Aunque el acuerdo marco destinado entre otros efectos a mejorar el
salario de los funcionarios del SNS fue suscrito por el Gobierno central, su aplicación es deber de las comunidades autónomas.
“Y debe ser inmediata”, deslizan fuentes del Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que el grueso de las regiones ha hecho los deberes y no se esperan retrasos en el pago del 0,5 por ciento adicional en 2023 que dependía del IPC. Pero, en cualquier caso, el departamento de
María Jesús Montero no teme el hecho de que pueda producirse algún
retraso ‘puntual’ en la implantación de esa o cualquier otra medida de llamado pacto ‘para la administración del siglo XXI’, dado que es de carácter retroactivo.
El pasado octubre, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dictó a través del Boletín Oficial autonómico las instrucciones para ejecutar la
subida salarial del 0,5 por ciento en las plantillas del sector público, incluidas las sanitarias. Este incremento, que tiene
efecto retroactivo desde el 1 de enero, es consecuencia directa de la evolución del
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que superó el 6 por ciento entre septiembre de 2022 y el de 2023.
El sueldo de los sanitarios sube por la inflación
Fuentes del Gobierno central apuntan que la aplicación de este
0,5 por ciento adicional (del que se benefician también los MIR) corresponde a las comunidades autónomas, que han de dar salida a las medidas del ‘
Acuerdo Marco para la administración del siglo XXI’ a través de sus respectivas mesas generales de administración.
Por norma general, dicha subida salarial debe hacerse efectiva de forma “inminente”, aunque desde el Ministerio de Hacienda inciden que, en casos puntuales, las comunidades que no dispongan de los medios “técnicos” para llevarlo a cabo
lo podrían abonar “lo antes posible”.
En cualquier caso, no es este un problema que genere preocupación en la administración central. “Que se haga en el mismo octubre o se retrase al mes que viene en alguna comunidad o administración tiene una importancia menor, porque su aplicación es con carácter retroactivo. Es decir, se sube el
0,5 por ciento adicional desde el 1 de enero de 2023, por lo que si no se paga este mes, el que viene habrá de hacerse con la cantidad global correspondiente”, indican las fuentes consultadas.
La mayoría de las CCAA han aplicado ya la subida de sueldo
La mayoría de las regiones han iniciado las tramitaciones este octubre. La última en hacerlo ha sido
Extremadura, que ha dado luz verde a la subida salarial este mismo miércoles. “La Junta cumple con la Ley y con su palabra, pero sobre todo, se preocupa mucho del principal activo con el que cuenta la administración, que son los funcionarios públicos”, ha manifestado
Elena Manzano, consejera de Hacienda de la región.
Otras, como la
Comunidad de Madrid, Cataluña o Navarra, han anunciado que el abono de este 0,5 por ciento ‘extra’ comenzará a producirse en el mes de noviembre, aunque subrayan que sigue teniendo efectos retroactivos desde enero. En este sentido,
Amparo López, portavoz del Gobierno foral, destacó recientemente que la Mesa General de la Función Pública “no tardará en convocarse” “Antes de que acabe octubre”, apuntó. En el caso de
Aragón y Galicia, se desconoce por el momento cuándo se certificará este incremento.
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