El RETA obligatorio activa el temor a otro "quebranto económico" al médico

Agentes sociales y organizaciones de profesionales han acogido con dudas y cierta inquietud la intención del Gobierno de hacer obligatoria el alta de los nuevos colegiados en el régimen especial de autónomos (RETA). Primero, por la falta de concreción que detectan en el anuncio de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; pero, sobre todo, por el posible “quebranto económico” que pueda suponer para los médicos y otros sanitarios que realizan una actividad fuera del ámbito público.

Fue la propia Saiz la que avanzó, en su primera comparecencia en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, que los nuevos facultativos colegiados estarán obligados a darse de alta en el RETA a partir de 2027, lo que cerraría la puerta a disponer de una cobertura social alternativa a través de una mutualidad. De forma paralela, comunicó que se aumentarán de forma progresiva las cuotas que aportan los mutualistas del 80 por ciento actual al 100 por ciento de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos.

Por norma general, los profesionales que desarrollan una actividad de forma independiente han de darse de alta en el RETA, pero los pertenecientes a ciertos colegios profesionales, incluido el médico, tienen actualmente la opción de recurrir a mutualidades propias que financian prestaciones como la jubilación o incapacidades laborales. Esta situación cambiará en 2027, pues dejará de existir la posibilidad de la mutua alternativa. 

María José Campillo, secretaria de Finanzas y Servicios de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), reitera que esta modificación de la Ley de Seguridad Social no afectará solo a abogados y procuradores, sino también a profesionales de la sanidad que sean colegiados. En declaraciones a Redacción Médica, la también presidenta de la central de médicos en la Región de Murcia expone sus inquietudes sobre el impacto que el plan del Gobierno pueda suponer para unos trabajadores que “ya cotizan el máximo en la Seguridad Social”.

"El médico que se jubila y tiene una mutualidad puede seguir ejerciendo sin perder dinero en cotizaciones, pero el resto no".

“Cuando se jubilen, si tienen el RETA y quieren seguir trabajando en una actividad privada, perderán un tanto por ciento de la pensión el tiempo que ejerzan, mientras que si tienen una mutualidad no pierden nada”, detalla.

En términos económicos, añade, implica que estos médicos “van a seguir metiendo dinero a fondo perdido en la Seguridad Social”. “Porque aquellos que tengan una actividad mixta (tanto en la pública como en la privada) no recibirán nada de sus cotizaciones en esa actividad secundaria”.

Campillo incide en que este perjuicio puede suponer “cantidades importantes” de dinero para algunos profesionales. “El médico que se jubila y tiene una mutualidad puede seguir ejerciendo sin perder dinero en cotizaciones, pero el resto no; estamos hablando de un quebranto económico bastante importante”.

En cualquier caso, la dirigente de CESM incide en que el plan no entrará en vigor, a priori, hasta dentro de tres años. “No sé hasta qué punto va a tener el Gobierno fuerza para hacerlo, porque hay muchos colectivos afectados y se va a encontrar con una gran oposición”.

Pensiones dignas y más protección social

Por su parte, Eduardo Abad, responsable de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), echa en falta más “explicaciones” por parte del Ministerio de Seguridad Social. “Entendemos que hay esa obligatoriedad a partir del año 27 para que todos los profesionales colegiados se integren en el RETA será para aquellas personas que inicien la actividad en ese momento, pero no sabemos cuáles son las intenciones del Gobierno en ese sentido”, expone el experto en declaraciones a este periódico.

Abad detalla que los colectivos de profesionales colegiados vienen reclamando la “compatibilidad de la cotización con el RETA sobre las aportaciones que han hecho a la mutualidad”. Una especie de “pasarela” a este régimen que favorezca “unas pensiones de jubilación dignas” y una protección social “de la que carecen ahora mismo”.

“No olvidemos que las mutualidades, al final, son planes de jubilación al uso”, apunta.

La cuestión está en cómo llevar a cabo este proceso. “No podemos integrar en el RETA de la misma manera a aquellos profesionales que tienen unos rendimientos económicos bajos que aquellos con grandes patrimonios; tiene que haber una integración distinta, adecuada y coherente”, subraya.