha dejado claro. El
Anteproyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses del personal público no impedirá a los profesionales sanitarios compaginar su actividad en la
sanidad pública y en la privada.
Según ha explicado Miquel Iceta a una pregunta formulada por
Redacción Médica, la reforma que plantea el Ministerio de Función Territorial y Aministración está orientada al
"registro de intereses", por lo que no está previsto que interfiera en la
compatibilización de la actividad por parte de los trabajadores en ambos sectores.
Siempre que lo permita la jornada laboral o las limitaciones
"la actividad es libre, por lo que no tiene que ver con la regulación de intereses", ha aclarado el ministro a la hora de establecer una
diferenciación clara con las medidas que plantea el nuevo reglamento.
"Lo que vamos a exigir como se ha exigido siempre es el
cumplimiento de las obligaciones con el sector público". Esta situación entraría en conflicto, explicaba, si el profesional se dedicara a
"asesorar una empresa del ramo" o con contratos de aseoría "no justificados".
Consulta pública del anteproyecto hasta el próximo día 28
El anteproyecto de Ley se encuentra en estos momentos sometido a
consulta pública hasta el próximo día 28, tal y como ha recordado Iceta, antes de ser reformulado y presentado al conjunto de departamentos ministeriales. Iceta confía en que finalmente obtenga el consenso necesario para llegar a término y someterse al veredicto final del
Consejo de Ministros como Proyecto de Ley.
El objetivo de la norma, demandada por varios sectores de las Administraciones Públicas, es establecer un nuevo sistema de prevención de conflictos de intereses y de
incompatibilidades entre los trabajadores del sector público, así como regular el desempeño de nuevas formas de prestación de actividades profesionales que no estén contempladas en la normativa vigente, sin que este sea el caso de los profesionales sanitarios.
Bajo este marco, también está previsto establecer una nueva regulación de las actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades y poner limitaciones al desempeño de actividades privadas "en los supuestos de situaciones adminitrativas distintas a las de servicio activo". A su vez, la nueva normativa tratará de poner en marcha un
sistema "más riguroso" que permita prevenir este tipo de conflictos en personal eventual.
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