Función Pública pacta subir un plus salarial a estos sanitarios de la AGE
El acuerdo entre el ministerio, UGT y CSIF se aplicará a la Sanidad Militar, Marítima y Penitenciaria de Baleares
El ministro de Función Pública, Óscar López.
07 jul 2026. 14.35H
POR MANU IBÁÑEZ
Los profesionales de la sanidad que dependen directamente de la Administración General del Estado (AGE) verán incrementadas sus indemnizaciones por residencia en las Islas Baleares tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF en la mesa del diálogo social. El pacto, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de julio y habrá de aprobarse en el Consejo de Ministros, contempla un aumento del 100 por ciento en el caso de los empleados públicos estatales destinados a Mallorca y del 300 por ciento para quienes trabajen en Menorca, Ibiza y Formentera.
Las nuevas cuantías oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y el destino. El Ministerio de Función Pública se comprometió, previa negociación colectiva en un plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva la actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad. La medida beneficiará, según UGT, a unos 11.200 empleados públicos, entre ellos, los profesionales de la Red Sanitaria Militar, de la Sanidad Marítima y de la Sanidad Penitenciaria, entre otras áreas. Todos recibirán las mismas cuantías que en este sentido ya perciben los empleados públicos en Canarias, tal y como aclaró Función Pública. Su distribución, de acuerdo al ministerio, será también “similar”.
El acuerdo se selló con el voto en contra de CIG y la abstención de CCOO, que, en un comunicado, calificó como “insuficiente” el aumento. El sindicato considera que ha de crearse una cuantía única para el plus por residencia que incluya a Canarias, Val d’Aran, Ceuta y Melilla, territorios cuyos puestos están declarados de difícil cobertura por sus condiciones geográficas. También exige que una revisión al alza de las indemnizaciones por razón del servicio reguladas en el Real Decreto ad hoc de 2002, según lo pactado en el II Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Pública y al Servicio de la Ciudadanía, que se firmó a finales de 2025.
En otro comunicado, CSIF se pronunció en los mismos términos a pesar de haber firmado la subida salarial con Función Pública. El sindicato de funcionarios advirtió de que la actualización del plus de residencia en Baleares es “independiente” a las mejoras pactadas en el Acuerdo Marco de 2025. “Esta actualización debe hacerse extensiva al conjunto de empleadas y empleados públicos de esos territorios (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Valle de Arán), así como en todas las administraciones (sanidad, educación, Justicia transferida, autonómica, local y empresas públicas)”, reclamó. Para CSIF, la negociación al respecto ha de cerrarse antes de que acabe este año.
En una nota, UGT Servicios Públicos justificó su apoyo a la propuesta gubernamental explicando que era necesario atender “la situación de emergencia” en Baleares, pero matizó que la negociación “no se da por cerrada”. “La Comisión de Seguimiento del acuerdo deberá tratar esta materia para el resto de los territorios que perciben la indemnización por residencia”, indicó. La próxima reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE se celebrará el lunes.
Las nuevas cuantías oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y el destino. El Ministerio de Función Pública se comprometió, previa negociación colectiva en un plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva la actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad. La medida beneficiará, según UGT, a unos 11.200 empleados públicos, entre ellos, los profesionales de la Red Sanitaria Militar, de la Sanidad Marítima y de la Sanidad Penitenciaria, entre otras áreas. Todos recibirán las mismas cuantías que en este sentido ya perciben los empleados públicos en Canarias, tal y como aclaró Función Pública. Su distribución, de acuerdo al ministerio, será también “similar”.
CCOO reclama un plus por residencia homogéneo
El acuerdo se selló con el voto en contra de CIG y la abstención de CCOO, que, en un comunicado, calificó como “insuficiente” el aumento. El sindicato considera que ha de crearse una cuantía única para el plus por residencia que incluya a Canarias, Val d’Aran, Ceuta y Melilla, territorios cuyos puestos están declarados de difícil cobertura por sus condiciones geográficas. También exige que una revisión al alza de las indemnizaciones por razón del servicio reguladas en el Real Decreto ad hoc de 2002, según lo pactado en el II Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Pública y al Servicio de la Ciudadanía, que se firmó a finales de 2025.
CSIF y UGT no renuncian al aumentar el plus en otras CCAA
En otro comunicado, CSIF se pronunció en los mismos términos a pesar de haber firmado la subida salarial con Función Pública. El sindicato de funcionarios advirtió de que la actualización del plus de residencia en Baleares es “independiente” a las mejoras pactadas en el Acuerdo Marco de 2025. “Esta actualización debe hacerse extensiva al conjunto de empleadas y empleados públicos de esos territorios (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Valle de Arán), así como en todas las administraciones (sanidad, educación, Justicia transferida, autonómica, local y empresas públicas)”, reclamó. Para CSIF, la negociación al respecto ha de cerrarse antes de que acabe este año.
En una nota, UGT Servicios Públicos justificó su apoyo a la propuesta gubernamental explicando que era necesario atender “la situación de emergencia” en Baleares, pero matizó que la negociación “no se da por cerrada”. “La Comisión de Seguimiento del acuerdo deberá tratar esta materia para el resto de los territorios que perciben la indemnización por residencia”, indicó. La próxima reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE se celebrará el lunes.
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